Matías Jullian V. / Agencias - Medios Regionales

El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró ayer que el debate sobre el aborto libre va a "continuar" luego de que el Senado rechazase un proyecto para legalizarlo, y apostó por distribuir anticonceptivos de larga duración para frenar los embarazos no deseados.

"El problema está y tenemos que seguir trabajando para que todas esas chicas realmente tengan la posibilidad de elegir", afirmó el Mandatario en declaraciones a la prensa, tras mantener una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

Sus declaraciones llegaron después de que en la madrugada de ayer la Cámara Alta frenase un proyecto que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados para garantizar el aborto libre, seguro y gratuito, con el voto en contra de 38 legisladores frente a los 31 que estuvieron a favor.

Para el Presidente argentino, este es un debate "que comienza y que va a continuar", porque los argentinos están "madurando" y "entendiendo lo que es vivir en democracia" y "escuchar al otro".

Para hacer frente al elevado número de abortos clandestinos (354.627 al año, según el Ministerio de Salud), Macri consideró "muy importante" seguir trabajando en una formación integral de los profesores de las escuelas que incluya "el capítulo de la educación sexual".

Macri también insistió en la necesidad de distribuir métodos anticonceptivos de larga duración en el país porque son "mucho más efectivos en estos temas", especialmente en las provincias del norte y la de Buenos Aires, que registran la mayor cantidad de embarazos no deseados.

Otros proyectos

De todas formas, el aborto seguirá en la agenda política argentina en los próximos días, mediante un proyecto de reforma del código penal que evita las penas de cárcel para las abortistas y con el que el Gobierno busca apaciguar el ímpetu del movimiento feminista.

El Ejecutivo enviará el 21 de agosto a la Cámara Alta un proyecto de reforma del código penal para despenalizar la práctica como una vía intermedia entre las dos posturas a favor y en contra que han dividido profundamente al país. Esa iniciativa de reforma elaborada por un panel de expertos a pedido del Gobierno propondrá que un juez pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto, que según el código penal vigente puede llegar a ser de hasta cuatro años de prisión.

Aunque en la actualidad se permite el aborto en los casos de violación y cuando hay riesgo para la vida o salud de la madre, el primero de los supuestos no se cumple en provincias conservadoras y, además, no están precisados cuáles son los casos de riesgo para la salud. El nuevo código busca rellenar esos vacíos.