Al parecer, en el marco de la "Ley Ritalín", la discusión central fuera dar o no medicación a niños "inquietos" que alteran el desarrollo de la sala y el proceso de aprendizaje. La pregunta entonces es ¿Entendemos realmente la dimensión de un déficit de atención para el aprendizaje y desarrollo de un niño en etapa escolar? La respuesta, según mi opinión, es "NO".
Más allá de que si es aceptable o no la medicación (que creo es un tema entre la familia y el psiquiatra infantil), el punto central es qué puede hacer un profesor con un menor impulsivo e inquieto en una sala de 40 o más alumnos, intentando pasar un currículo que se autodefine de flexible, pero que es único y rígido para toda la cohorte.
Si no hay un proyecto de integración de por medio, los colegios suelen no hacerse cargo de estos casos, hostigar a las familias aludiendo que el colegio no es el mejor lugar para ese hijo y señalando que los profesionales del establecimiento no tienen tiempo para adaptar contenidos ni pruebas. Todo lo cual suele ser cierto, pues es el sistema el que funciona para niños estándar (de una fábrica de robots) y con contenidos únicos en formato.
Entonces, ¿qué hacemos realmente por las familias de niños inquietos e impulsivos? ¿Les damos opciones de no medicar y que los saquen del colegio o que sucumban naturalmente a no aprender y el fracaso escolar los haga migrar? O, bien, ¿generamos una política clara, inclusiva y global que nos permita enlazar la salud mental, el desarrollo y el aprendizaje en la escuela en la infancia como sociedad? En este sentido, esta ley parece un impulso sin proyección muy parecido a un niño con déficit atencional.
Claudia Figueroa
Académica Escuela Fonoaudiología
U. Andrés Bello
