Michael Seguel P.

Los 30 días dados por el Gobierno para que los ciudadanos extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados se inscribieran para normalizar su situación, concluyó el miércoles 23 de mayo.

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría del Interior, fueron 125.578 los inscritos en el proceso. Del total, 12.649 fueron extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados.

Mientras el proceso para aquellas personas que entraron por pasos regulares continuará por otros dos meses, las personas que entraron por la cordillera o el desierto y no concurrieron a ordenar sus papeles, arriesgan a ser expulsados.

Así lo explicó a La Estrella el abogado José María Hurtado, asesor de la Subsecretaría del Interior en temas de migración, quien sostuvo que "cualquier persona que tuvo un ingreso irregular o por un paso no habilitado y no se sometió al proceso de regularización, le aplicarán las normas generales. Es sujeto de expulsión ".

"Nuestra mayor irregularidad migratoria no se produce por la gente que ingresa por pasos no habilitados, sino que es la gente que entra legalmente al país y se vence su (visa de) turismo o residencia", añadió.

Por otra parte, explicó que quienes sí participaron del proceso, a partir del 23 de julio se les solicitarán documentos como el certificado de antecedentes y cédula de identidad, para resolver su permanencia.

Procedimiento

María Soledad Torres, abogada y directora de Legal Global, explica que es la policía (PDI o Carabineros) quien realiza el control y notifica tanto al tribunal correspondiente como al Departamento de Extranjería y Migración, en estos casos: "La persona queda generalmente con una medida cautelar de firma mensual o quincenal, luego de ser citado al tribunal y fijar domicilio". Añade que "paralelamente Extranjería elabora un decreto de expulsión que demora, incluso, ocho meses".

El subprefecto Cristián González, jefe de la plana mayor de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (Jenaex) de la PDI, dice que se informa "por medio de una declaración voluntaria, señalando la mayor cantidad de antecedentes: ¿por donde ingreso a Chile? ¿Cómo ingresó? y los motivos, u otro antecedente que sea importante".

Torres recalca que una vez notificado de su expulsión, la persona tiene 24 horas para presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema o bien un recurso en la Corte de Apelaciones.

12 mil 649 extranjeros que entraron por pasos no habilitados iniciaron su regularización.

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, calificó ayer de "injustas" las críticas tras asumir de forma interina la presidencia del Consejo de Prevención de Abusos Sexuales a Menores y Acompañamiento de Víctimas, de la Conferencia Episcopal. Lo anterior, tras la renuncia del obispo de Rancagua, Alejandro Goic, luego de que se destapara una serie de presuntos abusos sexuales contra menores en su diócesis. "Ser insultado públicamente es algo duro, pero es nuestra condición", dijo González a Radio Universo. Añadió que "llevo años trabajando en esto, en silencio y oculto, al lado de don Alejandro (...). Es una cosa injusta no más y mucha gente lo ha captado".