Mauricio Mondaca - Medios Regionales

Parlamentarios del oficialismo criticaron ayer el rol que ha jugado en las últimas semanas la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste (DC), a quien apuntan por el retraso en la discusión legislativa del proyecto denominado Aula Segura.

Diego Shalper, diputado de RN, argumentó que "hay mucha gente que ha entendido que fijar un piso de tolerancia cero a la violencia extrema en los establecimientos educacionales es lo mínimo que podemos pedir como sociedad para poder construir cualquier proyecto de convivencia escolar".

Según el parlamentario de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, "cuando veo que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado (Provoste), se permite decir que esto es un 'papelito', le contesto que lo de ella es un papelón, porque está siendo incapaz de conducir una discusión que concita una amplia mayoría y que tiene que ver con darles seguridad a los docentes y estudiantes para poder estudiar en paz".

En la misma línea, la diputada Paulina Núñez (RN) agregó que "la oposición está actuando con un obstruccionismo que no habíamos visto en estos seis meses, al punto que cada uno de sus requerimientos para modificar el proyecto de ley están recogidos en una indicación del Gobierno. Y así y todo se siguen oponiendo (a legislar). Para Núñez, "lo único que la oposición quiere es oponerse a los proyectos que el Gobierno presenta. Y el llamado a la oposición es no solo a llegar a acuerdos, sino que a entender que uno no legisla para los partidos políticos, sino que para solucionar los problemas que están vigentes. El tema que aborda Aula Segura es una realidad, no son hechos disfrazados y existen en algunos establecimientos, con alumnos que son verdaderos delincuentes, capaces de rociar con bencina a un profesor".

Desde la UDI, el senador Iván Moreira criticó los dichos de su par de la DC. "Lo digo de frente: la presidenta de la Comisión de Educación, Yasna Provoste, se ha convertido en cómplice de la violencia al frenar un proyecto prioritario", sostuvo ayer a Emol.

El parlamentario gremialista agregó que para la parlamentaria por Atacama "es más fuerte su odiosidad y resentimiento, porque hay otros senadores DC que tienen un espíritu de aprobar la idea de legislar, porque el propio Gobierno ha acogido algunos planteamientos de la oposición".

Los establecimientos privados que reciban aportes del Estado en obstetricia y ginecología no podrán declararse objetores de conciencia para la ley que permite el aborto para tres casos: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Así lo dejó establecido el reglamento de la ley que fue promulgado ayer en el Diario Oficial y que entrará en vigencia el 7 de noviembre.

El reglamento también dispone que los establecimientos que sí se declaren objetores de conciencia y reciban a una mujer que quiera interrumpir su embarazo, deberán trasladar a la paciente a otro centro asistencial.

"El reglamento dispone que existe una obligación de asegurar a la mujer la prestación de interrupción voluntaria del embarazo (...); será la institución que deriva quien asumirá los mayores costos que se produzcan por la derivación", detalla una declaración pública del Ministerio de Salud.

Mientras, los médicos cirujanos y el equipo de especialistas podrán ser objetores de conciencia en un procedimiento de interrupción de embarazo, bajo las tres causales.

Sin embargo, no podrán hacer uso de esta objeción si es que una mujer necesita atención urgente bajo la primera causal de aborto: riesgo de vida de la madre.

La manifestación de esta voluntad será efectuará por medio de un formulario único para todos los establecimientos.

Para interrumpir su embarazo por alguna de las tres causales las mujeres mayores de 14 años podrán hacerlo hasta las 12 semanas de gestación y las menores de 14 años tendrán un plazo de 14 semanas.

7 de noviembre entra en vigencia el reglamento de la ley de aborto en tres causales.

Preso por los 45 días que durará la investigación quedó ayer Gustavo García Olarte, un ciudadano colombiano acusado de abuso sexual y robo con violencia a una mujer mayor de edad. García es conductor de un sistema de transporte por aplicaciones y habría atacado a su pasajera luego de que ella tomara el auto en Santiago.

El fiscal metropolitano Oriente Fernando Anais dijo que el conductor recogió a la pasajera en la comuna de Las Condes para trasladarla a Recoleta, donde ella residía. "(El detenido) abordó a la víctima, la trasladó unas cinco cuadras y le propinó un golpe de puño en su rostro, dejándola inconsciente. Luego la agrede sexualmente para posteriormente arrojarle un ácido en las piernas, lo que le provocó una quemadura química de segundo grado", dijo Anais.

El fiscal detalló que 45 minutos después de recoger a la pasajera, la abandonó cerca del Puente Loreto, en Recoleta.