Patricio Iglesias P.
Diez funcionarios públicos según la Contraloría están haciendo uso ilegal e irregular en el borde costero, en los sectores de Playa Quintero, Playa Blanca y La Virgen. No obstante, éstos aducen que se trata de sitios en situación de regulación y otros, que nunca edificaron o ya no trabajan para el Estado.
Al respecto el capitán de puerto de Iquique, Felipe Torres, señaló que una concesión marítima demora un año de tramitación, siendo la Subsecretaría de la Fuerzas Armadas la que aprueba o rechaza. Aclaró que mientras se realiza este proceso no puede construirse o levantarse una edificación, pues no se autoriza hasta tener aprobación.
De acuerdo al gobernador marítimo, Sigfrido Ramírez, los casos que acusa el informe N°377 se analizarán y responderán en el plazo que señala el informe, desde su emisión (27 de agosto).
Los funcionarios públicos aludidos por Contraloría son Guillermo Cortés, director de Senadis; Lorena Guerrero y Oscar González de la Municipalidad de Iquique; María Robles y María Vargas del Servicio de Salud; Pamela Izquierdo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Pedro García, Roberto Berríos, funcionario y exfuncionario de la Universidad Arturo Prat, respectivamente, e I.G.P, quien no es empleado público. También Julio Almanza, profesional civil de Carabineros de Chile.
Descargos
Pedro García aclaró que en playa Quintero con un grupo de personas formaron una agrupación "tras años de hacer trámites y concesiones". Explicó que la última la hicieron a nombre del Complejo Turístico Victoria con fecha 6 de octubre de 2017 con plazo de 1 a 10 años "sin recibir respuesta".
En este grupo está María Francisca Robles, del Servicio de Salud, quien explicó que "hemos hecho muchas gestiones, incluso con abogados y no hemos tenido respuesta". A la misma agrupación está suscrita la funcionaria Pamela Izquierdo.
El director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Guillermo Cortés, quien figura con ocupación "ilegal" en playa Quintero, aseguró que "nunca construí nada" y que no hay nada de infracción. De hecho el informe de Contraloría precisa que "el funcionario con fecha 26 de julio de 2019 declara bajo juramento de fe que durante el año 2017 mantuvo una ocupación y la respectiva solicitud de regulación, señalando que esa situación cesó completamente durante ese mismo año, y que en la actualidad no mantiene ninguna ocupación en el sector de Playa Quintero".
Mientras que de I.G.P. el informe señala que "dicho servidor presentó su renuncia a contar de diciembre de 2018, levantándose la observación".
Roberto Berríos, quien ya no se desempeña en el sector público, vía WhatsApp dijo que a su regreso a Iquique hablará del caso.
No fue posible conocer situación de personas de municipio y Carabineros.