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El panorama que deberá enfrentar Sánchez con un Congreso dividido

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Medios españoles calificaron las elecciones de noviembre en España como un "fiasco" para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No solo porque perdió un importante número de votos, sino porque deberá volver a pactar para formar el Gobierno -un hecho resistido por el Presidente Pedro Sánchez, en unos comicios que fueron marcados por la creciente irrupción de la ultraderecha. Los resultados no fueron los esperados para el oficialismo español.

El PSOE venció con el 28% de los votos, lo que le significó 120 escaños -tres menos de los conseguidos en abril-, pero igual quedó bastante lejos de los 176 necesarios para conseguir la mayoría parlamentaria -son 350 los cupos del Congreso-, por lo que deberá barajar estrategias para la formación del gobierno.

La situación para formar gobierno se complica aún más para el PSOE tras la caída de parlamentarios del otro movimiento de izquierda, Unidas Podemos (UP), que pasó de 42 a 35, aunque ni Sánchez ni Pablo Iglesias, líder de este partido, han conseguido llegar a consensos a lo largo del año.

Esto se suma a la debacle de Ciudadanos, de 57 a 10 escaños -una de las grandes opciones que tenía Sánchez para pactar en abril-, y al aumento de diputados de los opositores Partido Popular (PP) y Vox, lo que genera mayor incertidumbre en el Congreso y en la gobernabilidad de Sánchez. El PP y Vox fueron la segunda y tercera fuerza más votadas, con 88 y 52 escaños respectivamente. El primero subió 33 y el segundo 28 en su número de diputados.

Ante este panorama, el líder de UP, Pablo Iglesias, aseguró que "si después de las elecciones en abril era una oportunidad histórica, ahora es una necesidad histórica un gobierno progresista que pare a la extrema derecha", por lo que llamó a Sánchez a unir fuerzas. "Con más de 50 diputados de Vox se duerme peor que con ministros de UP", agregó.

OEA pide reunión del parlamento de Bolivia para evitar un vacío de poder

El organismo sostuvo que "es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades respecto a la comisión de delitos vinculados al proceso electoral".
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Redacción - La Estrella

La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó "cualquier salida inconstitucional" a la crisis política y social que atraviesa Bolivia y, con el objetivo de garantizar el "funcionamiento institucional", solicitó una reunión "urgente" de la Asamblea Legislativa.

La Secretaría General de la OEA, liderada por Luis Almagro, llamó ayer lunes "a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho" en Bolivia, un día después de que Evo Morales y otros altos cargos presentasen su dimisión por las críticas recibidas tras la difusión de la auditoría electoral hecha por la organización y por la sugerencia de las FF.AA. a dejar el cargo.

Este informe, elaborado precisamente por la OEA, denunciaba irregularidades en las últimas elecciones presidenciales y abogaba por una repetición electoral que ha quedado en entredicho tras la salida de Morales y la falta de un sucesor claro por la oleada de renuncias.

"La Secretaría General solicita que en forma urgente se reúna la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia a los efectos de asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen un nuevo proceso electoral", manifestó la organización en un comunicado.

Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la Constitución señala al vicepresidente de la República, al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, en este orden, para reemplazarlo, pero todos ellos han renunciado igualmente.

La segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, se ha declarado "dispuesta" a asumir la Presidencia del país de forma interina, aunque cualquier cambio depende ahora de que se reúna el Parlamento.

La Organización de Estados Americanos también recalcó en el comunicado que "es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades existentes respecto a la comisión de delitos vinculados al proceso electoral celebrado el 20 de octubre". Debe hacerlo, ha añadido, "hasta las últimas consecuencias", dijo la OEA sin entrar en más detalles al respecto.

20 de octubre se realizaron las cuestionadas elecciones presidenciales.

13 de noviembre iba a ser publicado el informe de la auditoría de la OEA, pero se adelantó.