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Crece escándalo judicial en la Corte de Apelaciones de Rancagua

Tres jueces son investigados y se encuentran suspendidos en esa ciudad de la VI Región.
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Redacción/agencias

El suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, se declaró inocente de los cargos que se dictaron en su contra por tráfico de influencias, durante su declaración de este viernes.

Su abogado defensor, Boris Paredes, pidió respetar los derechos del magistrado y condenó la "crucifixión" que estaría sufriendo su representado, según una información consignada por Radio Bío Bío.

"Ningún notario, ningún conservador ha llegado acá porque tenían un currículum bajo el brazo. Es decir, necesitaron de amigos, de personas importantes e influyentes y de ministros, y en consecuencia ¿a él lo quieren crucificar por esto?", cuestionó Paredes pidiendo que "seamos serios y respetemos el principio de inocencia".

El mismo medio sostiene que Elgueta se declaró inocente; aunque sobre el pesen cuatro denuncias. La primera, apunta a supuestas gestiones que hizo para conseguir trabajos a terceros y presuntos fallos a favor de personas conocidas. Entre ellas, la contratación de su exesposa Alejandra Rebolledo, y a una exalumna.

El magistrado reconoció haber enviado el currículum de su exestudiante, pero niega haber recomendado que se contratara a Rebolledo.

Un segundo cargo por el que le acusan sería por haber presuntamente pedido a la secretaria del Primer Juzgado Civil de Rancagua la designación de Cristina Muñoz en una suplencia. Elgueta se habría defendido diciendo que se trata de una alumna, que llegó a pedirle trabajo por tener una hija de 8 años y una pareja cesante. Reconoció haber recomendado dicha suplencia, pero que finalmente Muñoz no consiguió el puesto.

El tercer cargo tiene que ver con la intervención en un recurso de protección del doctor Luis Arena, quien fue condenado en una causa por tráfico de estupefacientes, respecto del cual afirmó no haber sido el único juez en fallar, y que el recurso fue presentado por otros siete médicos.

El cuarto cargo en su contra es por haber mantenido conversaciones telefónicas con abogados en siete procesos. Cuatro de ellos no los reconoció, mientras que afirmó que otro es por una isapre, otros dos por un sobreseimiento y una atenuante de bajar de 10 a 6 años el presidio a un condenado.

El fiscal Moya dijo que tiene suficientes antecedentes contra Elgueta en la causa por enriquecimiento ilícito y prevaricación que será formalizada el próximo 26 de abril.

Además adelantó que investigará a todos los que resulten responsables de esta trama, pertenezcan o no al Poder Judicial.

En paralelo, el fiscal regional sur, Raúl Guzmán, instruye otra investigación por irregularidades en el nombramiento de funcionarios judiciales y notarios en la región de O'Higgins.

En tanto, ayer otro de los ministros suspendidos, Marcelo Vásquez, se presentó junto a su abogada Paula Vial, ante el fiscal jefe de la unidad de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya.

En la oportunidad, le entregó copias de sus cartolas bancarias desde el 2016 a la fecha. El magistrado calificó de falsas las denuncias en su contra. Tras el encuentro, también se defendió asegurando que "jamás he recibido pagos por mis resoluciones judiciales, durante las más de tres décadas que sirvo en el Poder Judicial.".

El juez Vásquez es investigado como imputado de negociación incompatible al contratar como suplente a una de sus hijas en los tribunales de familia de la zona. Vásquez, Elgueta y su par Marcelo Albornoz, se encuentran suspendidos de sus cargos por la investigación que pesa en su contra.

Ayer, el presidente (S) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, dijo que los hechos del caso "deben hacernos a todos redoblar nuestro compromiso y esfuerzo en la promoción de la ética".

Añadió que el Poder Judicial "ha promovido el respeto de la ética, la probidad y la legalidad".

"(Hechos) deben hacernos a todos redoblar nuestro compromiso y esfuerzo en la promoción de la ética".

Ministro Sergio Muñoz"

3 jueces de Rancagua se encuentran suspendidos por orden de la Corte Suprema.