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Falsifican documento para retirar camioneta implicada en homicidio

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Dos personas fueron detenidas por la Policía de Investigaciones (PDI) al pretender a través de un documento notarial con datos falsos, retirar un vehículo incautado por la Brigada de Homicidios (BH) referente a una investigación por un delito de homicidio ocurrido el pasado 9 de febrero en el sector de Bajo Molle, aledaño a la discoteque "El Castillo" del sector sur de Iquique.

El acto delictual fue determinado por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) quienes periciaron la documentación constatando su inconsistencia.

De acuerdo a lo informado por la PDI, el documento se habría inscrito en una notaria de Iquique, sin embargo el supuesto dueño del vehículo indicó no conocer a los detenidos ni haber otorgado ningún poder notarial.

El Jefe de la Bridec, comisario Marcelo Martínez, señaló que los detenidos fueron dejados en libertad tras ser apercibidos en sus domicilios, en espera de citación por parte de la Fiscalía. Diligencias referentes al caso continúan en desarrollo.

Indultan a interno de cárcel de Hospicio por enfermedad grave

El Presidente Sebastián Piñera conmutó la privación de la libertad por arresto domiciliario total.
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Crónica

El Presidente Sebastián Piñera firmó dos indultos durante los primeros 51 días del año 2019, los que fueron concedidos "por razones humanitarias de salud", a dos internos que padecían graves patologías y cumplían condenas en los centros penitenciarios de Quillota y Alto Hospicio.

Dicho indulto se les otorgó el 11 de febrero pasado, tras un informe favorable emitido por Gendarmería.

El beneficio fue concedido a través de un decreto exento firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, por orden del Mandatario, según consignó información publicada por La Tercera.

De esta manera, y en razón del indulto presidencial, se conmutó la pena de ambos internos quedando ambos bajo arresto domiciliario total por el período que resta de sus condenas.

Se supo del interno identificado por las iniciales J.A.G.R., de 53 años de edad, que cumplía tres condenas de 541 días cada una, por dos delitos de hurto simple y un robo por sorpresa.

Durante 2018, el recluso J.A.G.R. realizó varias huelgas de hambre al interior de la cárcel de Alto Hospicio, la última de ellas duró 38 días.

Los motivos que lo impulsaron a realizar los reclamos fueron la carencia de condiciones en el penal, que dificultaban según argumentaba, abordar su deteriorado estado de salud agravado por un tromboembolismo pulmonar que sufrió en 2014. A ese estado se sumaba su condición de portador de VIH, actualmente el hombre de 53 años debe trasladarse en silla de ruedas por su grave condición médica.

Según el informe elaborado por Gendarmería, el diagnóstico de J.A.G.R. mostró inmunopatía crónica, limitación crónica del flujo aéreo, insuficiencia cardiaca, ascitis (acumulación de líquido en el abdomen) secundaria y secuelas de un accidente vascular encefálico.

Además, el condenado presenta trastorno de personalidad antisocial. De esta manera, el beneficio se le otorgó por presentar patologías crónicas, graves y progresivas que podrían provocarle la muerte.

Por su parte, el interno que cumplía condena en Quillota por un delito de microtráfico y porte ilegal de arma de fuego, según diagnóstico elaborado por el penal padece un tumor carcinoide gástrico no operable, daño hepático crónico, fibrosis pulmonar y sífilis latente tratada.

38 días en huelga de hambre estuvo el interno de Alto Hospicio durante 2018.

Prisión preventiva para joven que mató a vecino

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En prisión preventiva quedó el imputado de iniciales A.I.T.Q., señalado por el Ministerio Público como el autor de un delito de homicidio, cometido contra su vecino y amigo de la infancia, Diego Araya Muñoz, quien fue apuñalado por el sindicado durante un carrete durante la madrugada del pasado jueves.

Tras ser ampliada la formalización de A.I.T.Q., por el resultado de la autopsia del Servicio Médico Legal (SML), ayer la fiscal Marisel Ramallo pidió al juez de garantía la cautelar de prisión preventiva, por considerar la libertad del imputado como un peligro para la seguridad de la sociedad.

En la audiencia de formalización, Ramallo indicó que Araya Muñoz recibió al menos cinco puñaladas por parte del imputado, con quien la víctima compartía bebidas alcohólicas al momento de los hechos.

La abogada defensora, Cristina Rodríguez, se opuso al pedido de la Fiscalía, presentando una teoría alternativa que daba cuenta de una supuesta riña. Con todo lo expuesto el juez Ricardo Leyton falló en favor del Ministerio Público.