Karina Sánchez

El pasado viernes se concretó la expulsión de 19 ciudadanos de nacionalidad boliviana y una peruana, quienes cumplían condena en las cárceles de la región, con este nuevo procedimiento. Las expulsiones este año suman 640, lo que representa el 46% de un total de 1.375 extranjeros que deben ser sacados del país, a través de los pasos fronterizos correspondientes.

El tema ha sido supervisado por el intendente Miguel Ángel Quezada; el gobernador del Tamarugal, Luis Tobar; y el jefe de la Primera Región Policial, prefecto Cristian Muñoz, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Departamento de Extranjería y la Policía Internacional Iquique de la PDI.

En este sentido, el prefecto Muñoz informó que en los diferentes traslados los ciudadanos que deben abandonar el país van acompañados de funcionarios de la Policía Internacional y personal de enfermería, a fin de garantizar la seguridad durante el trayecto hacia Colchane y Chacalluta.

Política de gobierno

En el marco de la política migratoria que lleva adelante el Gobierno, el intendente Quezada destacó que "en los distintos operativos que hemos ido realizando durante el proceso de expulsión, la mayoría de los casos corresponde a personas que han infringido la ley 20.000 y el caso de un ciudadano boliviano por violación a una menor de 12 años en 2013".

La autoridad regional dijo que próximamente se comenzarán a analizar los casos de aquellos ciudadanos extranjeros que pudiendo regularizarse -en el proceso que abrió el gobierno en abril de este año- no lo hicieron, "pues el compromiso del Presidente Piñera de ordenar casa, será cumplido".

Por su parte, el gobernador Álvaro Jofré informó que del 7 de agosto al 28 de septiembre, solo se han estampado 539 visas en la segunda fase del proceso de regularización migratorio, de un total de 13 mil 577 extranjeros inscritos. Jofré atribuye la lentitud del proceso a que la mayoría de migrantes no presentan los requisitos exigidos.

20 ciudadanos fueron expulsados el viernes pasado, de los cuales una es peruana y el resto bolivianos.

1.375 es la cantidad total de ciudadanos que deben ser sacados del país, a través de los pasos fronterizos.

karina.sanchez@estrellaiquique.cl

Una mujer fue formalizada ayer al ser acusada de causar lesiones menos graves a su pareja y por morder al carabinero cuando fue detenida.

La imputada, de nacionalidad boliviana e identificada con las iniciales J.S.R. (28), discutió con su conviviente y le lanzó una botella de vidrio en la pierna izquierda, provocándole una herida de 4 centímetros de longitud.

Luego, al momento de su detención, la mujer mordió la pierna izquierda del sargento de Carabineros, lo cual le dejó un hematoma.

Las medidas cautelares que la imputada deberá cumplir, tal como lo solicitó la fiscal Karém Gómez, son arraigo nacional, firma mensual, abandono del hogar común y prohibición de acercarse a sus dos víctimas.

Ayer quedaron en prisión preventiva tres ciudadanos de nacionalidad boliviana, dos hombres y una mujer, imputados por dos casos de tráfico de drogas.

El primer caso se refiere a dos hermanos, identificados con las iniciales W.C.V. (26) y P.C.V. (36), quienes iban en un bus de Ciktur con destino a Santiago, cuando fueron fiscalizados en la avanzada de Loa y se les encontró cocaína líquida dentro de unos cilindros escondidos en envases de bebida.

Un cilindro contenía 1 kilo 75 gramos. y el otro portaba 1 kilo 63 gramos.

El segundo caso corresponde a una ciudadana boliviana, identificada con las iniciales M.M.V. (42), quien al ser fiscalizada en la aduana de Loa, confesó haber ingerido ovoides. También se trasladaba en un bus de la empresa Ciktur con destino a Santiago.

Luego de los procedimientos de rigor, la mujer expulsó un total de 91 ovoides con cocaína y con un peso de 1 kilo 122 gramos.

El magistrado Ricardo Leyton decretó prisión preventiva para los tres imputados, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Mientras que el plazo de la investigación se fijó en 120 días.