Los roles de automovilistas y ciclistas fueron nuevamente limitados con la Ley de Convivencia Vial -también conocida como de Convivencia de Modos -, que entró en vigencia ayer. Uno de los aspectos más polémicos es que las bicicletas deben circular por la calle cuando no existan vías diferenciadas, ante lo cual la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, dijo que antes de esperar la infraestructura "tenemos que empezar a cambiar actitudes, comportamientos y respeto mutuo".

"Si nosotros esperamos que esté toda la infraestructura de ciclovías lista para poder implementar este cambio, vamos a llegar tarde. Tenemos que empezar a cambiar actitudes, comportamientos y respeto mutuo, independientemente de que haya ciclovías o una infraestructura", afirmó Hutt durante la puesta en marcha de la normativa, instancia en que fue acompañada por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y su par de Peñalolén, Carolina Leitao.

"El ideal es tener toda la infraestructura en perfectas condiciones", dijo la ministra, "pero eso no ocurre y por eso la ley define casos en los se pueden dar algunas excepciones si es que no está la infraestructura disponible".

"Vamos a avanzar tan rápido como se pueda en disponer ciclovías, pero son planes de más largo plazo y de muchas inversiones y hay soluciones intermedias que funcionan muy bien, por ejemplo, la demarcación", agregó la ministra, en respuesta a los municipios que se cuestionan de dónde sacar los fondos para modificar sus calles.

Una jornada crucial tendrá a partir de las 17 horas de hoy el proyecto Aula Segura en el Congreso, cuando sea votado en la Sala de la Cámara. La propuesta, que pretende fortalecer las facultades de los establecimientos educacionales para abordar los hechos de violencia, mantiene las diferencias en la oposición, aunque desde la DC y el PR señalaron que lo más probable es que se sumen para aprobarlo.

La iniciativa fue despachada la semana pasada por la Comisión de Educación sin las modificaciones ingresadas por la oposición.

El diputado Mario Venegas (DC) anticipó que "lo que va a acontecer es que se va a aprobar el proyecto" en la Sala.

"En nuestra bancada va a seguir la recomendación de que el proyecto, teniendo en cuenta de que es muy acotado, que aborda un tema muy puntual que tiene que ver con la violencia extrema y dos causales que son el porte de armas y elementos explosivos y las agresiones a los profesores, en ese contexto cumple, es necesario y hay que aprobarlo".

"Estamos votando a favor no del Gobierno, sino de un acuerdo que se llevó en el Senado con amplios sectores de oposición, que lo que hace es permitir que los directores de establecimientos educacionales puedan suspender y expulsar estudiantes, profesores o apoderados que participen de hechos de violencia en los recintos estudiantiles, pero respetando las normas del debido proceso", precisó el diputado Matías Walker (DC).

Redacción

Las causas judiciales abiertas por abusos sexuales ocurridos al interior de la Iglesia en Chile alcanzan ya 139, implicando a 245 víctimas y 190 personas que son investigadas, según un informe del Ministerio Público.

Los datos, según la Fiscalía, corresponden hasta el 5 de noviembre, y suponen un aumento de 15 casos (con 22 nuevas víctimas y 12 nuevos investigados) respecto a los números publicados a fines de octubre.

Esta actualización de cifras se debe al incremento de las denuncias por presuntos casos de abuso sexual, de poder, de confianza, pederastia o encubrimiento.

Hoy comienza una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), en Santiago, donde se reunirán los obispos para analizar las políticas de reparación y prevención que anunciaron hace dos meses, ante la oleada de escándalos en los que está inmersa la Iglesia.

Uno de los ejercicios de transparencia puesto en marcha por la Iglesia durante este tiempo ha sido publicar en su página web un listado con las personas relacionadas con el clero que han recibido sentencias por casos de abusos, ya sea por parte de la Justicia civil o canónica.

En la última actualización, el 31 de octubre, se informaban 47 sentencias (tres más que en la lista anterior), que involucran a dos obispos, 42 sacerdotes y dos diáconos.

Los casos de abusos sexuales han sumido a la Iglesia Católica nacional en la mayor crisis de su historia, ya que, hasta la fecha, el Papa Francisco ha aceptado las renuncias de siete obispos, después de que 34 miembros de la CECh le ofrecieran sus cargos tras ser citados al Vaticano y reconocer ante el Sumo Pontífice que habían cometido "graves errores y omisiones".

El Papa, además, ha expulsado del servicio clerical a dos exobispos, Francisco José Cox y Marco Antonio Órdenes, junto a los dos exsacerdotes, Fernando Karadima y Cristián Precht.

190 personas son investigadas por casos de abusos en la Iglesia Católica chilena.