Romel J. Puche
En prisión preventiva con la posibilidad de recuperar su libertad pagando una caución de $1 millón 200 mil, quedó el chofer de un bus boliviano identificado por las iniciales I.V.G., quien fue formalizado ayer por el delito de trata de personas.
En audiencia de control de detención llevada a cabo en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, el fiscal Javier Gutiérrez explicó que el imputado fue detenido en Colchane por Carabineros, quienes momentos antes fiscalizaron a dos ciudadanos colombianos, los cuales confesaron el ingreso ilegal a territorio chileno con ayuda del chofer del bus internacional.
I.V.G., facilitó el viaje de ambos extranjeros desde Oruro a Chile, indicándoles por dónde debían bordear el complejo fronterizo para lograr ingresar al país burlando los canales regulares.
De acuerdo a diligencias posteriores desplegadas por la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el imputado solicitó a los migrantes la suma de 100 dólares para transportarlos.
La Bitrap refirió que el ilícito quedó al descubierto luego de una acalorada discusión entre el conductor y los dos colombianos, quienes una vez en territorio chileno se negaron al pago, generándose la controversia que terminó en la detención del chofer.
En la formalización, y tras el pedido de la cautelar de privación de libertad, el abogado defensor Klaus Bremer se opuso al pedido de la Fiscalía, alegando que aquello era desproporcionado en dicha etapa judicial.
En subsidio Bremer solicitó al tribunal el arraigo regional y la firma quincenal, exponiendo que el imputado mantiene una red de amigos en Pozo Almonte quienes le prestarían alojamiento conforme dure el proceso penal.
El abogado igualmente planteó el pago de una caución dado el alegato fiscal del peligro de fuga, ofreciendo un monto de $200 mil.
Finalmente el juez, Rodrigo Villar, estimó prudente decretar la prisión preventiva de I.V.G., sin embargo, fijó el pago de la caución en $1 millón 200 mil para que el imputado enfrente la causa libre.
Si el monto es cancelado, y según el requerimiento del Ministerio Público, el chofer deberá permanecer en el territorio regional.
La PDI a través de la comisario Katherine Vásquez, jefa de la Bitrap, informó que la brigada mantiene diligencias en torno a varias organizaciones criminales dedicadas a la internación de migrantes al país, sin embargo prefirió resguardar los detalles por temor a entorpecer las diligencias.
Asimismo, manifestó que lo acontecido es el primer caso registrado en Tarapacá en el presente año, señalando que el último evento se apuntó en el año 2016.
Los ciudadanos colombianos pasaron a resguardo de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit).
