Acogiendo el recurso de nulidad interpuesto por la unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, la Corte de Apelaciones de Iquique anuló la sentencia del tribunal oral en lo penal que absolvió a dos acusados por el cuasidelito de homicidio de un motorista ocurrido el 28 de abril del año 2017, en la ruta A 16.

De acuerdo al razonamiento de los ministros de la Corte, "aparece que el tribunal no valoró toda la prueba rendida, ni razonó fundada y lógicamente acerca del motivo por los cuales alcanzaron su convicción absolutoria (… ) ".

Según la acusación presentada por la Fiscalía, el acusado Enzo Valle conducía un vehículo marca Honda, modelo Civic, por la ruta A-16, en sentido sur a norte, cuando al enfrentar la curva existente a la altura del kilómetro 401, producto de la excesiva e imprudente velocidad con que conducía el vehículo, atropelló en dicho lugar a la víctima, Jonathan Sánchez, quien había caído en ese lugar de la motocicleta que conducía, ocasionándole la muerte.

En conocimiento de lo que le había ocurrido a la víctima y sin prestarle ayuda, el imputado Valle le solicitó al imputado Carlos Zapata (en ese entonces carabinero), quien llegó momentos después al lugar de los hechos, que se lo llevara del lugar en el vehículo que éste otro conducía, huyendo y dejando abandonada a la víctima, presentando luego una denuncia ante carabineros por el falso robo de su vehículo.

El fiscal Juan Valdés acusó a Valle como autor de un cuasidelito de homicidio y de los delitos de no dar cuenta de un accidente en que hubiere provocado la muerte, así como de obstrucción a la investigación, mientras que Zapata fue acusado como encubridor del cuasidelito de homicidio.

En el juicio oral, la Fiscalía, junto al abogado querellante Enzo Morales, presentaron evidencias que daba cuenta de los hechos. Sin embargo, el tribunal oral en lo penal resolvió sólo condenar a Valle por el delito de no dar cuenta del accidente, ya que a su entender el acusado no alcanzaba a esquivar a la víctima, conclusión que fue cuestionada por la Corte. De este modo, se deberá realizar un nuevo juicio oral.

Karina Sánchez

Un hombre en situación de calle quedó ayer en prisión preventiva al ser acusado de causar lesiones graves a un joven y lesiones leves a una mujer.

El primer hecho ocurrió a las 13:30 horas del sábado, al lado del edificio Atalaya (a pasos de Cavancha), cuando el indigente se despertó de su siesta y se le acercó a un joven para preguntarle la hora, pero sin motivo aparente lo golpeó con un objeto contundente en el ojo.

"El hombre resultó con trauma ocular de carácter grave, quedó hospitalizado y corre el riesgo de sufrir pérdida del globo ocular", precisó el fiscal Juan Cepeda.

La primera víctima, identificada como K.G.C., estaba sentado en las escaleras adyacentes al edificio Atalaya, junto a una tercera persona, cuando sufrió la agresión.

Segundo ataque

El imputado huyó hacia la playa, donde 10 minutos después del primer episodio atacó a la segunda víctima, una mujer identificada como X.C.R., a quien le propinó tres golpes de puño en el rostro y otros golpes más por la espalda, ocasionándole hematomas.

Funcionarios de la Policía Marítima que se encontraban en el lugar auxiliaron a la víctima y lograron reducir al agresor, mientras llegó Carabineros.

El fiscal dio cuenta que el imputado presenta condenas previas por varios desacato, robos y amenazas, los cuales están prescritos, pero evidencian el peligro que representa para la seguridad de la sociedad.

Alegatos

El defensor se opuso a la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, pues consideró que bastaba con decretar orden de alejamiento de las víctimas y arraigo nacional, a fin de evitar el peligro de fuga.

Sin embargo, el magistrado Ricardo Leyton calificó como grave el hecho de que una de las víctimas corra el riesgo de perder su ojo.

Leyton destacó que el imputado tiene vigentes medidas cautelares por un robo con violencia. "Vamos a la gravedad del hecho, la persona que tenemos acá no se controla, los episodios ocurrieron en menos de una hora, en un sector concurrido y no hubo provocación, eligió a sus víctimas al azar, por lo tanto la libertad del imputado es un peligro para la sociedad", reflexionó el juez.

De modo, que decretó la prisión preventiva, ordenó la realización de exámenes para determinar si el imputado sufre de alguna enfermedad mental y el tiempo de la investigación será de 60 días.

10 minutos demoró el imputado entre la primera y segunda agresión, por lo cual quedó detenido.