Mauricio Torres Paredes
Por seis meses más se investigará el caso que involucra al concejal iquiqueño Felipe Arenas y al core Javier Yaryes, así como a otros particulares por los delitos de celebración de contrato simulado y uso malicioso de instrumento público. Según la imputación, los imputados presuntamente falsificaban escrituras públicas para apropiarse de inmuebles.
Desde el Ministerio Público explicaron que se pidió la ampliación del plazo debido a que existen diligencias pendientes, ya que durante la investigación (el plazo inicial también fue de 180 días) se sumaron nuevos casos que deben ser indagados.
El abogado querellante, Matías Ramírez, dijo que, si bien no está de acuerdo con la ampliación, entiende que es necesaria ya que han salido a la luz antecedentes de otras propiedades que podrían sumarse a los inmuebles de Serrano y Tarapacá, por los cuales los imputados fueron formalizados en enero.
"Habrían otros cinco inmuebles donde ellos habrían falsificado escrituras para apropiarse de manera indebida. Uno está en contra de las dilaciones, por nosotros que se avanzara lo más rápido posible, pero lamentablemente el acceso a la información, aunque lo solicita la Fiscalía, es bastante lento", sostuvo Ramírez sobre los antecedentes que deberán entregar los bancos.
Lo anterior, explicó, se debe a que durante la ampliación la Fiscalía reveló que el tribunal ordenó levantar el secreto bancario de los imputados, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2016.
"Cuando se hace un levantamiento esa información se demora en procesar. Lo importante es conocer el tráfico de los dineros una vez que se generaba la venta de las casas. Eventualmente podría configurar una asociación ilícita", agregó el abogado.
Colaboración
El abogado defensor de Arenas y Yaryes, Juan García, dijo que no les sorprendió el levantamiento del secreto bancario: "Ya teníamos conocimiento de que eso era posible. La postura nuestra siempre ha sido de colaborar con esta investigación. No tenemos temor de que se investigue todo lo que se tenga que investigar, las cuentas corrientes, contratos, lo que sea. Sabemos y estamos seguros de la falta de participación en los delitos que se están imputando. En ese sentido, esto nos tiene sin mayor cuidado".
García expresó que, en caso que sea procedente, pedirán el cierre de la investigación tras los seis meses o bien el sobreseimiento de los cargos.
"Siempre hemos sostenido que en esta causa el principal inculpado es una persona extranjera que está fugada del país y así creo que lo vamos a poder demostrar en el juicio o en la etapa procesal si es que esto no termina en un juicio oral", comentó.
En la arista política, en caso que tras los seis meses la Fiscalía decida acusar, Yaryes y Arenas podrían ser suspendidos temporalmente de sus cargos hasta una eventual absolución o condena, un hecho que asumen tanto acusados como denunciantes.
180 días más durará la investigación por orden del Tribunal de Garantía.
