Habían planteado deponer ayer la toma de las sedes de la Universidad de Tarapacá, sin embargo, al comenzar a recibir correos electrónicos donde docentes los citaban a rendir las evaluaciones en otros lugares para cerrar el primer semestre académico, esta posibilidad se descartó.

Así lo aseguró Alejandra Olivares, vicepresidenta del centro de estudiantes de la carrera de Derecho de la UTA, quien expresó que con esto la casa de estudios demuestra su intención de debilitar el movimiento estudiantil.

"Mientras la universidad siga con esas prácticas arbitrarias, y con esa presión y amedrentamiento hacia los estudiantes de decirles 'sino rinden la prueba les vamos a poner 1', y buscando alternativas de cambiar las pruebas por trabajos o hacerlas online (...) vamos a continuar con la movilización", afirmó.

Olivares narró que el pasado lunes se reunieron con la directora de sede, Yasna Godoy, con quien analizaron cada punto del petitorio; en tanto, al día siguiente les entregó algunas respuestas a las cuales los estudiantes iban a entregar un documento con sus planteamientos; sin embargo, el jueves comenzaron a recibir correos electrónicos en los que se indicaban que las evaluaciones se cerraban ayer.

Ante esto, la estudiante dijo que continuarán con el paro y la toma de sedes hasta que las autoridades de la institución "se sienten con la intención real de resolver los petitorios". Además, exigirán que se invaliden las pruebas que se hayan tomado durante la movilización.

Desde la casa de estudios indicaron que están en proceso de cierre de semestre académico y que no se referirán al paro.

El destacado abogado ariqueño de Derechos Humanos, Arturo Zegarra Williamson (67 años), falleció en Iquique, luego de una larga lucha contra un cáncer que lo aquejaba.

El profesional fue uno de los fundadores de la Comisión de Derechos Humanos de Arica en 1984, cuando iniciaba su carrera profesional, dedicándose a esa labor hasta 1990.

Entre 2002 y el 2012 ejerció como Defensor Regional de Tarapacá y, un tiempo después, como Notario en la localidad salitrera de María Elena. También desarrolló un largo ejercicio como docente en la Universidad Arturo Prat, sede Iquique, donde cursó un doctorado en Derecho en convenio con la Universidad del País Vasco, impulsando una investigación sobre la aplicación del Derecho Penal en relación a los pueblos indígenas.

Evelin Aguilar Paniagua

La difícil realidad de quienes acuden a la sede de la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) de Tarapacá no es distinta a lo que ocurre en la capital. Esto lo constató la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, tras escuchar a la profesora de 76 años, Nidia Carrillo, quien llegó a llorar tras contarle que tiene 23 licencias médicas rechazadas; en tanto, Guillermo Pizarroso se exaltó al reclamar que en su caso acumula cuatro.

La autoridad de Salud dijo conocer que quienes acuden a la Compin son personas vulnerables, enfermas y que están a la espera de sus licencias médicas.

Fue así que precisó que en la región existen 1.291 licencias médicas (de pago directo y a través de caja de compensación) que están atrasadas, en su mayoría en más de 60 días. Sin embargo, comprometió que estas se resolverán en la brevedad, teniendo como plazo el 30 de julio.

Sobre los motivos de los atrasos, la médico cirujano dijo que son diversos pero apuntó a que también existe responsabilidad de los empleadores quienes -según indicó- muchas veces no remiten los contratos de trabajo y cotizaciones, documentos necesarios para los cálculos de las licencias médicas.

Intervención

Por problemas como el retraso en las tramitaciones, Daza anunció el inicio de la intervención de la Compin Tarapacá a fin de modernizar su gestión y así lograr que, a diciembre de este año, las licencias médicas que ingresen a la institución se resuelvan en 30 días.

"Un porcentaje importante de las personas que van a la Compin van a buscar información, ustedes han visto personas que dicen 'no me la pagan', 'he traído mi documento' 'mis documentos se van a Santiago' y eso no puede seguir pasando, por eso tenemos que hacer una cirugía mayor", recalcó.

Por lo mismo nombró a la funcionaria de la Seremi de Salud, Sandra Toledo, para que se haga cargo de esta "transformación".

Daza adelantó que pedirá a Paula Labra, quien lidera la intervención de la comisión en la Región Metropolitana, se traslade a Iquique la próxima semana para que, junto a Toledo, realice un diagnóstico que deberá ser reportado en 48 horas. "Este cambio implica una forma de atender de una manera distinta, si hay que aumentar el recurso humano así lo vamos a hacer, tanto en la contraloría médica como en el cálculo del subsidio", precisó.

Debido a la reducida infraestructura con la que cuenta la Compin en la región, la subsecretaria anunció que esta trasladará a nuevas instalaciones. Para ello, arquitectos de la subsecretaría llegarán a la ciudad para evaluar las dos alternativas que tiene la Seremi para su reubicación.