Patricio Tapia - Medios Regionales

La crisis social chilena, desde su estallido, ha ido moviendo su foco principal entre las demandas sociales, la violencia, las manifestaciones masivas y las respuestas de Gobierno y del mundo político. A medida que avanzaron las semanas desde el 18 de octubre pasado, una de las reivindicaciones que ganó terreno fue la necesidad de un cambio constitucional, que trazó su hoja de ruta recién este viernes, cuando las fuerzas representadas en el Parlamento lograron un acuerdo para dar el primer paso hacia un plebiscito.

El Gobierno decidió la noche del domingo 10 de noviembre que se iniciaría un proceso para redactar una nueva Constitución. El mecanismo era incierto y los días siguientes transcurrieron entre discusiones, negociaciones y búsquedas de acuerdo. En paralelo, las descargas online del texto de la Carta Magna y su adquisición en librerías rompió todos los récords. Finalmente, la ciudadanía elegirá en abril de 2020, la opción de una "convención constituyente" compuesta en su totalidad por ciudadanos elegidos para ese efecto o la opción de una "convención mixta" compuesta por una mitad de parlamentarios y una mitad de ciudadanos elegidos.

Muy atento al proceso ha estado el académico Pablo Ruiz-Tagle, como ciudadano, por supuesto, pero también como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, especialmente, como destacado constitucionalista. La Constitución es un tema que ha abordado desde distintas perspectivas y en varias publicaciones. La última, "Cinco repúblicas y una tradición" (LOM, 2016), ha reconstruido la historia constitucional de Chile distinguiendo cinco diferentes repúblicas (desde la de la "independencia" hasta la "neoliberal") con la propuesta de cambiar la Constitución para llegar a una Sexta República, aunque la idea era que el cambio tuviera lugar de una forma menos agitada y urgente.

-¿Cómo afecta concretamente la Constitución la vida de las personas?

-Lo primero que debo decir es que la solución a todos los problemas de Chile no está en la Constitución. Lo que sí hace la Constitución es establecer los procedimientos para buscar soluciones a esos problemas. La Constitución obliga en forma directa a todas las personas en Chile. Reconoce y garantiza los derechos (salud, educación, trabajo, seguridad social y otros) más importantes. Además, organiza el Estado que se financia con los impuestos de la ciudadanía. Es un documento que contiene valores, principios y normas fundamentales de la sociedad chilena y sirve para que nos sintamos parte de nuestra patria.

-¿Por qué la cuestión de una nueva Constitución ha adquirido tanta fuerza? Antes de esta crisis parecía ocupar un lugar secundario, según algunas encuestas, en la preocupación ciudadana.

-Desde el año 2015, al menos, una mayoría de la población ha respondido en las encuestas que quiere hacer cambios a la Constitución chilena actual. En encuestas más recientes la ciudadanía chilena ha expresado en forma mayoritaria la necesidad de tener una nueva Constitución.

-Usted ha criticado la Constitución, pero sus deficiencias y errores no los atribuye exclusivamente a su origen.

-Los defectos de nuestra Constitución no son solo derivados de su origen, sino también de un diseño equivocado en la forma de los derechos, en privilegiar demasiado la no interferencia estatal, en su excesivo presidencialismo, su desconfianza de las mayorías, su compromiso con la confusa idea de la seguridad nacional y muchas otras cuestiones. La Constitución que tenemos expresa muchos de nuestros traumas y es, como he explicado en uno de mis libros, un ejemplo de esa forma defectuosa que tiene el "constitucionalismo del miedo".

-¿Cómo se puede relacionar el "estallido" o crisis social con la Constitución?

-El sistema político, social y económico de Chile entró en una fase de revuelta violenta por no atender demandas insatisfechas de grupos mayoritarios y minoritarios y por haber generado condiciones de humillación de una parte significativa de la ciudadanía chilena. Esta crisis es multiregional, multicausal y estamos ad portas de un fenómeno revolucionario violento del cual todavía pende de un hilo nuestra frágil institucionalidad y nuestro sistema democrático. Espero que podamos evitar la fase más destructiva de este proceso que sería el fin del Estado de Derecho.

-Si, como parece, es algo muy central en todo esto la desigualdad, ¿influye que los derechos sociales se plantearan constitucionalmente como "libertades"?

-Por supuesto que los derechos económicos y sociales deben tener una cara de no discriminación y de igualdad que beneficie a toda la ciudadanía y que facilite la intervención estatal. Lamentablemente este rasgo no ha estado presente en la estructura de los derechos económicos y sociales en la Constitución vigente. Por eso debemos modificarla.

-Mencionó como problema la doctrina de la Seguridad Nacional, que ha asomado incluso con la convocación al Cosena. ¿Qué opina de ella?

-La doctrina de la Seguridad Nacional y el Cosena, que es el órgano que administra esta doctrina, son expresiones constitucionales antidemocráticas que no pasan el test mínimo del constitucionalismo democrático republicano. La seguridad nacional se inventó en la funesta Escuela de las Américas para comprometer a las Fuerzas Armadas en las luchas antiinsurgentes y perseguir a los grupos y personas de izquierda con la lógica de la guerra interna. La seguridad nacional es necesario multiplicarla por cero y validar un concepto de orden público y de defensa exterior de la patria que sea compatible con los derechos humanos, la democracia, la dignidad, la libertad y la igualdad de toda la ciudadanía chilena.

-En su libro "Cinco repúblicas y una tradición" avizoraba una posible "sexta república" de un Estado social y democrático y una nueva Constitución. Supongo que pensaba que se hiciera en otras condiciones que las actuales…

-Me hubiese gustado llegar a la Sexta República chilena antes y en condiciones más pacíficas, sin violencia, sin saqueos y sin incendios que son siempre objetables como método de acción política. Pero ahora que se han producido estas acciones condenables, el proyecto de Estado Social y Democrático y la nueva Constitución del Bicentenario que Chile necesita, que ya desde al menos desde el año 2008 he propuesto con muchas otras personas, lo veo como un componente esencial de la tranquilidad y de la paz que Chile requiere para el siglo XXI.

-Antes de la propuesta acordada, una posibilidad para una nueva Constitución era que el actual Congreso y el Presidente propusieran una, que fuera aprobada o rechazada por plebiscito…

-Esa es una posibilidad entre varias que existen para acercarse al ideal de la Sexta República chilena. Prefiero plebiscitos en que se sepa con toda claridad la propuesta que se está votando y no preguntas abiertas que favorecen el autoritarismo y una supuesta conexión directa y hasta mística entre quien hace la pregunta y quien se beneficia de ella saltándose las instituciones representativas. Eso es Bonapartismo y, en verdad, constitucionalismo autoritario.

-Pero la suerte está echada en una forma distinta: se haría mediante un Congreso o una Asamblea constituyente, o como se le llama en el acuerdo, Convención Mixta o Convención Constituyente, según se decida en un plebiscito en abril. ¿Son viables esas opciones?

-La decisión de un Congreso o Asamblea constituyente como también el contenido de lo que será una nueva Constitución y los procedimientos que se utilicen para llegar a ello están pendientes. Yo apoyaré el procedimiento que las fuerzas políticas de la oposición representadas en sus partidos y los partidos de Gobierno acuerden, como la mejor para Chile. No estaré de acuerdo con aspectos puntuales de esa fórmula porque no existe un sistema o procedimiento perfecto, pero la situación chilena es delicada y requiere de responsabilidad ciudadana.

-Ante la posibilidad de una "Convención mixta" (con participación de miembros del actual Congreso) o una Asamblea o Convención constituyente (con miembros elegidos solo para efecto de una nueva Constitución). ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la "Asamblea constituyente"?

-Hay muchos tipos de Convenciones constituyentes y otro tanto de Asambleas constituyentes. Como todos los procedimientos políticos y constitucionales, tienen defectos y virtudes. La Asamblea Constituyente es un mecanismo representativo, no necesariamente de participación y deliberación como dice la Declaración de Partidos Políticos de la Oposición que supone instalar un órgano paralelo al del Congreso que una vez concluido su trabajo, devuelve un texto constitucional para que este lo apruebe como un buzón o delibere y pueda modificarlo. Si los partidos políticos organizados no quedan conformes con el resultado de la Asamblea Constituyente se puede producir un grave problema institucional. Instalar una Asamblea Constituyente requiere solucionar muchos problemas de coordinación y procedimientos y demorar la aprobación de la Constitución. Hay muchos otros temas en este procedimiento que muchos ven como una panacea, pero dejémoslo hasta ahí, por ahora.

-Si la opción fuera una "Convención mixta", ¿cuáles son sus ventajas y desventajas?

-La Convención podría haber sido puramente parlamentaria y en ese caso requiere definir qué pasa con los congresistas actualmente en funciones y determinar una fecha de elección de los nuevos representantes. Si, como se pretende, es una Convención Mixta, y se integra además con otras personas no congresistas, es necesario fijar las reglas y las características de su elección (distritos, circunscripciones) y los porcentajes de cada uno de estos grupos de personas y la calidad vinculante o no de sus decisiones. Son muchos temas, casi tantos como los de la Asamblea Constituyente. Por eso, en todo lo que se refiere al procedimiento espero que los partidos de la oposición y del gobierno se pongan de acuerdo y esa decisión es la que la ciudadanía debe apoyar y trabajar con sentido patriótico para que funcione.

-Probablemente muchas de las dificultades de una convención mixta sean cómo determinar los miembros "ciudadanos" de la misma: quiénes serán, cómo se elegirán. ¿Se pueden sortear?

-Se pueden sortear, pero existe el riesgo que las personas sorteadas no quieran participar y/o que los partidos políticos, que son parte de nuestra geología y estructura tradicional constitucional, al no tener vínculo alguno con las personas sorteadas los perciban como extrañas, las manipulen, o derechamente las ignoren y minimicen en sus opiniones y decisiones.

-Y, es de suponer, habrá que evitar formas de corporativismo.

-El corporativismo que supone instalar formas de agencia política funcional al margen de los partidos políticos es siempre contrario a la democracia constitucional.

-A su juicio, ¿qué dos o tres aspectos fundamentales debieran cambiarse en una nueva Constitución?

-Incorporar el reconocimiento de los pueblos originarios; reconfigurar y garantizar adecuadamente los derechos económicos, sociales y culturales; e introducir mecanismos de flexibilización y colaboración entre el Presidente y los demás órganos constitucionales, incorporando también un Ombudsman entre muchas otras propuestas de cambio. Desde 1990 a la fecha se han hecho cerca de 260 reformas y nos falta completar más del doble de nuevos cambios para tener una Constitución plenamente democrática.

- ¿Y qué aspectos positivos de la actual Constitución debieran ser conservados?

-Hay muchos aspectos positivos. Por ejemplo, el inciso primero del artículo primero que personalmente pienso puede mantenerse dice: "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Otro artículo que siempre me ha parecido rescatable por su apertura potencial hacia una política de gabinete o de un primer ministro con atribuciones protoparlamentarias, es el inciso tercero del artículo 33 que dice: "El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional". Lástima que desde 1990 a la fecha este artículo nunca haya sido usado.

-¿Considera que es un buen momento para avanzar a una forma de parlamentarismo?

-Yo siempre he sido partidario del parlamentarismo, porque al igual que Gabriel Amunátegui y otros estudiosos del constitucionalismo chileno, pienso que coincide con nuestra geología política más profunda que está constituida por nuestro régimen y estructura de partidos. Sin embargo, como he propuesto en mi libro Cinco repúblicas y una tradición creo que en esta materia es necesario avanzar gradualmente y no en forma brusca hacia esa forma política. Para eso, desde 2008 es que me inspirado en las ideas de Zovatto y Orozco y he propuesto para Chile de un presidencialismo flexible que sepa equilibrar el poder del Presidente con el de otros poderes del Estado y dar más legitimidad y eficiencia en la aplicación de las políticas públicas en un régimen más intenso de colaboración institucional.

-¿Cómo ve este "momento" constitucional: con miedo o esperanza?

-Yo siempre he sido optimista; por eso también, autoflagelante. Creo que podemos hacer las cosas mejor. La crisis chilena es muy profunda en términos económicos y sociales y van a existir efectos económicos, sociales y políticos muy negativos. Pero la historia constitucional de Chile muestra que en la adversidad y con muchos defectos hemos sabido construir un país digno que puede ponerse de acuerdo, vivir en paz y ser fiel al menos parcialmente a los ideales del constitucionalismo republicano y democrático.