EDITORIAL
Aclarar el caso de las armas
Hace un año la noticia del extravío de 28 armas de fuego desde la Primera Comisaría de Iquique causó gran preocupación en la comunidad y tras confirmarse la situación, la Fiscalía Militar abrió una investigación, estableciendo que se trataba de armamento que se mantenía en custodia de la Autoridad Fiscalizadora y que no correspondía a especies de propiedad fiscal.
Si bien en un primer momento se habló sobre problemas de tipo administrativo, con el correr de los días la institución informó la baja de cuatro uniformados que estarían vinculados al caso y continuaron los procedimientos judiciales para establecer lo ocurrido.
Sin duda, es un tema que sigue preocupando a los tarapaqueños, sobre todo cuando con el paso de los meses y a través de distintos procedimientos policiales de rutina se lograron recuperar cinco de estas armas, todas involucradas en actos ilícitos, principalmente relacionados con delitos de la ley de drogas.
Uno de los últimos episodios ocurrió el 29 de junio, cuando un individuo hirió a tiros a un supuesto rival en Alto Hospicio. Tras las indagaciones fue posible dar con el paradero del supuesto autor de los disparos, operativo que además permitió la incautación de una pistola calibre 9 milímetros que forma parte de las que desaparecieron en 2017 desde la unidad policial.
En ese contexto y en una región que durante la última década ha registrado los índices de victimización más altos del país, se hace necesario que esta investigación llegue a buen puerto y logre establecer cómo se desencadenó el extravío de las armas, a los responsables y el posible paradero de las 27 pistolas y un revólver que permanecían en custodia en dicha unidad.
También es inquietante que de forma periódica se registren delitos armados en la región, lo que da cuenta de una situación que pone en riesgo la integridad física y hasta la vida de las personas.
Hoy por hoy, muchos delincuentes parecen tener fácil acceso a estos artículos, lo que sin duda debe generar acciones más profundas por parte de las autoridades destinadas a resguardar la seguridad ciudadana. No se debe normalizar el problema.
"Es inquietante que de forma periódica se registren delitos armados en la región".