Karina Sánhez

El principal requisito para que un extranjero consiga un permiso de trabajo y la posterior residencia definitiva en Chile es el contrato de trabajo notariado, pero la mayoría comienza trabajando sin documentos y otros demoran meses en hacerlo por no tener RUT, lo cual los impulsa a caer en las redes de las personas que buscan beneficiarse de esta necesidad vendiendo contratos.

M.R. son las iniciales de una migrante venezolana de 33 años que llegó hace un año a Iquique, consiguió un empleo como trabajadora de aseo y su empleador no le quiso dar un contrato, por lo cual tuvo que esperar a cobrar su primer sueldo para comprar uno falso por $70 mil y así solicitar su visa de residencia temporaria.

"Esta semana me llega mi carnet y hace tres meses cambié de empleador, quien sí me dio un contrato", explicó M.R.

La persona que le hizo el trámite de notariar el contrato es de nacionalidad colombiana y se la recomendó una amiga.

La joven recuerda, además, que tuvo que amanecer haciendo fila en el departamento de Extranjería, ya que no quiso pagar para que le guardaran un puesto, que es otro de los servicios que personas ajenas al departamento de migraciones ofertan a cambio de 10 mil pesos.

Estafada

Una situación similar le sucedió a R.G, una venezolana de 22 años que pagó $60 mil por el contrato, pero además la estafaron con unos $100 mil adicionales que entregó para cubrir las imposiciones.

"La persona que me hizo el contrato me dijo que le entregara el dinero de tres meses de imposiciones, que él se encargaba de pagarlas, pero cuando consulté en la AFP aparecían impagas, y cuando traté de comunicarme con el señor, con quien hice el negocio, no me respondía las llamadas y nunca logré ubicarlo; es un chileno que se desapareció para no devolverme el dinero", explicó.

R.G. dice que desde que llegó trabaja como garzona en un pub, pero nunca le han hecho contrato y así lleva ocho meses, por eso tuvo que comprar un contrato falso.

Cuenta que todavía no le ha llegado la visa temporaria y por eso le dieron una prórroga hasta el 17 de septiembre.

Redes en chile

El 3 de septiembre de 2017 el sitio Emol publicó que "redes en Chile vendieron más de seis mil contratos falsos a inmigrantes", y el 7 de marzo el portal online de Biobio trató el tema de los "Contratos de trabajo 'ideológicamente falsos' para migrantes: ¿qué arriesgan ambas partes?", un problema que cada año se hace latente, pero las personas involucradas guardan el secreto por temor a ser expulsadas del país.

El miedo se fundamenta en la advertencia publicada en la página web de Extranjería, que destaca: "En Chile presentar un contrato de trabajo falso o simulado es delito. Si quieres pedir una visa de trabajo en Chile, tu contrato debe ser real".

El artículo 197 del Código Penal, por su parte, se refiere a la falsificación de los instrumentos privados.

En la misma página de Extranjería se informa que hasta enero de 2017, a través de sus controles internos y con la investigación de la PDI, detectaron cerca de 10 mil contratos eventualmente falsos, presentados exclusivamente para recibir una visa temporaria por motivos laborales y que los casos fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Sin embargo, al consultar al Prefecto de Carabineros Luis Roa y al jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Iquique (PDI), Marcelo Martínez, respondieron que no tienen antecedentes de este fenómeno y que hacen un llamado a las personas a que denuncien formalmente los casos que existan, porque es la única manera de poder actuar.

Colectividades

La representante de una de las colectividades de venezolanos en Iquique, Eva Roa, se reunió esta semana con el gobernador Álvaro Jofré y con la representante del consulado ecuatoriano de Arica en Iquique, Marlene Muñoz, con el propósito de hablar sobre la necesidad de buscar soluciones para evitar que proliferen los negocios ilícitos entorno a los trámites migratorios.

"Hay mucha gente que se está aprovechando de la situación, no solamente de los venezolanos, sino de los extranjeros en general, que llegan con poca o ninguna información sobre las leyes de migración y los requisitos para solicitar sus visas", dijo Eva Roa.

También recuerda que uno de los motivos para que el presidente Sebastián Piñera eliminara la visa temporaria por motivos laborales fue la compra y venta de contratos de trabajo.

"Hay gestores que están tramitando permisos de trabajo y visas, pero solo sé que se están aprovechando de la gente. Y hay profesionales que cobran hasta 20 mil pesos por 45 minutos de asesoría migratoria, cuando los representantes de las colectividades estamos facultados y autorizados por la Gobernación Provincial de Iquique para asesorar, lo cual hacemos de manera gratuita", afirma Roa.

La representante venezolana asegura que ha escuchado que hay una señora, de nacionalidad chilena, que vende permisos de trabajo hasta por 50 mil pesos. "No sé si serán falsos, pero me niego a creer de que tengan relación con personal de Extranjería, ya que eso no debería suceder", agrega.

Por su parte, Marlene Muñoz comenta que ha recibido quejas de ecuatorianos que se han sido víctimas de personas que le venden contratos o les cobran por un lugar privilegiado en la fila de Extranjería, pero ninguno quiere firmar la denuncia, por temor a que le nieguen la visa y lo expulsen del país.

"Ellos se desesperan, porque trabajan y el permiso que les da el empleador es muy corto, no tienen tiempo para hacer el proceso que demora horas, por eso las personas se aprovechan de la situación vulnerable de nuestros migrantes y les cobran 10 mil pesos por guardarles el puesto", refiere Muñoz.

"Tiene tanta culpa el que cobra como el que paga. No se debe de pagar porque los servicios son gratis. Yo ayudo a mi gente a tramitar toda la documentación que tiene que ver con el consulado y me da coraje que otro tipo de gente se aproveche de la urgencia de las personas", apuntó la representante ecuatoriana, quien tiene 19 años en Chile.

Muñoz agrega: "Me da mucha pena que mis propios compatriotas hagan daño a sus propios compatriotas, eso da rabia, porque el que viene adelante quiere saber más que el otro y no trata de ayudarlo, sino de hacerle daño".

En representación de la colectividad colombiana, Adriana Ordóñez dice que solo ha escuchado rumores y por eso prefiere no afirmar nada sobre lo que no tiene certeza. "El intendente Quezada nos dijo en la reunión de regularización que no quiere escuchar que la gente está vendiendo puestos, porque va a aplicar la ley. Soldado advertido no muere en guerra", señaló.

Mientras que en representación de la comunidad de haitianos, Jeanrobert Morency, asegura que muchos de sus compatriotas son víctimas de este tipo de estafas, pero no sabe cuántos.

Dice que les prometen traerlos a Chile como turistas, pero la situación se agrava cuando llegan sin saber hablar el idioma, sin tener dónde llegar, sin empleo y sin conocer los trámites para cambiar su estatus migratorio.

En tanto, Nancy Chu, representante de la comunidad peruana, comenta que el tema de los gestores es antiguo: "Ha pasado desde hace muchos años atrás y sigue pasando, pero hemos tenido mesas de trabajo con las autoridades y ha sido beneficioso para nosotros como representantes de las colonias, porque podemos entregar esa información a nuestra gente de manera gratuita", aseguró Chu.

"La gente paga por la necesidad de querer trabajar", a esa conclusión llegó la representante de la comunidad peruana en Iquique.

Autoridades

El intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, dice que nunca han recibido una denuncia formal. "El primer día que estuvimos con la regularización eché a dos señores inescrupulosos, porque son los que guardan los puestos en la Gobernación y eso me indigna. Nosotros hacemos el esfuerzo de atender de la mejor manera y gente inescrupulosa vende los cupos", señaló.

El gobernador Álvaro Jofré, por su parte, dice que tampoco ha recibido denuncias formales, aunque asegura que ha escuchado ese "mito". "He escuchado que cobran por guardar el cupo para ingresar. Detrás de los procesos migratorios hay un negocio fácil que hace que la gente confíe en personas que ofrecen sus servicios. Nosotros hemos entrenado a los funcionarios de la Gobernación para que entreguen información gratuita y son las únicas personas autorizadas", apuntó Jofré.

"Hay mucha gente que se está aprovechando de la situación…"

Eva Roa, venezolana."