El secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, señaló que el Gobierno estudia una reforma para que los delitos de abusos sexuales contra menores no prescriban, la cual sería enviada en las próximas semanas al Congreso. La autoridad, en diálogo con radio ADN, dijo que "estamos estudiando una reforma para ampliar los plazos de prescripción o plantear lo que se llama imprescriptibilidad, que lo estamos estudiando con el Ministerio de Justicia". Blumel, agregó se han reunido con James Hamilton y otras víctimas del párroco de El Bosque, Fernando Karadima. Actualmente los delitos de abuso sexual contra niños prescriben diez años después de que cumplan la mayoría de edad.

Michael Seguel P. - La Estrella

"Tenían agencias de viajes y ofrecían sus servicios que contemplaba el pasaje aéreo de ida y de regreso, una reserva hotelera y, en algunas oportunidades facilitaban la cantidad de mil dólares para poder justificar, en el control migratorio, la condición de turista".

Este es el relato de la subprefecta, Cynthia Contreras, jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI, sobre la forma en que operaba una banda, que desde el 2016 lucraba con el ingreso irregular de ciudadanos haitianos al país. Mediante agencias informales ofrecían supuestos paquetes de viajes por los que cobraban entre 596 mil y 1 millón 200 mil pesos.

De acuerdo a Contreras, la detención de la banda se logró luego de una serie allanamientos en la madrugada de ayer, a tres oficinas del centro de Santiago, donde se detuvo a cinco personas: tres haitianos, un peruano y dos chilenos.

"Esto es un servicio que ellos prestaban y que, en el fondo, lo que hacen es aprovecharse de la vulnerabilidad que tienen los ciudadanos haitianos al querer venir a nuestro país", añadió la subprefecta de la PDI.

Los cinco imputados, fueron identificados como Roberto Enrique Torres, Djimy Dymijour, Jean Gardy Cezaire, Alexander Jaramillo y Smith Meleus.

Todos ellos fueron formalizados por el delito de asociación ilícita y tráfico de migrantes por la fiscal de Alto Complejidad Paola Zárate, de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

La persecutora detalló durante la audiencia que en la investigación se indaga el ingreso de 4 mil haitianos que podrían estar dentro de la lista de víctimas de esta supuesta agencia. Incluso, de acuerdo a Zárate, esta banda "habría obtenido ganancias por 160 millones semanales".

El tribunal del 1° Juzgado de Garantía de Santiago determinó arraigo nacional y firma mensual para Jaramillo (peruano) y Cezaire (haitiano). Para Torres (chileno), Dymijour (haitiano) y Meleus (haitiano) se decretó arresto domiciliario total y firma mensual.

1.000 dólares (poco más de $600 mil) entregaba la agencia a sus clientes como "viático".

2016 es el año en que, según la investigación de la PDI, comenzó a operar esta banda en Chile.

En el marco del caso SQM, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló ayer contra Marco Enríquez-Ominami como facilitador de facturas ideológicamente falsas, a lo que el ex candidato presidencial respondió asegurando que es inocente.

"Soy inocente de todo lo que se me acusa y así lo demostraré ante quien corresponda. No he cometido delito tributario alguno ni me he enriquecido indebidamente", aseguró ME-O a través de Twitter. "Algunos fiscales se equivocan si piensan que acusándome serán percibidos de mejor manera. Querella en mi contra no es más que un chivo expiatorio", continuó, para luego recalcar que "lo tengo claro: será un proceso largo, pero lo ganaremos. Nada ni nadie nos frena para seguir luchando por las causas que defendemos".

La determinación de querellarse, según señaló el SII, se dio luego de "recibir y analizar" nuevos antecedentes remitidos al organismo por el Ministerio Público.

El recurso judicial contra ME-O apunta a su presunta responsabilidad en la facilitación de 38 facturas supuestamente falsas.