Por el delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos a degradantes que no alcanzan a constituir tortura, fue formalizado el gendarme Jonathan Fernández Gallardo, quien el jueves pasado fue sorprendido golpeando a un imputado en dependencias del juzgado de garantía de Alto Hospicio.

En la audiencia de control de detención, la fiscal (s) Alejandra Gálvez explicó que la víctima se encontraba engrillada bajo la custodia del gendarme, en el primer piso del juzgado, cuando éste procedió a propinarle golpes de puño en el rostro y en diferentes partes del cuero, pasándolo a una sala contigua donde vuelve a agredirlo, para luego arrojarlo al carro de traslado de Gendarmería, donde lo golpea y le aplica gas pimienta.

Todos estos hechos fueron captados por las cámaras de seguridad del juzgado de garantía y a la víctima se le constataron inicialmente lesiones leves.

A juicio de la Fiscalía, estos hechos constituyen el delito que sanciona a los empleados públicos que abusando de sus funciones, aplican apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos a degradantes que no alcanzan a constituir tortura; por lo que solicitó que el imputado quedara sujeto a la prohibición de acercarse a la víctima, teniendo en consideración que Gendarmería había dispuesto que el gendarme fuera trasladado, para que cumpla funciones en un recinto distinto al de Alto Hospicio.

Finalmente el juzgado decretó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

Personal de vigilancia de Zofri aprehendió a dos sujetos, quienes fueron sorprendidos a bordo de un camión cargado de productos correspondientes a una empresa usuaria que opera en el recinto amurallado; mercancía avaluada en más de $19 millones.

La PDI informó que fueron alertados por personal de seguridad del recinto Zofri, sobre un camión de origen desconocido, que podría tener relación a un robo ocurrido en la madrugada de ayer y que afectó a una importadora de Zona Franca, ubicada en el mismo recinto.

Posteriormente, dicho personal de seguridad informó a los detectives, que alrededor de las 9 de la mañana, habrían llegado dos sujetos a bordo de un vehículo menor. Uno de ellos descendió e ingresó al camión con las llaves, siendo controlado por un vigilante. Al observar esta situación el otro sujeto se subió al auto y se dio a la fuga, logrando ser interceptado por personal policial.

Con el rápido accionar de los funcionarios de la Biro Iquique se logró acreditar que la mercadería correspondía a teléfonos celulares, decodificadores digitales y PlayStation, especies que habrían sido sustraídas desde la empresa antes mencionada, procediendo a la incautación y con ello a la detención de los sujetos de nacionalidad chilena por el delito de receptación flagrante. Las especies fueron recuperadas y devueltas a su propietario.

Redacción

A 16 años de presidio fue condenado el líder de una organización criminal Emilson Venegas Córdoba, de nacionalidad colombiana, como autor de los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

Su mano derecha, el acusado John Batalla Mosquera, fue condenado por los mismo ilícitos a 11 años de presidio, mientras que los otros ocho miembros de la banda recibieron penas que suman más de 41 años de presidio.

Con la prueba presentada en el juicio oral por el fiscal especializado Carlos González, se dio por acreditado que en virtud de una investigación dirigida por la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Tarapacá, en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Iquique, se pudo determinar la existencia de un grupo de personas que desde año 2016 hasta la fecha de su desarticulación, en noviembre de 2017, conformaron una organización jerarquizada que se dedicaba de manera sistemática al tráfico de drogas entre Iquique y la zona central del país.

La dirección de esta organización la ejercían el acusado Emilson Venegas, secundado por John Batalla, quienes utilizaron diversas formas para trasladar la droga, ya sea en camiones, al interior de bidones de gas, en vehículos con doble fondo, y utilizando personas con droga adosada a su cuerpo o tragadoras de "ovoides".

Los otros condenados cumplían cada uno funciones específicas para concretar la actividad ilícita, como dirigir el traslado de la droga, arrendar inmuebles para acopiar la sustancia en Copiapó, distribuir y comercializarla en la zona central, y también enviar las ganancias a Colombia para ocultar su origen ilícito, ya sea por los propios miembros de la agrupación o a través de terceros reclutados especialmente con ese fin.

Así fueron condenados a la pena de 5 años y un día de presidio por el delito de asociación ilícita los acusados Yulmaría Quinto García, Emilsen Venegas Córdoba, Luis Alejandro Olcay Tabilo, Faride Hernández Cañón, Edward Izquierdo Venegas, Marco Pantoja Harnisch y Diana Trujillo Patiño. Esta última acusada también fue condenada a 541 días de presidio por un tráfico de drogas, mismo ilícito por el que fue condenada la imputada Teófila Garrado Méndez a 5 años y un día de presidio.

2017 fue desarticulada la banda de narcos que se se conformó para traficar.