Karina Sánchez
Durante dos horas se prolongó la formalización de Gilberto Gonzalo Arredondo Zamora, de 43 años, a quien se le acusa de "estafas reiteradas y defraudaciones". Se encontraba en la Quinta Región cuando fue fiscalizado y se le dictó orden de detención.
El fiscal Juan Valdés formalizó la investigación por tres casos, el primero guarda relación con 600 familias del comité de vivienda "Alto Miramar" 1 y 2, fundado en marzo de 2014; el comité de vivienda "Un Hogar Digno", fundado en mayo de 2012; al igual que 15 pequeños empresarios a quienes les prometieron parcelar un terreno en Alto Hospicio para construir un parque industrial.
"El comité Alto Miramar tenía el objeto de organizar a un grupo de personas con el fin de postular a subsidios habitacionales, el mencionado comité se constituye de manera legal, es por eso que Arredondo. en conjunto con su pareja Neismy Toledo, comienzan a reclutar familias a fin de obtener estos subsidios, cobrando una inscripción de $120 mil y $90 mil por concepto de derecho de estacionamiento, cobros de dineros que son innecesarios e ilegítimos, ya que las postulaciones a estos subsidios son gratuitas", precisó el fiscal.
A raíz de la alta demanda que tenía el proyecto, la pareja decide abrir una segunda etapa y cobrar a los interesados $150 mil de inscripción y $290 mil por derecho a estacionamiento.
El imputado y su pareja le decían a las víctimas que eran dueños de los terrenos, además de contar con una supuesta constructora llamada "Santo Domingo". Neismy Toledo, que ya fue condenada por otra estafa con pena remitida en 2017, se encuentra prófuga.
"Cabe señalar que las soluciones habitacionales nunca se concretaron, al no ser presentado antecedente alguno ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo por los imputados", agregó Valdés.
El persecutor mencionó se acreditó que siete de las víctimas entregaron pagos a los imputados que suman un total de $8 millones 808 mil.
Terrenos fiscales
El segundo hecho comenzó a principios del 2014, involucrando a una agrupación de pequeños y medianos empresarios de Alto Hospicio, que tenía por objeto subdividir un terreno de 12,5 hectáreas, ubicado en El Boro, para proyectos industriales y comerciales, a fin de crear un parque industrial.
A la gestión de captar clientes se sumó una empleada de la pareja, identificada como N.R.G., quienes lograron conseguir en arriendo un terreno perteneciente a Bienes Nacionales, el cual sería utilizado para un proyecto de paneles solares. "Le hicieron creer a las víctimas que estos terrenos eran propios. Los imputados establecieron como precio de las parcelas la suma de $6 millones 500 mil, los cuales debían ser pagados en cuotas mensuales de $500 mil, además se les dijo que debían pagar $200 mil anuales para urbanizar los terrenos", agregó el fiscal.
El perjuicio de 4 de las 15 víctimas de este hecho fue de más de $18 millones.
En el comité "Un Hogar Digno" resultaron afectadas 150 familias, luego que en el 2016 la cuñada del imputado, acompañada por su pareja y otro hombre, quienes le ofrecen un terreno en el sector Santa Rosa de Alto Hospicio, de allí que las familias que quisieran formar parte del proyecto debían pagar $120 mil pesos.
El magistrado Frederick Roco decretó la medida cautelar de prisión preventiva y la investigación quedó fijada en 60 días.
750 familias del comité Alto Miramar y Un Hogar Digno fueron las afectadas.
