Michael Seguel P.
El fiscal de la zona Metropolitana Centro Norte, José Morales, llegó ayer al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para presentar la acusación en que solicita una pena de ocho años de presidio más una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -cerca de $1,4 millónes-, contra el ingeniero comercial, Rafael Garay, imputado por el delito de estafa reiterada por $1.300 millones, en contra de 29 personas.
El expanelista económico está recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el 16 de marzo.
"La idea de nosotros es llevar esto a un juicio oral efectivo en la medida de que las penas así lo establezcan y, por ahora, no se considera otro tipo de procedimiento", dijo el fiscal.
De acuerdo al persecutor, Garay asesoró a sus víctimas entre agosto del 2011 y junio de 2016, a través de la sociedad Think & Co, antes de afirmar que tenía un tumor cerebral y salir del país. Sin embargo, en vez de invertir el dinero que le daban, Garay lo gastaba y solo devolvía los intereses a sus clientes, haciéndoles creer que estaba haciendo grandes inversiones.
Defensa tranquila
Tras conocer la petición de la fiscalía, Daniel Celis, abogado de Rafael Garay, dijo que su intención, a la espera de la preparación del juicio oral, es rebajar la posible condena a "entre tres años un un día, a cinco años con libertad vigilada intensiva".
Según el defensor, la declaración prestada por Garay al Ministerio Público en que asume los hechos, sumado a su intención de reparar el daño causado a la víctimas y a una irreprochable conducta anterior, serían atenuantes que lo favorecerían
"Se encuentra golpeado por este proceso. Está optimista pero agotado de la prisión preventiva", dijo ayer Celis, tras visitar a su representado. Añadió que "Rafael es una persona distinta que ha recibido tratamiento psiquiátrico y de alcoholismo".
"(Garay) se encuentra golpeado por este proceso. Está optimista pero agotado de la prisión preventiva".
Daniel Celis,, abogado Rafael Garay"
1.300 millones de pesos es el monto que ha acreditado la fiscalía como el perjuicio causado.
