Normativa para proteger el patrimonio
Ayer se llevó a cabo la formalización por daños al patrimonio de tres personas que pasaron en un vehículo 4x4 sobre el Gigante de Tarapacá, ubicado en el cerro Unitas en la comuna de Huara.
Formalización que no es tan común, pues en las investigaciones registradas desde 2016 a mediados de 2018 el 48% de las causas por daño a monumentos nacionales fueron archivadas.
Según cifras entregadas por el Ministerio Público, de las 141 causas iniciadas en los últimos tres años, 68 ya fueron archivadas y 85 no poseían un imputado conocido, es decir un 60%.
Por ello, la formalización en el caso del daño a geoglifo ícono de la región es tan trascendente, puesto que son cientos los casos de daño al patrimonio regional en que nunca se llega a tal etapa del proceso judicial.
Pese a ello, las denuncias por estos casos a nivel nacional durante el primer semestre de 2018 aumentaron un 35% respecto del mismo período del año anterior.
Dentro de los problemas que existen para que las investigaciones no puedan tener avances, el principal es que la mayoría de estos daños se realizan "al paso", donde, por ejemplo la inmensidad del desierto hacen que se descubran con bastante posterioridad al que se realizaron.
En el caso mismo del Gigante de Tarapacá este ha sufrido daños continuamente, principalmente de personas que pasan sobre él en vehículos, pero tambien con rayados políticos e incluso quienes lo modificaron en su fisonomía. Pero lo más preocupamente es que daños en sitios arqueológicos se siguen dando a destajo en distintas comunidades del interior de la región sin que exista ningún revuelo, pese a que muchas veces los daños son realizados por empresas que están plenamente identificadas por los denunciantes.
Es necesario trabajar en una normativa más moderna, que permita fortalecer las policías con recursos para un trabajo más fluido, ya que muchas veces pasan varias semanas antes de que la PDI se acerque a los sitios del suceso a realizar las pericias, además de la contratación de peritos locales para las asesorías ya que cuentan con mayor conocimiento de las realidades locales. Asimismo se deben aumentar las sanciones, lo que permitiría disuadir de mejor manera a quienes tienen interés de realizar estos daños.
"Pero lo más preocupante es que los daños en los sitios arqueológicos se siguen dando a destajo".