El Ministerio Público adelantó ayer que analiza pedir la formalización de más funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua por corrupción. El 26 de abril está agendada la inédita audiencia de imputación de cargos contra el suspendido ministro de ese tribunal de alzada, Emilio Elgueta, al que la Fiscalía Regional de O'Higgins acusa por los presuntos delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito.

El fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de O'Higgins, Sergio Moya, comentó que su equipo ha recopilado más antecedentes "y lo más probable es que esta no sea la única audiencia de formalización y tal vez no sea el único imputado".

"El estándar que hemos reunido con los antecedentes recopilados hasta ahora nos han permitido que diversos jueces de Garantía nos den autorizaciones de medidas intrusivas muy severas, por ejemplo el alzamiento del secreto bancario, tráficos telefónicos y otros antecedentes que no puedo revelar por ahora", subrayó.

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, dijo ayer en radio Duna que "sin desmerecer la gravedad que hay en la corrupción en cualquier área, en la justicia es aún más grave;y donde se radica ahora más grave aún, porque en general los ministros de Corte de Apelaciones son lo que tienen la última palabra".

Una serie de medidas compensatorias por US$471 millones propuso ayer el Ejecutivo para convencer a la oposición de aprobar la idea de legislar la reforma tributaria.

Entre las principales medidas destaca que se dejará en claro que los rescates o retiros efectuados desde un seguro de vida con ahorro serán gravados con impuesto a la renta. Con esta medida espera recaudar unos US$ 52 millones anuales. Según el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esto no cambiará el tratamiento tributario del Ahorro Previsional Voluntario (APV), que hoy está exento de impuestos.

Adicionalmente, propone limitar el beneficio del IVA a la construcción, medida con la que busca recaudar unos US$ 106 millones. También se busca generar US$ 177 millones por el beneficio de 1% de inversión en regiones y US$ 56 millones al limitar el uso del "market maker".

Respecto de la posibilidad de que la reforma tributaria genere un aporte a las regiones del 1% de los grandes proyectos de inversión que se ejecutan en los territorios, La Moneda propuso que impacten a proyectos de más de US$ 10 millones, con plazo de cinco años para pagar aporte, además de la creación de un mecanismo de compensación interregional que derive un tercio de los montos para el municipio, otro para la región y otro para el fondo común.

El costo de la reintegración del sistema tributario llega a US$ 800 millones. La oposición pide que la compensación se acerque a ese monto enfocado en grupos de mayores ingresos .

Mauricio Mondaca

El Gobierno aceptó la renuncia del superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, quien dejó el cargo en medio de duras críticas del oficialismo y la oposición por sus polémicas decisiones y expresiones sobre el sistema de isapres, que generaron una compleja semana para La Moneda.

La presión sobre García-Huidobro se activó el lunes de la semana pasada, por la retención de parte de la devolución de impuesto de los cotizantes en isapres.

García-Huidobro fue criticado después por afirmas, respecto de la norma, que "es una ley que está saliendo, están saliendo los distintos decretos y reglamentos y estamos sacando las regulaciones de cómo van a tener que hacer el manejo de todas estas platas".

Alza de planes

El segundo problema vino luego de que cinco isapres anunciaran un alza en el precio de sus planes. "Hoy tenemos alrededor de 250 mil a 300 mil casos judicializados al año y eso tiene costos para el sistema que se traspasan a los usuarios", dijo García-Huidobro.

El corolario llegó cuando se conoció que García-Huidobro decidió postergar en dos años la obligatoriedad de las isapres de bajar el precio de sus planes a mujeres de 40 años y a afiliados con hijos que hayan cumplido dos años de edad. La medida fue revocada por el Gobierno y las bajas serán efectivas a partir de octubre en el caso de los niños y en abril del próximo año en las mujeres.

Patricio Fernández Pérez, exjefe de gabinete del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, reemplazará a García-Huidobro como superintendente de Salud subrogante. Fernández es abogado de la Universidad Católica de Temuco, magíster en Gerencia Pública y candidato a magíster en Salud Pública. Ha tenido varios pasos por el sistema público de salud.