Detectives de Microtráfico Cero (MT-0) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) irrumpieron durante la madrugada de ayer en dos domicilios en la comuna de Alto Hospicio y lograron la detención de cuatro personas mayores de edad, tres de ellos por infringir la ley de drogas mientras que el cuarto integrante fue aprehendido por el delito flagrante de lesiones leves e infracción a la ley de armas.

En el operativo, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de dicha comuna incautaron un cartucho calibre 12, además de diversas cantidades de drogas desglosadas en: 3 gramos de cannabis sativa, 43 gramos de cocaína base, 17 gramos de clorhidrato de cocaína, 231 mil pesos de dinero en efectivo, un arma de fuego de confección artesanal tipo escopeta y elementos de dosificación.

Dos imputados fueron puestos a la orden del tribunal, mientras que el resto quedó apercibido por la Fiscalía.

Romel J. Puche

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó el encargo hecho ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por el sospechoso de iniciales A.A.M.R., a quien la Fiscalía lo imputa como el autor del femicidio de María Paulina Del Carmen Castro Mejía, hecho ocurrido el pasado 26 de noviembre de 2018 en la comuna de Alto Hospicio.

De acuerdo a lo señalado por el comisario Luis Galaz, jefe de la brigada designada por el Ministerio Público para la investigación del caso, el encargo se originó tras no haber ubicado al requerido en la región de Tarapacá o en algún otra zona del territorio nacional.

Galaz explicó que sin embargo, los detectives de la BH hasta la presente fecha, no han podido establecer la permanencia de A.A.M.R., en el extranjero, como asimismo no tienen registro de la salida del país del sospechoso a través de un paso habilitado.

"El encargo a Interpol supone que si el sindicado pretende hacer abandono de cualquier otro país a través de frontera terrestre o aeropuerto, sea detenido y notificado aquello de manera inmediata a la PDI", aseveró Galaz.

El pasado 22 de diciembre un hombre identificado como M.G.R., de 21 años de edad y apodado como "El Jaña", fue formalizado como cómplice del homicidio Castro Mejía. En dicha audiencia la Fiscalía reconoció como imputado en calidad de autor a la pareja de la mujer reconocido como A.A.M.R. quien mantiene una orden de captura vigente.

Según lo relatado por la fiscal Virginia Aravena, el suceso se originó luego de reiteradas discusiones entre la víctima y su pareja, durante la noche previa del asesinato de la mujer quien presentaba un embarazo de cuatro meses.

"El imputado A.A.M.R., tomó una escopeta de caza, y en el dormitorio principal procedió a enrollar sobre el tubo de la escopeta la ropa de cama a fin de amortiguar el sonido, para luego dispararle a la víctima a la altura del pecho", comunicó Aravena.

El coimputado M.G.R., ingresó a prisión preventiva, mientras que el presunto femicida permanece evadido.

En audiencia de procedimiento abreviado desarrollada durante la mañana de ayer en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, una agricultora boliviana identificada por las iniciales E.F.G., fue condenada a la pena de 4 años de presidio por su vinculación a un delito de tráfico de drogas y estupefacientes.

El fiscal Juan Valdés, indicó que la imputada el día 31 de julio de 2018, tras ser fiscalizada por Aduanas en la avanzada aduanera del rió Loa cuando viaja en un bus interprovincial desde Iquique con destino a la ciudad de Santiago, la misma confesó que momentos antes había ingerido ovoides, comenzando el proceso de evacuación en dicha dependencia.

E.F.G., fue puesta a la orden de Carabineros y trasladada hacia el Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames, donde permaneció recluida hasta el día 4 de agosto, cuando fue formalizada por el delito. La mujer de 41 años, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía, mantenía en su estómago 27 ovoides, los cuales al ser analizados arrojaron coloración positiva a clorhidrato de cocaína, arrojando un peso total de 1 kilo 262,8 gramos.

En dicha audiencia la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de la sindicada, por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, además de un inminente peligro de fuga al no poseer la imputada domicilio en Chile, o registro de regularización migratoria. En la etapa judicial el tribunal decretó la medida cautelar pedida por Fiscalía y fijó el tiempo de investigación en 120 días.

Del procedimiento abreviado, y habiendo escucha las alegaciones de la defensora, Carolina Lagos, el magistrado Mauricio Chía conmutó la pena de presidio por la de expulsión de E.F.G., dando además por cumplida por el tiempo que estuvo privada de libertad, a la multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) pedida igualmente por el Ministerio Público.