Patricio Iglesias P.
Diferentes reacciones ha generado en Tarapacá el decreto anunciado por el Presidente Sebastián Piñera que entrega atribuciones para que las Fuerzas Armadas apoyen el combate al narcotráfico y crimen organizado. La colaboración y el número de efectivos serán definidos por el Ministerio de Defensa.
Cabe consignar que Tarapacá junto a Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo concentraron en el primer trimestre el 37% de los decomisos de drogas en el país. Asimismo, existen 116 pasos fronterizos no habilitados en esta macrozona.
El apoyo es cerrado en el oficialismo, donde se destaca que las Fuerzas Armadas están preparadas para aportar en esta lucha, apoyando la labor de resguardo fronterizo y a las policías. Mientras que académicos ven en este decreto posibles efectos insconstitucionales, asi como una sobrerreacción en el tema fronterizo, con una mirada centralista, que afecta a las políticas de integración que han caracterizado a los gobiernos de Chile, en perjuicio de la zona norte.
Explicacion
De acuerdo a la explicación del Presidente, su decisión de enviar a las Fuerzas Armadas en el tema de control del narcotráfico se circunscribe a labores de vigilancia, inteligencia y apoyo logístico a la PDI y Carabineros.
En este contexto, la senadora UDI Luz Ebensperguer dijo que "las Fuerzas Armadas están preparadas y tienen un actuar polivalente, para informar, entregar apoyo logístico y ayudar con transporte para combatir el narcotráfico".
Sostiene que no ve una insconstitucionalidad, por cuanto en tiempo de paz las Fuerzas Armadas contribuyen en materia de emergencias, por lo que su rol que asigna el Presidente es parte de su preparación. Agregó que la región es fronteriza con países productores de droga y cree que el trabajo de las Fuerzas Armadas tendrá un impacto positivo para combatir el narcotráfico.
Opinión que comparte el diputado (UDI) Renzo Trisotti, quien cuestiona "la manera a priori que han sobrerreaccionado y caricaturizado mirando la experiencia de otros países, que son muy distintas a la nuestra. Si la militarización de la frontera contribuye a mejorar la calidad de vida de los tarapaqueños, bienvenido sea".
El diputado (PC) Hugo Gutiérrez consideró que es una medida que no resulta, precisando además que el Presidente Piñera está "usando decretos sin consultar al Congreso". Subrayó que "tengo información de lugareños de Colchane, que ya antes que este decreto se tramite, ya hay camiones militares llevando Carabineros a la frontera. Yo creo esa información". Anunció que bancada PC concurrirá a Contraloría.
La Estrella llamó en reiteradas ocasiones al senador Jorge Soria pero no contestó.
El intendente Miguel Angel Quezada, por su parte, expresó que la labor es cuidar un territorio fronterizo extenso: "Nuestras fronteras son muy extensas, de tal manera, es un hecho muy significativo para el país y para la región, que el Presidente firmara un decreto que permite aportar las capacidades de las Fuerzas Armadas para colaborar con las policías en la labor que realizan en las zonas fronterizas".
Cuestionamiento
El doctor y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, Cristian Ovando, considera que la militarización de la frontera no es usual "por cuanto las Fuerzas Armadas no tienen función policial. Sí la tienen paras asistencia técnica en catástrofes, en obras viales con el Cuerpo Militar del Trabajo".
Considera que las experiencias conocidas en México y Centroamérica donde se ha usado las fuerzas militares contra el narcotráfico no han tenido éxito "y sí han aumentado la violencia". Agregó que es llamativo que este decreto esté en el marco de las urgencias de este gobierno, "en ordenar la casa de migrantes, plan frontera, militarizar y ha descuidado la cooperación y diáligo fronterizo".
Cree además que se pasó a llevar la política de acuerdos que existía entre Tacna y Arica, Oruro-Iquique "que se debe hacer, considerando la visión regional y no con un criterio central".
Más crítica es la doctora en Sociología Romina Ramos, miembro del Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera-UNAP: "Los actores regionales no dicen nada y las medidas provienen del centro político". Añade que "se están criminalizando prácticas históricas, como los 40 años de la Feria de Colchane, donde los vecinos de Bolivia comercializan en Colchane".
Estima que hay vicios de insconstitucionalidad en el decreto presidencial que trabaja el equipo jurídico de gobierno y que deberá verlos la Contraloría.
La académica cuestiona que no se presente una política de cooperación transfronteriza y se llega a un nuevo proceder. Cree que al incorporar a las Fuerzas Armadas en el control fronterizo "no sabemos si se actúa en un marco de cooperación u hostil".
