Michael Seguel P.

Presidio perpetuo calificado. Ésa es la pena que el juez Mauricio Cuevas del Tribunal Oral en Lo Penal de Melipilla dictó ayer contra Guillermo Atenas Cornejo, de 33 años, quien tendrá que pasar al menos 40 años en la cárcel por el femicidio de su pareja Isidora González (23), a quien mató y descuartizó en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

El tronco y la cabeza amordazada de la víctima fueron hallados el jueves 7 de septiembre de 2017 al interior de una bolsa plástica negra en la parcela 15 del fundo Camarena. Cinco días después, Atenas fue detenido en Angol por la Brigada de Homicidios de la PDI.

"Había huido producto de la culpabilidad que tenía al haber asesinado a su pareja", dijo el prefecto José Ortiz Sandoval, de la PDI, tras la detención.

Añadió entonces que el crimen ocurrió tras una discusión de la pareja y que Atenas había confesado ser el autor. Detalló que Atenas hirió a la víctima con un arma cortopunzante en la zona cervical, provocando su muerte.

Un tatuaje de golondrina en el torso fue clave para establecer la identidad de la joven oriunda de Concepción. Aquella vez, los padres de la víctima viajaron desde la Región del Biobío para reconocer el cuerpo, en el Servicio Médico Legal de la capital.

El martes 12 de septiembre de ese año Atenas fue formalizado por el fiscal metropolitano occidente, José Solís. El Juzgado de Garantía determinó la prisión preventiva de Atenas, quien quedó recluido en la cárcel de Alta Seguridad de la capital.

La fiscal metropolitana de Alta Complejidad Occidente, Paola Zárate, precisó ayer tras conocerse la sentencia que "de acuerdo a lo establecido por el Tribunal, quedó comprobado el concepto de convivencia".

Fabián González, papá de la "Dorita", como la apodada su familia, estuvo presente en la audiencia para escuchar la sentencia de Tribunal. "Lo que pasó con Isidora fue un golpe muy duro para la familia. Se cierra un capítulo más de esta triste historia", afirmó.

La pena de presidio perpetuo calificado implica que sólo tras 40 años, el condenado podrá pedir beneficios y salir de la cárcel, si estos son aceptados.

El senador por la Región del Maule y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sufrió un robo de especies desde el interior de su vehículo particular, mientras se encontraba compartiendo con amigos en un cumpleaños en la comuna de Providencia.

El teniente Stefan Stewart, del Labocar de Carabineros, dijo ayer que "los individuos sustrajeron un computador, otros artefactos electrónicos y una placa distintiva del Senado". Según consignó Radio Biobío, el senador Elizalde precisó que "destruyeron una de las llantas para que el auto quedara inmovilizado para robarse lo que había en su interior". Peritos del Labocar periciaron el auto. Hasta ayer por la tarde no había detenidos.

Solo durante el primer semestre de 2018 la Superintendencia de Educación recibió 119 denuncias por maltrato a profesores o asistentes de la educación, en todo el país. La cifra marcó un aumento de 30,7% con respecto al mismo período de 2017, cuando hubo 91 denuncias en colegios particulares, municipales y subvencionados.

La Superintendencia desagregó estas cifras según el tipo de agresor. Es decir, precisando si quien realizó el maltrato fue apoderado o estudiante, concluyendo que el primer semestre de 2018 se registraron 70 denuncias donde el maltrato vino de un apoderado, versus las 51 registradas en los primeros meses de 2017.

En cuanto al maltrato por parte de un estudiante a un profesor o asistente de la educación, se registraron 49 denuncias el primer semestre, versus 40 presentadas entre enero y junio de 2017.

La Región Metropolitana lideró con 58 las denuncias de maltrato -por parte de estudiantes y apoderados- en el primer semestre de 2018, contra 40 en igual lapso de 2017.

La siguió la Región del Biobío, con 18 denuncias contra cuatro en el primer semestre de 2017.

En Los Lagos hubo ocho denuncias el primer semestre, contra seis en igual período del año anterior. En la Región de Valparaíso hubo siete contra 11 en los primeros meses de 2017, es decir, bajaron. "Un profesor está obligado a convivir, durante los 30 días que demore el proceso, en la misma sala de clases con quién lo roció con bencina o lo agredió, lo cual es completamente inhumano e indigno", dijo días atrás la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en la presentación del proyecto "Aula Segura" que busca facilitar la expulsión de estudiantes violentos.