Una denuncia criminal contra quienes resulten responsables interpuso la seremi de Bienes Nacionales, María del Pilar Barrientos, junto al intendente, Miguel Ángel Quezada, por el daño ocasionado por desconocidos en el Monumento Arqueológico Gigante de Tarapacá, ubicado en el cerro Unita, comuna de Huara.

Tras la publicación de este medio, donde aparecían rayados fálicos bajo el geoglifo, la autoridad dispuso que dos fiscalizadores concurrieran hasta el lugar para constatar la denuncia, la cual, según el Gobierno, no se pudo probar ya que tales rayados no fueron encontrados, sin embargo, sí se detectaron pisadas, huellas de vehículos, inscripciones de nombres y basura en las inmediaciones, por lo que se adoptó acciones.

Ayer junto al intendente Quezada acudieron hasta la Fiscalía Local de Pozo Almonte para denunciar los daños constatados por los fiscalizadores, delito previsto y sancionado en el artículo 38 de la Ley 17.288.

Hasta el 4 de septiembre se desarrollará en la región de Tarapacá, la segunda etapa de la Consulta Indígena en Educación denominada "Entrega de Información y difusión del proceso de consulta".

Las fechas y lugares de los encuentros correspondientes a esta segunda etapa son: Iquique, 17 de agosto en Auditorio Secreduc a las 10 horas; Alto Hospicio 17 y 24 de agosto en Centro Cultural municipal a las 17 horas; Colchane, 27 de agosto en la Junta de Vecino a las 11 horas; Pica, 28 de agosto en la sala del Consejo Municipal a las 19 horas; Pozo Almonte, 29 de agosto en la sede de la comunidad quechua del pueblo de Mamiña a las 11 horas; Camiña, 3 de septiembre en la sala multiuso municipal a las 16 horas y Huara 4 de septiembre en el Aula Magna del Liceo de Huara a las 11 horas.

Las próximas etapas de este proceso corresponden a la Deliberación Interna de los Pueblos Indígenas, Diálogo entre los Pueblos Indígenas y Ministerio de Educación y Sistematización, entrega de resultados y término del proceso.

Francisca Cabello Iriarte

El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique emitió una condena en contra de la empresa sanitaria Aguas del Altiplano, a raíz de una denuncia realizada el 28 de diciembre de 2017 por acoso laboral.

La denunciante cumplía el rol de abogada en el departamento de Agua Potable Rural, y según lo expuesto por el Poder Judicial, se estableció que la empresa "incurrió en actos y tratos atentatorios a la integridad física y síquica de la profesional despedida", por lo que ordenó a la entidad a pagar la suma de 50 millones 464 mil 730 pesos.

El 4 de enero de este año se llamó a ambas partes a una audiencia preparatoria, sin embargo, no se produjo una conciliación y luego de los antecedentes demostrados por la profesional se le otorgó la demanda.

En el fallo se comunicó que la ex empleada de la sanitaria logró acreditar los hechos en el juicio a través de la prueba documental, dichos de testigos y por el testimonio del psicólogo del Servicio Médico Legal, quien declaró que "existe daño psicológico de la demandante que se traduce en un trastorno depresivo mayor de carácter crónico y severo, por el acoso laboral padecido, manteniéndose el estrés durante y después del despido", sentenció el profesional.

Aguas del altiplano

En cuanto al fallo otorgado en beneficio a la abogada por parte del juzgado, la sanitaria informó a este medio que "apelaremos a este fallo, ya que los hechos denunciados no son efectivos, como acreditaremos en lo sucesivo, porque en Aguas del Altiplano respetamos a nuestros trabajadores. En ese sentido, y al tratarse de un proceso judicial en marcha, preferimos no emitir mayores comentarios".

$50 millones será la indemnización por daños físicos y psicológicos causados a la abogada.