El proyecto del edificio del Juzgado de Letras, del Trabajo, Garantía y Familia de Alto Hospicio presenta un 100% de la obra gruesa terminada, mientras que el avance total de la obras supera el 50%.

Así lo verificó el ministro visitador de la Corte Suprema para Iquique, Guillermo Silva, que realizó un recorrido por las obras de construcción del edificio del Juzgado.

El nuevo edificio reemplazará al actual tribunal transitorio (que actualmente opera en la esquina de avenida Ramón Pérez Opazo con Los Álamos) y se ubica en calle Oficina Salitrera Iris N°1045, contando con una superficie de 3.830 metros cuadrados, cuatro salas de audiencia, salas de espera, estacionamientos, sala multiuso y lugares para recibir a la comunidad. Para esto, ha sido necesaria una inversión superior a los $9 mil millones.

La superficie total del terreno es de 5.248 metros cuadrados y acogerá también al Centro Integral de Notificaciones Judiciales, entre otros espacios. Además, de una plaza institucional con áreas cubiertas y juegos para niños.

Durante su visita a la comuna, el ministro Silva acudió también al juzgado transitorio y se reunió con jueces y funcionarios.

Luego de ello, se trasladó al Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, donde recorrió las dependencias y sostuvo reuniones con magistrados y funcionarios.

Este tribunal tiene la jurisdicción más grande de la región, abarcando las cinco comunas de la Provincia del Tamarugal: Pozo Almonte, Pica, Camiña, Colchane y Huara.

Crismary Castillo Marengo

En Alto Hospicio, según la seremi de Bienes Nacionales, hay 34 hectáreas, de terrenos públicos y privados, que están tomadas ilegalmente.

"En total son 25 hectáreas en el sector Huantajaya que tienen un uso industrial, le siguen 8,4 hectáreas en el sector exVertedero con uso habitacional y 0,72 en otro sector que tiene el mismo uso", expresó la seremi de la cartera, Pilar Barrientos.

Hay más tomas

Barrientos clarificó, además, que existe una cantidad indeterminada de inmuebles fiscales que están tomados. "No todos están catastrados, ya que las tomas tienen una cierta dinámica, y a veces se agrandan, se mueven de lugar. En general, se han determinado algunos focos específicos que tienen más estabilidad, respecto de los cuales se han tomado medidas", aseguró la autoridad.

Sobre las acciones adoptadas, la seremi de Bienes Nacionales señaló que se está trabajando en levantar catastros, en ejercer algunas acciones judiciales cuando correspondan y en restituciones administrativas.

"Todas estas medidas están previstas en la ley para el resguardo de los inmuebles fiscales y restituirlos a su legítimo uso", expresó.

Huantajaya

En el caso de Huantajaya, Juan Aguirre Tapia organizó esta toma al amparo de un "supuesto derecho minero".

" Aguirre Tapia fue denunciado por usurpación en varias oportunidades al Ministerio Público y objeto de medidas de restitución administrativa. Incluso con el uso de la fuerza pública ha sido expulsado del inmueble fiscal en cuatro oportunidades y por quinta vez se solicitó la restitución administrativa del inmueble", indicó Barrientos.

En tanto, en el ex Vertedero, solo una parte corresponde a Bienes Nacionales, agregó la seremi

"La administración anterior del gobierno adoptó una política de entregar actas de radicación y cuando asumió esta seremi ordenó revisar estos documentos y actualmente se trabaja en actualizar dicho catastro".

Por último, la toma llamada "Un hogar digno", corresponde a un inmueble que fue vendido a un particular para hacer un proyecto educacional, que no se logró desarrollar porque fue tomado.

"Con respecto a este caso, como ministerio se tomaron acciones judiciales y remitió todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado", dijo.

Campamento renacer

En el caso de Renacer, aclaró la seremi que este sector no fue tomado y se trata de una erradicación de un campamento de la Pampa, efectuada en el gobierno anterior y corresponde a 3,5 hectáreas.

34 hectáreas están catastradas como tomadas, sin embargo, hay más lugares que deben sumarse.