Redacción - Medios Regionales

Con arraigo nacional quedó ayer el general en retiro y excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, tras ser formalizado por supuesto lavado de activos en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

En febrero pasado, Fuente-Alba había sido procesado y puesto en prisión preventiva por la jueza especial Romy Rutherford por malversación de caudales públicos, por unos 3.500 millones de pesos, correspondientes a gastos reservados de la institución castrense.

Con ese proceso como base, el fiscal centro norte José Morales dio a conocer ayer una serie de operaciones financieras que habría realizado Fuente-Alba con el fin de ocultar o disimular el origen de aquellos y otros dineros. Entre esas acciones se consideran la compra y venta de vehículos de lujo y de algunos inmuebles, además de depósitos "sin fundamento" o de "origen desconocido" a distintas cuentas, algunas a nombre de su esposa.

El fiscal cifró en más de 422 millones de pesos y 341 mil dólares "los fondos clasificados como fondos por justificar y de origen desconocido, presuntamente provenientes del delito base".

En total, de acuerdo a Morales, entre 2010 y 2016 Fuente-Alba "realiza gastos, durante el periodo investigado, por $ 7.324.926.511. Los montos expresados no se condicen con los ingresos formalmente declarados por el imputado en su calidad de funcionario público, los que ascienden a $155.452.000 entre enero de 2010 y mayo de 2014".

"siete dinámicas"

El persecutor detalló, como ejemplo, que el exmilitar compró vehículos de lujo que pagaba en cuotas con 17 tarjetas bancarias, tanto nacionales como internacionales, cuyo saldo provendría de los gastos reservados. Según el fiscal, en ocasiones, Fuente-Alba no inscribió de inmediato los vehículos a su nombre, "para evitar establecer su origen ilícito".

En una ocasión, dijo Morales, compró un vehículo a nombre de su hijo, el que fue vendido siete meses después. Luego, el dinero fue depositado en un fondo mutuo a nombre del exuniformado.

"El imputado tiene al rededor de siete dinámicas o modalidades distintas de lavado de dinero: adquisición de vehículos, pagos con tarjetas de crédito e inyección de depósito en efectivo, pagos con ocupar testaferros para efecto de la compra y venta de vehículos, compra y venta de inmuebles, depósito en efectivo en cuentas, pago anticipado de créditos, con generación de inversiones", indicó el fiscal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Fuente-Alba, quien arriesga hasta 15 años de cárcel, pero el tribunal desestimó la solicitud debido a que el exmilitar cumple dicha medida desde que fue procesado por malversación. Así, el juez decretó el arraigo nacional y fijó 180 días para la investigación.

Nuevas críticas surgieron ayer a las indicaciones que ingresó recientemente el Ejecutivo al proyecto que busca reformar las pensiones y que dejará en manos de una institución privada la administración del 4% de cotización adicional, pero que excluye a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Al respecto, el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, señaló que la decisión del Gobierno "dejó claro que este es el proyecto 'Pepito paga doble', porque todos los afiliados van a tener que pagar dos veces comisión por la pega que les hagan de administrar sus fondos previsionales, uno por el 10%, y por el 4% adicional va a haber que pagarles a las gestoras sí o sí".

Santa Cruz se refirió al hecho de que las AFP serán las encargadas de recoger la cotización adicional y luego traspasar esos fondos a la entidad que gane una licitación para que las administre, gestión que por ley no contempla ningún tipo de remuneración para las aseguradoras.

En ese sentido, al no tener que reunir esos fondos, la gestión de la entidad administradora tendrá "un subsidio, porque las AFP van a tener que hacer la pega gratis, que a otros les correspondería, y más encima obligados por ley".

Para Santa Cruz, dicha práctica merma la competitividad del mercado. "Lo que aquí se está instaurando es un veto a que alguien pueda competir en un mercado y no se está dando la posibilidad" de ser parte de él, explicó.

"El principio es lo grave, porque cuando uno instaura vetos, uno sabe dónde parte, pero no sabe dónde termina. Creo que es una pésima señal para la sociedad", agregó el líder gremial.