Romel J. Puche
La Corte Suprema condenó en sentencia de reemplazo a tres funcionarios de Carabineros en calidad de coautores del delito de robo con intimidación, en ilícito perpetrado en un control policial realizado en Iquique en junio de 2013.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos, invalidó de oficio la resolución de la Corte Marcial y dictó sentencia de reemplazo, adecuando las penas tras establecer que erró el tribunal castrense al acoger agravantes no concurrentes.
El fallo asentó que "no aparece que el actuar de los encartados se haya visto facilitado por el uso de armas o por haber actuado en grupo, sino que de los mismos se desprende que para su actuar únicamente se valieron de su condición de funcionarios policiales para registrar a las víctimas en el contexto de un control policial, y aprovechándose de dicho contexto sustraer el dinero que estas portaban".
La resolución agrega que "el número de los hechores, en su calidad de policías y la posesión de armas fueron empleadas para configurar la intimidación ejercida contra las víctimas y por consiguiente, doblegar su voluntad", para la Corte estas circunstancias son inherentes al tipo penal invocado, y no producen el efecto de acrecentar la pena.
"Resultó establecido que los efectivos policiales no utilizaron sus armas ni se valieron de su número para cometer el ilícito, error de derecho que tuvo influencia sustancial en lo resolutivo de la sentencia que se revisa", añade.
Finalmente el tribunal condenó a Cristián Alejandro Bastías Gajardo, a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio, manteniendo a su respecto la pena sustitutiva dispuesta en el fallo que se revisa, pero aumentando al lapso de control en Gendarmería de Chile a dos años.
Asimismo Sebastián Ignacio Orellana Sepúlveda y Ramón Ignacio Franco Valenzuela, quedaron condenados cada uno, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, manteniendo la pena sustitutiva dispuestas en la sentencia.
Hechos
El tribunal estableció como hecho de la causa que a las 02:00 de la madrugada del día 13 de junio de 2013 en el sector denominado como "Barrio Boliviano", los condenados en una supuesta fiscalización sustrajeron a dos ciudadanos bolivianos la suma de $570 mil, tras revisar las billeteras de los perjudicados en el procedimiento.
570 mil pesos fue el dinero hurtado por los exfuncionarios a sus víctimas.
3 años y 1 día de presidio es la condena de dos de los involucrados.