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Juzgado condenó al MOP por tratos denigrantes

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El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique acogió demanda de tutela de derechos fundamentales interpuesta en contra del Ministerio de Obras Públicas Dirección de Vialidad regional, por funcionaria que fue víctima de hostigamientos, ordenando el cese inmediato de dichas conductas vulneratorias.

En el fallo, la magistrada Marcela Díaz Méndez dio lugar a la acción judicial deducida, tras establecer la ocurrencia de los actos y tratos atentatorios a la integridad física y síquica de la demandante, por lo que ordenó a la repartición pública pagar una indemnización de $32.181.864 por concepto por daño moral, a la funcionaria.

"Atendida la naturaleza de los hechos descritos en la demanda, se sigue que las pruebas incorporadas por la actora, (documental y testimonial, especialmente), dan cuenta del hostigamiento, en su contra, (…) hechos probados, que se traducen en un trato abiertamente atentatorio a la integridad psíquica y física de la funcionaria denunciante", establece el fallo.

También se ordenó que se implementen dos charlas de capacitación sobre derechos fundamentales a la que deberán asistir todos los trabajadores del MOP de la Región de Tarapacá. Además, la directora regional de Vialidad de Tarapacá deberá dar disculpas públicas, las que "deberán efectuarse en forma verbal, con la asistencia de todos los trabajadores del MOP de Tarapacá.

Trabajadores fueron absueltos tras cuatro años de condena

Abogado explicó que en el segundo juicio se probó que sus representados eran totalmente inocentes.
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Leonardo Naveas Nuñez

Producto de un testimonio falso, tres trabajadores fueron condenados a 10 años y un día por un robo con violencia. Sin embargo, tras la anulación del primer juicio por parte de la Corte Suprema, se realizó un segundo proceso donde fueron absueltos de todo cargo.

Así lo confirmó el defensor penal público, Eduardo Cabrera, quien afirmó que "en este juicio, como ya lo ha sostenido desde el inicio de esta causa logramos demostrar que efectivamente los testigos eran falsos y obviamente eso demostró con las preguntas que hicimos en el juicio".

Cabrera agregó que se absolvió a las tres personas. "Hoy se cumplió el plazo que tenía para presentar algún recurso de nulidad y la sentencia absolutoria esta ejecutoriada", manifestó Cabrera.

Los acusados por el robo, indicaron que solo se habría tratado de una riña, en la que participó solo uno de ellos.

Testimonios

Ángel Canales Espinoza, fue uno de los imputados por el robo y el estuvo casi tres años recluido en el penal de Alto Hospicio, por la condena de 10 años y un día.

El trabajador explicó que antes de la condena recorrieron muchos lugares, recabaron información, pero indicó que "nadie nos creyó, ahora estoy contento porque pudimos demostrar que somos inocentes, gracias a Dios ahora tengo mi libertad. Ahora demostramos que la justicia es mala, en qué sentido, teniendo pruebas que en un principio dijimos que eran falsas, mostramos papeles y no nos creyeron y nos condenaron".

Canales comentó que, tras cuatro años, paso por muy malos momentos, familiares y laborales, comentando que recobró la libertad en el mes de marzo, pero mantiene sus "papeles manchados", lo que no le permite encontrar un trabajo.

"Yo trabajaba en el puerto y era enfierrador, nunca tuve antecedentes, ahora se me mancharon por esto y esto me sigue acarreando problemas, espero que esto se solucione pronto, pero ahora lo único que me queda es agradecer a quienes creyeron en mí y me ayudaron, como el comisario de la PDI, Claudio Vicencio, la ex Seremi de Justicia Lorena De Ferrari y los abogados que nos apoyaron", finalizó Canales.

Humberto Ávalos Cubillo es otro de condenados injustamente, quien indicó que el nunca cumplió presidio porque no se presentó, agregando que él fue inculpado, pero él ni siquiera estaba en el lugar, donde uno de sus amigos tuvo un intercambio de golpes con la supuesta víctima.

Ávalos comentó que esta situación le trajo una serie de problemas, uno de ellos haber perdido su trabajo, en el sector minero.

"Nosotros luchamos mucho, yo me fui a Santiago, fui al Congreso, dejé algunas cartas ahí para que me pudieran atender y nadie nos pescó, nadie nos creía, porque la sentencia decía que éramos culpables del robo con violencia", expresó Humberto.

Comentó que han pasado difíciles momentos, que incluso uno de sus hijos que está en la Universidad, tuvo que congelar tanto por temas económicos como sicológicos y espera que limpien sus documentos "y se borre la condena de su extracto". Cree que se espera que se empiece a solucionar su vida y este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

10 años y un día, fue la pena impuesta a estos trabajadores en el primer juicio que fue anulado.