La Fiscalía Local de Iquique en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales y de Menores (Brisexme) de la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollan desde el mes de junio de 2018 una investigación, a raíz de una denuncia por abuso sexual que realizó una funcionaria del Tribunal de Familia, en contra del magistrado Carlos Morales.
Por el evento, el juez titular del Tribunal de Familia fue separado de su cargo y actualmente cumple funciones en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique. La denuncia realizada ante la PDI por la técnico jurídico, da cuenta de que ella habría sido pareja del juez en una relación de alrededor de seis meses, y que tanto el abuso como los encuentros por su relación amorosa tuvieron lugar en dependencias judiciales.
Por la investigación desarrollada en la Fiscalía de Iquique el denunciado no ha sido formalizado, puesto que de acuerdo a lo indicado por la institución persecutora, existen diligencias pendientes que ejecuta la fiscal Priscilla Silva, especializada en casos de delitos sexuales.
Según la denuncia, los hechos se habrían registrado en mayo del año pasado, cuando presuntamente el magistrado habría intentado abordar sexualmente y por la fuerza a la técnico jurídico en su oficina, con quien ya no mantenía un vinculación sentimental. La denunciante se habría negado a dicho encuentro y sin embargo acusa haber recibido tocaciones, esto según consignó Radio Paulina.
La Corte Suprema, a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, señaló que dicha "secretaría fue informada en el mes de octubre de 2018 del ingreso de dos denuncias de acoso sexual separadas, contra integrantes del escalafón primario de la jurisdicción de Iquique, presentadas por mujeres pertenecientes al escalafón de empleados en un caso y al escalafón de profesionales en el otro. En dicha oportunidad se canalizó con las personas que oficiaban de investigadores en las causas, la provisión del apoyo de una persona profesional de la psicología para que estuviera presente durante la toma de declaración de la persona denunciante y la persona denunciada, y prestara cualquier otro tipo de apoyo que el instructor requiriera".
"Posterior a dicha información, esta Secretaría fue informada de que el caso en que las denunciantes pertenecen al escalafón de profesionales se encontraba ejecutoriado, con resultado de sobreseído. Sobre el otro caso, aún no ha sido informado su término por lo cual esta Secretaría no cuenta con otra información", añadió la dependencia.
Asimismo, el Poder Judicial indicó sobre la existencia de un principio de confidencialidad, asentado en el artículo quinto del Acta 103, además de lo establecido en el artículo 22 de la citada acta, referido a la confidencialidad de la investigación.
Dicho artículo establece que "Se prohíbe divulgar información sobre las denuncias de acoso sexual a todas las personas que, por cualquier circunstancia, han podido tomar conocimiento de la investigación o resolución del asunto, a los testigos o peritos que prestan declaración, a los órganos que intervienen, sus servidores directos y a quienes tienen la calidad de persona denunciante o persona denunciada. La transgresión de esta prohibición podrá ser considerada una falta sujeta al régimen disciplinario general".
Al ser consultado por La Estrella de Iquique, el magistrado Carlos Morales prefirió no referirse a los señalamientos en su contra, alegando el mismo principio de confidencialidad y reservada con la que se mantienen la diligencia. Sin embargo, añadió que la causa permanece en la Corte Suprema para su apelación.
Investigación en curso
La Corte Suprema da cuenta de dos denuncias de acoso sexual hechas a la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación por dos mujeres, una de ellas empleada y otra perteneciente al escalafón profesional, de los casos uno fue sobreseído y el segundo permanece en curso sin resolución definitiva. La Fiscalía de Iquique mantiene diligencias por la denuncia de abuso sexual.
Romel J. Puche
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