El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, deberá declarar el próximo 21 de agosto en calidad de imputado por su eventual responsabilidad en el delito de encubrimiento. Esto, tras ser citado por la Fiscalía Regional de Rancagua.

El fiscal Emiliano Arias es quien solicitó la detención del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, quien luego fue formalizado el viernes 13 de julio por los delitos de abuso sexual y estupro contra menores de edad, quedando en prisión preventiva.

Arias además investiga a un grupo de clérigos de Rancagua, los que se habrían concertado para realizar conductas impropias con menores de edad.

"Nuestra investigación busca determinar si hubo otras denuncias y si esas denuncias fueron conocidas o no por el obispo. Acá también puede haber un tema de encubrimiento", dijo Arias en entrevista con T13 radio, el 17 de julio, al ser consultado por el caso de Oscar Muñoz.

En un comunicado, el cardenal Ezzati se refirió a la citación manifestando su compromiso con las víctimas: "Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago con las víctimas, con la búsqueda de la verdad y con el respeto a la justicia civil. Tengo la convicción de que nunca he encubierto ni he obstruido a la justicia, y como ciudadano cumpliré con mi deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer los hechos".

La diligencia de la fiscalía ocurre luego de que en mayo los obispos chilenos pusieran sus cargos a disposición ante el Papa Francisco, en Roma, en medio de las denuncias extrajudiciales de encubrimiento en la Iglesia Católica chilena.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua condenó ayer a Natalia Compagnon a 541 días de pena remitida -es decir, que pagará fuera de la cárcel- y a una multa de $23 millones, tras declararla culpable por delitos tributarios en la arista madre del Caso Caval. Es decir, tras el destape, en 2015, de la indagación por compra y venta de terrenos en Machalí, VI Región.

El abogado de la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Carlos Fierro, dijo tras la audiencia que "ella está tranquila, entiende que éste es un fallo judicial, lo respeta", consigna Cooperativa.

Mientras, la fiscal Marcia Allendes dijo que "fue condenada por los hechos por los cuales se formalizó (...). El Ministerio Público tiene que revisar la sentencia".

Michael Seguel P. - La Estrella

Un nuevo video circuló ayer por redes sociales graficando la violencia al interior de los recintos penitenciarios del país, después de que en junio se conociera la tortura a dos internos ecuatorianos imputados por homicidio. En una grabación de 30 segundos se observa cómo un recluso es agredido con estoques por otros dos internos, mientras un tercero registra lo ocurrido.

Tras ser atacado por la espalda y sangrar en la parte posterior de su pierna derecha, la víctima comienza a gritar. "¡Para!" se alcanza a escuchar en el registro, mientras es abordado de frente con la misma la arma por otro interno. Luego, un segundo recluso se suma a la agresión. El atacado, al intentar huir, recibe otros ataques con las mismas armas.

"¡Mira cómo estoy!", grita el interno mientras huye ensangrentado. En el registro se alcanza a ver a dos internos más, uno de ellos también portando el mismo tipo de estoque con que agreden al recluso.

El video se suma al registro de dos ecuatorianos rapados y agredidos con palmetazos y con cables con corriente por otros internos en el módulo 11 de la cárcel Santiago 1, el 20 de junio. Los ecuatorianos estaban en prisión preventiva luego de ser formalizados por asesinar a palos a una funcionaria de la Universidad de Chile para robarle un celular y $5 mil.

Caso investigado

Desde Gendarmería dijeron ayer por un escrito que el hecho ocurrió el pasado jueves 19 de julio: "Gendarmería identificó a los internos instruyendo el inmediato inicio de un registro y allanamiento al interior de la torre N° 04 del Centro de Detención Preventiva de Puente Alto", dice el texto.

Añadieron que "el agredido, según los protocolos establecidos, fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río con la finalidad de recibir una mejor atención médica, retornando posteriormente a la unidad penal".

El texto de Gendarmería sostuvo, además, que tras un allanamiento en el recinto se incautaron 30 armas de fabricación artesanal "de distintas dimensiones" y nueve celulares.

Los antecedentes de la agresión fueron remitidos al Ministerio Público. La Fiscalía Metropolitana Sur está llevando adelante el caso.

"El agredido, según los protocolos, fue trasladado hasta el Hospital Sótero del Río para recibir una mejor atención médica".

Declaración de Gendarmería"