Ante lo informado por la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat (Unap), Javiera Escobar, sobre la vinculación de un supuesto funcionario de dicha casa de estudios al caso de nido.org, plataforma digital que divulgó fotografías íntimas de mujeres de todo el país, el rector Gustavo Soto, aclaró que el señalado no es funcionario del campus.

"No se trata de un funcionario como se habría informado en unos primeros momentos", expuso la autoridad universitaria. "Se trata de una persona que prestó servicios puntuales a la universidad y cuyo vinculo laboral no duro más de dos meses".

"Hago la aclaración ya que la calidad de funcionario solo la tienen personas que desarrollan una vinculación permanente con la Universidad, y en su mayoría se trata de personas que hacen carrera como tal", añadió el rector.

Asimismo, junto con la investigación sumaria destinada a esclarecer los hechos, el rector solicitó toda la colaboración de la universidad con el Ministerio Público, a fin de establecer responsabilidades.

Igualmente puso a disposición de las afectadas la asesoría jurídica de los abogados de dicha casa de estudios, junto al apoyo psicológico de profesionales de la Unap.

Soto señaló que lo descubierto hasta el momento en el caso Nido, "nos lleva a que las universidades pensemos en un programa de seguridad y prevención informática para todo estudiante y académico, de esta forma podemos establecer criterios comunes respecto de lo permitido, de lo legal y de lo ilegal".

La presidenta de la Fedeunap, Javiera Escobar, acompañada de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), dio cuenta de al menos tres estudiantes que se vieron perjudicadas por la circulación de fotos íntimas en dicha plataforma, que empleaba grupos de Telegram sectorizados por regiones a lo largo del país.

El pasado miércoles la Fiscalía Local de Iquique recepcionó una denuncia que pide a las autoridades judiciales investigar las redes de Nido en la región de Tarapacá.

3 alumnas de la Unap resultaron perjudicadas al circular fotos suyas en la plataforma Nido.

Romel J. Puche

Ala pena efectiva de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, fue condenado Sebastián Andrés Melendes Véliz, en su calidad de autor de un delito consumado de robo con intimidación perpetrado en el sector céntrico de la comuna de Iquique.

En los hechos se vincula a un segundo hombre quien también participó en el ilícito junto a Melendes Véliz, sin embargo, desde la comisión del asalto el mismo permanece evadido y sin haber sido identificado por las autoridades policiales.

Los motivos de la acusación impuesta sobre el inculpado desde el inicio de la causa judicial, se remonta a el 12 de noviembre de 2017 en horas de la madrugada, aproximadamente a las 02:15 horas en la intersección de calle Thomson con Barros Arana.

De acuerdo a lo señalado por la Fiscalía, Melendes Véliz, en compañía de un segundo hombre, abordaron a la víctima de iniciales F.A.T.V., quien se encontraba sentado en el asiento del conductor de vehículo marca Hyundai, modelo Galloper de color gris, procediendo el imputado Melendes Véliz a subirse al asiento del copiloto, señalándole "entrega la plata" seguido de varias ofensas, momentos en que el tercero subió al asiento trasero del vehículo por el lado del conductor, y colocó en el cuello de la víctima un elemento cortopunzante, exigiéndole dinero, para luego manifestar " te vamos a matar".

Bajo este modus operandi la pareja logró sustraer un reloj, una cadena, una billetera con documentación personal y bancaria de la víctima, además de la suma de $60.000 en dinero efectivo. Asimismo, despojaron al perjudicado del vehículo antes mencionado, alcanzando el mismo a descender para huir de sus agresores, quienes se dieron a la fuga del lugar siendo sorprendido posteriormente por personal policial con el móvil en poder del inculpado.

En la formalización, el Ministerio Público solicitó para el imputado la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo. Entre los alegatos la defensa solicitó a recalificación del delito al de hurto, puesto que el imputado el día de los hechos efectivamente sustrajo la camioneta de la víctima, pero sin ningún tipo de fuerza o violencia, aprovechándose del estado de ebriedad de la misma.

El tribunal acreditó que el delito fue perpetrado con intimidación, por cuanto las acciones desplegadas por el acusado al conminar a la entrega de sus especies, y el uso de un arma blanca en el hecho, le hicieron temer por su vida según lo expuesto por el afectado, quien quedó en su momento en estado de shock. Asimismo y al momento de la comunicación de sentencia, se determinó que a Melendes Véliz se le sume en abono de la pena el tiempo que estuvo en prisión preventiva, esto es desde el día 12 al 24 de noviembre de 2017, y entre el día 14 de enero de 2019 a la fecha.

En la carpeta investigativa consta la declaración de la víctima, quien señaló que mediante amenazas y premunidos de lo que creyó era un arma de fuego, lograron sustraerle las especies junto a la camioneta. Además, el afectado logró identificar al condenado por el ilícito.

60 mil pesos y un auto sustraído le costarán al condenado cinco años de cárcel efectiva.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una millonaria indemnización a la cónyuge e hijos del gendarme, Isaías Higuera Zúñiga, fusilado en Pisagua bajo la dictadura militar.

La compensación económica será de $300 millones, por establecer que Higuera Zúñiga fue víctima de crímenes de lesa humanidad.

"Los demandantes sufrieron por parte de agentes del Estado, el homicidio de su cónyuge y padre, lo que implica un delito de lesa humanidad que evidentemente causó trastornos psicológicos", dijo la resolución, la cual agregó que con la muerte del gendarme la familia tuvo perjuicios económicos.