Expectante se manifestó la delegación zonal del Colegio de Arquitectos por la tramitación de un nuevo Plan Regulador Comunal en la Municipalidad de Iquique, tras casi 40 años sin actualización.

Ante la discusión que ha generado en diversos actores sociales, especialmente con la propuesta de restringir la construcción en altura en el caso histórico y el borde costero, la presidenta regional del gremio de arquitectos, Javiera Salinas, rechazó las posturas que apuntan a un aumento en el valor de las viviendas de aprobarse un límite a los edificios.

Su cuestionamiento apuntó principalmente a la posición de la Cámara Chilena de la Construcción, desde donde expresaron que al reducir el número de unidades habitacionales, el precio de las viviendas aumentará, imposibilitando el acceso de las familias iquiqueñas.

"Creo que es necesario regular y redefinir el casco histórico y el Plan Regulador es una buena herramienta para eso", manifesó. Junto con confirmar que están de acuerdo en limitar las alturas, la representante gremial sostuvo que eso no necesariamente significa reducir la densidad.

"El mito de que al disminuir las viviendas aumentan los precios... No es una cosa que sea lineal. Si se analiza fríamente y con los mismos datos que ha tenido la Cámara, el precio se ha elevado igual, con o sin plan regulador. El precio de las viviendas ya está alto y lo reflejó un mismo estudio de la Cámara hace unas semanas. Los iquiqueños deben ahorrarse su sueldo completo por 10 años para poder comprarse una casa", señaló.

Aunque advirtió que el tema de la vivienda se mueve en un sistema de libre mercado y que discusiones como el plan regulador sirven de "excusa" para aumentar los precios, Salinas afirmó que el Estado debe "tomar cartas en el asunto", así como otros actores particulares.

"Hay casos exitosos de inmobiliarias que construyen proyectos pequeños y siguen siendo rentables y vendibles", aseveró.

Mauricio Torres Paredes

La Comunidad Indígena de Chusmiza Usmagama manifestó su preocupación ante la escasez de agua en la comunidad, hecho que, según cuestionaron, tendría relación con la construcción de un sistema de Agua Potable Rural (APR), obras que se iniciaron a fines del año pasado.

Andrea Platero, secretaria de la Comunidad, explicó que, tras prácticamente un año, "las consecuencias están a la vista, porque se secaron las siembras. Nosotros llegamos a un acuerdo de que la empresa debía dejar, por lo menos los fines de semana, (agua) para que los agricultores pudieran regar sus chacras que son poquitas y ese acuerdo no se ha cumplido". La dirigenta afirmó que desde que asumieron la directiva, en junio, llegaron a un acuerdo con la empresa.

Platero aseguró que también está el inconveniente de que no se da aviso de las obras. "Nos llegan quejas de la gente, porque cuando van a ver sus casas, se encuentran que afuera hay zanjas abiertas. El tema es que no hay comunicación con la empresa".

"La comunidad tiene una visión sustentable. Tenemos nuestra agua, nuestras chacras, sembramos para nuestros animales y así continúa ese ciclo, pero lamentablemente la empresa rompe nuestro sistema de vida y es difícil que entiendan eso. El sistema de APR es una medida de reparación del Acuerdo de Solución Amistosa que tiene la comunidad contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguen vulnerando nuestros derechos", manifestó.

Agua adicional

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, servicio público a cargo del proyecto de APR, comunicaron que la escasez de agua se debería a una celebración que se realizó en la localidad durante la semana.

Detallaron que el estanque utilizado es de 120 metros cúbicos (120.000 litros), y que la vertiente que lo aliementa tiene un caudal de 0.13 litros por segundo, es decir, informaron, se necesitan casi 10 días para llenarlo, sin embargo la estructura está en regular estado y se pierde mucha agua.

A nivel ministerial afirmaron que la empresa les comunicó que se les entregó agua adicional a los comuneros, ya que se les agotó con la fiesta que realizó la comunidad.

Acotaron que a fines de octubre la empresa a cargo del APR habilitará la aducción, tubería que conduce agua desde un punto alto a otro menor, una acción que mejoraría el sistema de riego en el pueblo.

Soledad Carvajal, una de las agricultoras afectadas, explicó que no se ha respetado el acuerdo de permitir el agua para el riego: "De las ocho a las cuatro iban a usarla ellos y de las cuatro de la tarde a las ocho de la mañana iba a correr al estanque y eso no lo han cumplido. Si no hay agua para regar las plantas es frustrante. Es cierto que antes había poca agua, pero nunca tuvimos problemas para regar nuestra alfalfa. En estas fechas sembramos habas, maíz y ahora no hemos podido, porque tenemos miedo de que se nos seque todo". Carvajal precisó que no se trata de un tema monetario, sino de algo incluso inmaterial: "Las llamas quizás no son un capital, pero es lo que uno ama, lo que uno quiere, lo que a uno le piden las raíces, regar sus plantas y cuidar a sus animales. Aunque sean pocas, esas son mis riquezas", aclaró.