Con 67 votos a favor, 54 en contra y una abstención, la Cámara Baja aprobó ayer interpelar al ministro de Justicia, Hernán Larraín, el 6 de junio.

El objetivo de los parlamentarios que impulsaron la medida es que el ministro explique por qué el Gobierno retiró el proyecto que entregaba un aporte de $3 millones a las víctimas de presión política y tortura.

La vocera de La Moneda, Cecilia Pérez, aseguró que "uno esperaría que todo ese esfuerzo, esa capacidad de trabajo que la izquierda gasta para ir a la Contraloría, para interpelar en menos de dos meses, cada tres semanas, a dos ministros ya de nuestro Gobierno, lo pusieran a disposición de los chilenos trabajando como lo han hecho otros sectores de la oposición".

El proyecto de ley por el pago de la reparación de $ 3 millones, presentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet, había sido aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Sin embargo, el argumento del Gobierno para retirar la iniciativa es el alto costo que conllevaría. La presidenta de esta instancia, la diputada Carmen Hertz (PC), estará a cargo de interrogar a Larraín.

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El Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó ayer el sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon en la investigación por presunta estafa contra el empresario Gonzalo Vial Concha, que se indaga como una de las aristas del Caso Caval. Eso sí, el tribunal sí resolvió sobreseer al hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet como autor del delito de cohecho, indagación que se abrió después de una presentación de un grupo de parlamentarios que hoy son del oficialismo.

Lo anterior estaba siendo investigado por la Fiscalía Regional de O'Higgins, de manera desformalizada. Sin embargo, la causa por la estafa que acusa Vial Concha por $ 1.300 millones sigue su curso.

El fiscal Sergio Pérez afirmó que el delito de estafa "era el más relevante para nosotros", y descartó -por ahora- apelar al sobreseimiento por cohecho decretado ayer, delito por el cual "aún no tenemos antecedentes para formalizar una investigación; de lo contrario lo habríamos hecho".

"No tenemos el contenido de la resolución del tribunal (por estafa), pero obviamente es un respaldo a la posición de la fiscalía de que se ha producido un delito de estafa y nuestra intención es perseverar en la persecución penal hasta la realización de un eventual juicio oral", añadió.

Ofensiva judicial

El abogado defensor de Dávalos, Carlos Fierro, adelantó que piensa interponer "querellas por denuncia calumniosa" en contra de quienes le imputaron cohecho al hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet; entre ellos parlamentarios de Chile Vamos.

"Eso no solo no se descarta. Es un hecho que a mi representado le asiste el derecho -ya no solo una vez probada su inocencia- a sostenerla, sino a que resarzan, de alguna manera, el daño que le provocaron", dijo Fierro a la salida del tribunal rancagüino.

"Durante cuatro años a mi representado, vulnerando el principio de inocencia, se le ha condenado a través de los medios, en la opinión pública, por una conducta contumaz del Ministerio Público, que lo mantuvo en una situación (procesal) amparado en solo una justificación fáctica: que aquí existían denuncias y querellas", acusó Fierro.

La Comisión de Salud de la Cámara comenzó ayer el debate del proyecto ingresado por el parlamentario del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic que busca permitir la eutanasia, haciendo efectiva la autonomía de las personas en caso de enfermedades terminales.

Parlamentarios y autoridades de Gobierno, así como el mundo académico y familiares de quienes han solicitado someterse a este procedimiento, participarán de esta instancia para entregar sus puntos de vista sobre el tema.

El proyecto reconoce el derecho de cada persona a no padecer males o dolores innecesarios y a evitar la prolongación artificial de su vida. Para eso, regula que la eutanasia sea ejecutada de manera autónoma, informada e indubitada por parte del paciente. Asimismo, modifica el Código Penal con el objeto de asegurar que ese procedimiento esté despenalizado en caso de que lo realice un médico, de acuerdo a las formalidades y conforme los procedimientos autorizados por la ley.

En paralelo, diputados de RN presentaron un proyecto de "ley autónoma" para legalizar la eutanasia, que acota el procedimiento solo a casos de padecimiento físico.