Redacción

El fiscal nacional, Jorge Abbott, si bien valoró en términos generales los cambios propuestos por el Gobierno en el proyecto de ley sobre control preventivo de identidad, manifestó reparos sobre las modificaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes.

"Es preferible focalizar los recursos en aquellos niños, niñas y adolescentes, ya identificados por estar vinculados a la comisión de delitos, que destinarlos al control indiscriminado de identidad. De esta forma podemos intervenir muchísimo mejor en el fenómeno delictual en el que se ven involucrados", afirmó al ser consultado por la prensa respecto de la iniciativa legal que ingresó ayer al Congreso. Abbott comentó que el tema fue ampliamente tratado en el reciente Consejo General de Fiscales, en el que los persecutores coincidieron en la necesidad de focalizar recursos.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, los menores infractores de ley disminuyeron un 21% en 2018 respecto del año anterior, cifras que muestran una tendencia a la baja en los últimos períodos. No obstante, en el mismo lapso, el número de delitos cometidos por esos infractores ha aumentado, al tiempo que además se vuelven más violentos. Por otro lado, destacó que el Ministerio Público ve con satisfacción que en el proyecto de ley se considere ampliar las facultades de las policías para controlar identidad cuando se constaten casos de placas patentes de vehículos adulteradas o inexistentes, como también que se incluya la posibilidad de realizar inspecciones oculares. "Esto permitiría evitar situaciones como la vivida el año pasado en la comuna de San Antonio, cuando se declaró ilegal una detención, debido a que el hallazgo de armas en un vehículo se consideró casual", resaltó Abbott.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, reforzó su defensa del proyecto de ley de control preventivo de identidad para mayores de 14 años y manifestó el deseo del Gobierno de agilizar su tramitación en el Congreso. Además, expuso su desacuerdo con la opinión que la Defensoría de la Niñez ha manifestado respecto de la iniciativa. Sobre esto último, el jefe de gabinete expresó a Radio Duna: "La Convención del Niño y los tratados internacionales no impiden y menos prohíben que puedan existir este tipo de controles preventivos. Tanto es así que distintos países, entre los cuales se encuentra Chile, establecen que la responsabilidad penal juvenil se inicia a los 14 años".

También comentó la importancia de agilizar la tramitación en el Congreso, pues sostuvo que la seguridad ciudadana "es la prioridad número uno del país". "Este proyecto busca una mayor eficacia en la prevención del delito", recalcó Chadwick. Subrayó la necesidad de "incorporar a los mayores de 14 en los controles de identidad y la necesidad de incorporar registros para efectos de aprovechar el control de identidad y especialmente destinado a la detección de armas".

Libertades públicas

Desde la oposición, el senador Felipe Harboe (PPD) dijo ver con preocupación "que el Gobierno cede ante un problema político con una medida política populista, pero no efectiva".

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, recibió en la Cancillería al equipo de trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la misma que dirige Michelle Bachelet. El grupo visita Chile para evaluar el fenómeno de la masiva migración venezolana, como parte del análisis de la situación de los derechos humanos en ese país.

"La crisis migratoria provocada por la dictadura en Venezuela no tiene precedentes en la región. Chile seguirá colaborando a través de la Visa de Responsabilidad Democrática, de las que ya se han entregado más de 25 mil. También seguiremos ayudando a los chilenos que necesitan regresar desde Venezuela, a través de los vuelos Esperanza", afirmó el secretario de Estado

"Como Gobierno vamos a colaborar y entregar toda la información que tenemos sobre la diáspora venezolana", aseguró la autoridad, quien agregó que "como país seguiremos activos para colaborar a una salida pacífica a la crisis humanitaria en Venezuela". En el marco de su visita a Chile, el equipo de trabajo de la ACNUDH también sostuvo un encuentro con el Departamento de Extranjería y Migración y la próxima semana se reunirán con la Gobernación y con la Municipalidad de Arica. Tras conocerse la semana pasada el duro informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el paso siguiente de la oficina encabezada por Bachelet es analizar la migración de al menos 3,4 millones de personas que han salido de ese país por la crisis.