Mauricio Torres Paredes

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, el Departamento de Auditorías Especiales de Contraloría observó el accionar de la dirección regional de Aduanas ante aquellos vehículos para los que se solicitaba pasavante, un permiso especial para salir de la región por un plazo de 90 días, pues así se le exige a los vehículos importados por la Zona Franca.

Los resultados concluyeron que el sistema electrónico de Aduanas no permitía mantener un seguimiento adecuado de los pasavantes, revelando una serie de anomalías.

El informe identificó que, de 176 casos de vehículos para los que se usó el beneficio del pasavante, en 158 casos que no habían retornado a la región y cuyo plazo de autorización estaba vencido, la Aduana regional no efectuó ninguna denuncia, ni alerta ni anulación del permiso, con el consiguiente riesgo de internar al país vehículos sin el pago de impuestos. Solo en 16 casos se realizaron acciones, mientras que en los dos casos restantes el pasavante no estaba actualizado, lo que se corrigió.

Hallazgos

Otras anomalías que consignó Contraloría tienen relación con 439 pasavantes que registran 560 multas de tránsito impagas emitidas por juzgados de policía local en comunas que no integran la Zona Franca (Tarapacá) ni la Zona Franca de Extensión (Arica Parinacota), lo que no se explica ante la restricción de salida.

También se hallaron pasavantes a nombre de personas distintas al titular del permiso. La Aduana tampoco realizó gestiones para ninguno de esos casos, según el informe.

A eso se suman 22 vehículos con pasavantes que no salieron de la Zona Franca, aunque tienen sentencias emitidas en juzgados locales externos a la zona de tratamiento aduanero especial y cursadas a personas distintas al titular. Eso se debería a que no han utilizado el permiso o a que el titular del vehículo no ha cumplido con la obligación de presentarse en la Aduana para registrar la salida.

Medidas

Contraloría sugiere una serie de medidas a Aduanas para que enfrente la situación. La de mayor prioridad es que "la repartición deberá, respecto de los casos detectados, formular una denuncia al Ministerio Público a objeto de la investigación de un eventual delito de contrabando".

El informe de Contraloría también apunta a la falta de control y coordinación con otros organismos públicos, como con las bases de datos del Registro Civil e Impuestos Internos, lo que permitiría mayor "interoperabilidad".

En el informe, fechado el 22 de mayo de este año, Contraloría da un plazo de 60 días para subsanar las observaciones a través del Plan de Trabajo para Vehículos Amparados por Pasavantes. Además, ordenó un sumario a fin de establecer las eventuales responsabilidades.

Este medio intentó obtener la versión de la dirección regional de Aduanas para conocer si se hicieron o no efectivas las exigencias de Contraloría, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

158 de 176 casos de pasavantes vencidos no tuvieron reacción legal por parte de Aduanas.

2017 entre enero y diciembre, se realizó la inspección por parte de la Contraloría General.