Nacional - La Estrella

El autodenominado grupo "Individualistas Tendiendo a lo Salvaje" (ITS) se hizo responsable ayer del envío de un artefacto explosivo al domicilio del presidente de Metro, Louis de Grange. Se trata de la misma agrupación que atentó en 2017 contra el entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche. En un comunicado, el grupo señaló que "Metro de Santiago es la empresa que dice dar soluciones y progreso a la 'gran ciudad', con sus proyectos futuros y los ya realizados (que) sólo consiguen roer y destruir aún más la tierra, abriéndola y desgarrándola en cada vez más kilómetros, dañando terriblemente el suelo".

El texto remata señalando que "buscamos honrar la tierra con explosiones y sangre. Esta vez ha sido el representante máximo de Metro, ayer fue el de Codelco, mañana algún otro ejecutivo importante".

"Tenemos un rol social fundamental, se nos vienen tremendos desafíos a futuro. Ninguna actividad de esta índole va a hacer que dejemos de velar por la calidad de vida", dijo el presidente de Metro, Louis de Grange, al reaccionar ayer al ataque fallido.

La autoridad declinó entregar mayores detalles del hecho por la investigación que está en curso. Sin embargo, se refirió a la seguridad del tren subterráneo. "Metro permanentemente tiene los más altos protocolos de exigencia en materias de seguridad. Y esto es algo histórico, desde siempre trabaja de manera coordinada con las autoridades, con la PDI, con la policía. Por lo tanto, sobre la base de un hecho puntual, no se cambian las medidas. Es un trabajo permanente y muy profesional que hacen los equipos de Metro", dijo.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó el hecho como un "acto terrorista" y dio cuenta de la investigación que inició la Fiscalía Sur en la materia. El jefe de gabinete llamó a la tranquilidad al señalar que si bien es una situación grave, "no son hechos que se estén reiterando ni tengan comparación con otras situaciones de terrorismo".

El Papa Francisco aprobó ayer una ley sin precedentes que ordena a sacerdotes y monjas católicos de todo el mundo denunciar a las autoridades eclesiásticas todos los abusos sexuales del clero y los intentos de encubrir estos hechos por parte de sus superiores, en un nuevo esfuerzo para exigir responsabilidades a la jerarquía católica por no proteger a sus fieles.

Las víctimas de abuso y sus defensores dijeron que la nueva ley representa un avance, pero no lo suficiente porque no requiere que los delitos sean reportados a la policía y esencialmente asigna a los propios obispos desacreditados por haber manejado mal el abuso durante décadas con el manejo interno de los casos.

La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis que instalen un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. También establece procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o superior religioso.

Se trata de una nueva iniciativa de Francisco para responder al estallido global de escándalos por abusos sexuales e intentos de encubrirlos, que ha devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia Católica y de su propio pontificado.