Corte falló a favor de migrante con orden de expulsión
La beneficiada es una mujer, de nacionalidad peruana, quien tiene dos hijos chilenos y trabaja en el Agro.
La Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de amparo presentado por la abogada Lorena de Ferrari, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en favor de una ciudadana de nacionalidad peruana, sobre quien pesaba una prohibición de ingreso al país desde septiembre de 2009.
La mujer trabaja en el Terminal Agropecuario de Iquique y también se dedica a realizar labores de aseo de manera informal.
Lo que la motivó a entrar por pasos no habilitados al país fue su deseo de reunirse con su pareja y con sus dos hijos, uno de 2 años y otro de 7, por lo cual pidió ayuda al INDH. "La señora (C.M.U.C) había ingresado al país de manera irregular, llevaba muchos años viviendo de esa manera, de hecho tiene dos hijos chilenos. No obstante, ella no había podido regularizar su situación migratoria, debido a que tenía una orden de expulsión pendiente", explicó la abogada.
Esa orden de expulsión fue la que quedó sin efecto, a través del recurso de amparo que se interpuso. "Lo hicimos de manera preventiva, debido a que ella ingresó al proceso de regularización que abrió el Gobierno hace unos meses y esa orden de expulsión no le iba a permitir que se llevara a efecto dicha regularización, por tanto iba a ser rechazada", agregó Ferrari.
Decisión arbitraria
Sobre el número de casos de extranjeros que son devueltos en la frontera chilena, la abogada comenta que "no tenemos cifras de cuánta gente 'rebota' en la frontera".
Agregó que "lamentablemente nosotros nos estamos rigiendo por un decreto de ley que es muy antiguo, del año 1975. Este decreto lo que hace es dejar al arbitrio del funcionario que atiende al migrante en la frontera estimar la suficiencia de los recursos que trae, y eso se torna muchas veces arbitrario, dado que no hay una cifra estipulada, sino que va a depender del funcionario que lo atienda en la frontera".
La abogada informó que el INDH no tienen un monitoreo permanente en la zona fronteriza. "Pero sabemos que son muchos casos, de hecho , en Pisiga (del lado de Bolivia) hay una casa de acogida que la tienen unas religiosas y que tiene por objeto ayudar a esas personas que son rechazadas".
2009 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública le emitió una orden de expulsión.