El Primer Juzgado de Letras de Iquique acogió, ayer, una demanda de indemnización de perjuicios, deducida en contra del fisco y en favor de un ciudadano detenido ilegalmente por Carabineros.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 7 de septiembre de 2012, contra Cristián Marcelo Guerrero Riega.

En una nota de prensa difundida por el Poder Judicial, se informó que, por medio del fallo, el magistrado Héctor Kompatzki dio lugar a la demanda. Igualmente se ordenó al Estado pagar $9 millones, por concepto de daño moral al demandante.

El fallo expone: "Que, teniendo presente que la detención procede en los casos y en la forma previstas en la Ley, de las normas analizadas precedentemente se concluye que, para que los carabineros Christian Patricio Ponce Rojo y Luis Alberto Cuevas Baeza pudieran proceder a la detención del ciudadano Cristián Marcelo Guerrero Riega en la madrugada del 7 de septiembre de 2012, era menester que concurriera algunas de las causales legales que hacen procedente la detención (…), y con la sola finalidad de ponerlo a disposición del juez o trasladarlo a un recinto policial o lugar de detención, según procediere".

La resolución agrega: "Sin embargo, de lo afincado en los razonamientos anteriores, se desprende que en la especie ocurrió una situación diametralmente distinta, por cuanto quedó asentado que la detención practicada al actor por los funcionarios policiales fue sin motivo alguno; y, en vez de ser trasladado a un recinto policial o un centro de detención, fue trasladado al sector denominado "Marinero desconocido" donde fue abandonado (lo que en la jerga policial se llama "dos cortos"), infringiéndose con ello las disposiciones constitucionales y legales que regulan la detención".

Continúa: "En este orden de ideas, aparece de manera palmaria la existencia de una acción de agentes del servicio público en contravención al conjunto de deberes y obligaciones establecidos para los funcionarios, y a los procedimientos definidos para el funcionamiento del servicio, lo que necesariamente implica un funcionamiento deficiente del servicio por la infracción a los estándares establecidos en el ordenamiento jurídico, dándose así por acreditada la concurrencia de este primer elemento en estudio".

Los carabineros Christian Patricio Ponce Rojo y a Luis Alberto Cuevas Baeza, recibieron la pena de 541 días de reclusión menor en su grado medio, como autores del delito de detención ilegal, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal.

Al ser abordados en relación al caso, Carabineros de Tarapacá prefirió no emitir declaraciones hasta conocer en profundidad las determinaciones emanadas por el fallo del juzgado.

Romel J. Puche

romel.puche@estrellaiquique.cl

Un avión perteneciente a la aerolínea Latam Airlines, y con itinerario de vuelo Santiago-Lima, fue redirigido hacia el Aeropuerto Diego Aracena de la ciudad de Iquique, tras efectuarse un llamado indicando la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

La novedad movilizó a personal especializado, con concurrencia puntual del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros.

De acuerdo a información aportada por Álvaro Hormazábal, director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Tarapacá, 137 tripulantes debieron descender de la aeronave.

"A las 19: 11 horas recibimos una llamada de la torre de control del aeropuerto, solicitándonos activar el procedimiento de seguridad por un aviso de bomba en un avión", explicó Hormazábal.

"Así que de inmediato procedimos a hacer los llamados correspondientes del centro de alerta temprana a Carabineros y del samu", añadió Hormazábal.

El origen del llamado se fija en la Región Metropolitana, donde se indicó que la aeronave que había despegado del terminal aéreo de Santiago, Arturo Merino Benítez, mantenía explosivos en su interior.

El coronel, Luis Roa, prefecto de Carabineros de Iquique, contó que "se activó el protocolo de emergencia posterior a la llamada que se hizo de manera anónima, de que el avión descendió en Iquique".

"Una vez que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) efectuó el desembarque de todos los pasajeros y la tripulación, se procedió a la inspección y revisión por parte del Gope de Carabineros", dijo el prefecto Roa.

El mayor Diego Rojas, encargado del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, hizo desde la ciudad de Santiago, un llamado a la responsable y la cordura, recordando la gravedad de las penas que arriesgan quienes realizan estas llamadas, que calificó como "malas bromas", y afectan a viajeros, tripulantes y familiares.