El mercado negro de los "chutos"
Tras el comercio de vehículos irregulares, en la frontera Chile-Bolivia, hay un entramado que incluye robo de automóviles, narcotráfico, corrupción policial, asesinatos, pueblos enteros dedicados al contrabando, empresas que hacen la vista gorda, y un conflicto internacional que actualmente incluye dos países, Chile y Bolivia, pero que amenaza con ampliarse a otras naciones fronterizas sudamericanas.
Esta es una investigación colaborativa realizada por los periodistas Carlos Luz, del diario La Estrella de Iquique; Cristian Ascencio, del periódico El Mercurio de Antofagasta, y Beatriz Layme, del diario Página Siete (Bolivia) en alianza con la plataforma periodística Connectas y el International Center for Journalists (ICFJ). El multimedia con la investigación completa puede ser revisado en www.connectas.org o en www.autoschutos.com.
En la frontera chilena-boliviana un negocio que involucra a grupos de crimen organizado de ambos países se ha consolidado en la última década: el intercambio de vehículos robados por droga.
El modo de operar implica que una mafia chilena roba un vehículo, lo cruza ese mismo día hasta territorio boliviano por alguno de los más de 100 pasos clandestinos fronterizos y, allá, se reúne con algún grupo boliviano con el que intercambia el auto por algunos kilos de droga. Una Toyota Hilux del año cuesta unos 2 kilos de cocaína, según información vertida por los mismos condenados en sus declaraciones judiciales.
El negocio es tan lucrativo que, en el caso chileno, se han descubierto bandas integradas por más de veinte personas, con alto nivel de organización en la obtención, traslado y venta de vehículos; así como con ganancias millonarias, de acuerdo a los datos de varios expedientes judiciales. Cada kilo de cocaína se puede vender en las grandes ciudades de Chile, como Antofagasta y Santiago, en 15 mil dólares.
En Bolivia las bandas no tienen muchas dificultades para deshacerse de un vehículo ilegal y venderlo en el mercado negro, según lo demuestran las investigaciones de las autoridades de ambos países y el reporteo efectuado para esta investigación transnacional en que participaron tres medios, Página Siete de Bolivia, El Mercurio de Antofagasta y La Estrella de Iquique, en alianza con la Plataforma Connectas y el International Center for Journalists (ICFJ).
Los vehículos sin documentación legal son conocidos como "chutos" en Bolivia, y algunos analistas estiman que actualmente hay 450 mil máquinas bajo esa condición en ese país, equivalente a un cuarto de todo el parque automotor boliviano.
No todos los "chutos" son robados, también están los que son adquiridos en la Zona Franca de Iquique. Aunque estos por su antigüedad no están autorizados para ingresar a Bolivia, empresas utilizan a personas sin hogar como testaferros para esquivar la burocracia aduanera y luego ingresar los vehículos a Bolivia por algún paso fronterizo clandestino. Esto último es una práctica conocida, pero el mercado automotriz es tan importante para Iquique que pareciera ser que todos prefieren mirar para otro lado mientras el dinero siga corriendo.
La frontera caliente
Panavinto es un pueblo de 10 casas de adobe y paja que existe desde antes que se fundara Chile, o Bolivia, o la frontera que los separa. Ahora, por cuestiones geopolíticas Panavinto quedó estratégicamente ubicado al lado de uno de los pasos fronterizos más activos de Sudamérica: el de Pisiga-Colchane.
Personas, dinero y comercio, del legal e ilegal, cruzan de un lado a otro sin detenerse, ni siquiera cuando la aduana está cerrada.
Panavinto está a unos ocho kilómetros del límite fronterizo, en medio de una pampa rasgada por el viento altiplánico.
Dos adultos aimaras que bordean los 90 años son los únicos habitantes que persisten en Panavinto. Sus nueve hijos se turnan para ir a verlos y dedicarse a la siembra de quinua y papa. También al pastoreo de corderos y ovejas. De noche soportan los cinco grados bajo cero que caen sobre el desierto. Y tratan de no meterse en otros asuntos.
Por eso, prefieren no mirar a los "chuteros" cuando utilizan los dos caminos que rodean el poblado para cruzar la frontera.
"En el día andan, en la noche también… es su negocio, años trabajando en esto", dice Marcia sentada en un banco afuera de su hogar.
Es la mañana del primer viernes de agosto y una caravana de cuatro vehículos "chutos" pasa alrededor de Panavinto con dirección a Bolivia. "No meter con ellos", recalca Marcia.
Un nieto de Marcia, que no quiso identificarse por seguridad, lamenta por teléfono los robos que han sufrido de ladrones de vehículos: "Antes había un sistema radial, pero se llevaron todo: las antenas, radios y baterías. Después las placas solares e intentaron robarse una camioneta, pero como estaban mis tíos, se enfrentaron a los bolivianos". Agrega que la familia ha tratado de convencerlos para que se muden a la ciudad de Alto Hospicio, a casi cuatro de horas de Panavinto y a 10 minutos de Iquique, "pero están acostumbrados a la vida de allá arriba", a 3.700 metros de altitud.
Los vecinos más cercanos de Marcia y su esposo son no más de tres familias en el pueblo de Ancovinto, población en la que también abundan las casas deshabitadas y que está a 10 minutos en vehículo. A 25 minutos de Panavinto queda Cariquima, donde el Ejército chileno instaló una unidad militar en 2015 para resguardar la frontera. A 40 minutos está la unidad más cercana de Carabineros. "Panavinto y otros pueblos están abandonados y falta más apoyo de las autoridades… El gobierno chileno nunca se ha preocupado de la frontera, acá llegan personas del vecino país y hacen maldades. Esto ha sido planteado a los gobiernos, a los alcaldes, pero ellos no han hecho mucho y por eso murieron hermanos por parte de ladrones de vehículos. La gente vive atemorizada", reclama el dirigente aimara Pedro Flores, de Cariquima, sector de Colchane que reúne nueve poblados.
A las 15 horas del jueves 8 de agosto otra caravana de "chuteros", esta vez de 23 vehículos retirados de la Zona Franca de Iquique, sector industrial a cuatro horas de Panavinto, pasó alrededor del hogar de Marcia, pero un contingente de carabineros y militares la detuvo. Sin embargo, como el Servicio de Aduanas no había denunciado, la banda conformada por 27 ciudadanos bolivianos -11 de ellos habían ingresado ilegalmente a Chile- quedó libre, a pesar de ser detenida a tres kilómetros de Bolivia por el delito de contrabando, que considera penas de entre 61 días a tres años de cárcel, y multas de una a cinco veces el valor de lo incautado.
"Los vehículos 'chuteros' son los que se comercializan en la Zona Franca de Iquique y tienen como destino Colchane, por lo que pueden moverse por toda la comuna, sin salir del país, pero cometen el delito de contrabando porque son ubicados en caminos y sectores no habilitados cercanos al límite con Bolivia y se presume que quieren cruzar ilegalmente la frontera", explica el subprefecto rural de Colchane, Cristian Monroy.
Hardy Torres, fiscal jefe en la provincia del Tamarugal, agrega que ningún "chutero" detenido por contrabando puede ser formalizado e investigado sino existe antes una denuncia del Servicio de Aduanas. "Más allá de que los detenga Carabineros, siempre esas personas van a quedar apercibidas, libres, independiente si llevan un vehículo o muchos. Esos antecedentes son remitidos a Aduanas que analizará el caso y tiene un plazo de tres años para decidir si denuncia o no, y si lo hace, recién la fiscalía puede comenzar la persecución penal".
Carabineros informó que en julio otro operativo evitó el cruce de once contrabandistas con once autos por un camino que rodea los pueblos de Ancovinto y Panavinto. El subprefecto rural añade que entre enero y la segunda semana de agosto arrestaron a 78 "chuteros", 67 bolivianos y 11 chilenos, y recuperaron 85 vehículos indocumentados. En el aparcadero de la subcomisaría de Colchane hay decenas de autos "chutos".
El negocio está lejos de acabarse y algunas zonas de Colchane siguen siendo clave para los contrabandistas y ladrones de vehículos. Pisiga Choque y Pisiga Centro, pueblos que miran las aduanas de ambos países por ubicarse a un costado de ellas, funcionan, según Carabineros, como lugares de encuentro de organizaciones delictivas para la entrega de los autos. Muchos de ellos destinados a los departamentos de Potosí y Oruro (Bolivia), y trasladados de madrugada, la mayor parte de las veces con luz de luna.
Antes de instalarse la unidad militar, hace cuatro años, Cariquima era el lugar de reunión de los "chuteros" y donde los transportes indocumentados partían hacia Bolivia. "Era un punto neurálgico para ellos y uno iba y podía ver 300 autos. A los lugareños les producía cierto temor porque llegaba gente desconocida, que era de distintos lugares de Bolivia, de Santa Cruz, Cochabamba", dice el consejero regional de Tarapacá, Eduardo Mamani.
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En Ancovinto vive Roberto, de 72 años, quien desde el pueblo ve pasar hileras de vehículos. Recuerda que en 2014 despertaba de madrugada, cuando la temperatura bordeaba los cero grados, para realizar el trabajo más peligroso de su vida: cobrar un peaje de mil pesos chilenos (casi dos dólares de la época) a cada conductor de un auto "chuto" que pasaba con dirección a Bolivia.
"A veces nos hacíamos 80 mil pesos en un día. Era un triunfo para nosotros porque son bien tacaños". Agrega que el turno iniciaba a las 5 de la madrugada y terminaba de día, a las 10 de la mañana, por ser uno de los horarios más utilizados para el traslado de vehículos desde Colchane hacia Bolivia. Cinco pobladores, según Roberto, cobraban bajo su propio riesgo. "(Los 'chuteros') andan con armas de fuego y se agarran con los carabineros bolivianos (sic)".
Uno de los que participaba en el cobro, según Roberto, era Elías Gómez Challapa, representante de Ancovinto en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Dice que al año siguiente de los cobros, murió degollado en su casa cuando intentaron robarle su camioneta. Según habitantes de Cariquima y Ancovinto, un "chutero" lo asesinó. Una publicación del diario La Estrella de Iquique informó que fue golpeado brutalmente en la cabeza y su casa fue registrada por desconocidos.
Los colchaninos tampoco olvidan el asesinato del chofer de la Municipalidad de Colchane, Fidel García García, de 35 años de edad en 2004, uno de los primeros ataques vinculados a ladrones y contrabandistas de vehículos. Lo hallaron muerto a un costado de la ruta A-97 B, a menos de un kilómetro de Cariquima y a 20 minutos de Panavinto. La Fiscalía de Tarapacá comenzó una investigación por homicidio y robo de vehículo. Según el informe policial, el cuerpo presentaba indicios de haber sido arrastrado tres metros, y lo habrían ahorcado con una cuerda confeccionada con lana de llama. Archivaron el caso en febrero de este año y sigue sin culpables.
A pocos metros del hallazgo de García García, hallaron el cuerpo de otro poblador de Colchane. Esta vez era el cadáver de Ángel Mamani, a quien le dispararon dos veces en la cabeza, en 2009. Sus crímenes comparten en común el robo de sus vehículos. El sector de ambos asesinatos está adornado con coronas y una cruz de flores que simbolizan para los comuneros la crueldad de los delitos, la que ha llegado junto al narco y al contrabando, que afectan a los pueblos fronterizos de Chile y Bolivia.
"El asesinato de Elías Gómez marcó un antes y un después en los pobladores porque era un buen dirigente y reclamaba por la inseguridad. Varios decidieron trasladarse y poco a poco los pueblitos y caseríos se han ido despoblando", dice el consejero regional Mamani. Con base en datos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en los últimos cinco años el número de familias de las nueve comunidades de Cariquima, entre ellas Panavinto y Ancovinto, disminuyó de 70 a 49, precisa la autoridad.
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El bloqueo fronterizo del gobierno chileno para controlar la llegada de migrantes por el complejo de Colchane empeoró la situación de los pueblos repartidos en esa franja. El presidente de la comunidad indígena de Panavinto, Héctor Flores, dice que ya no pueden intercambiar productos como antes con bolivianos de Pisiga Bolívar, con quienes tenían acceso libre para el tradicional trueque cada 15 días. Marcia y su esposo intercambiaban cuero y lana de su ganado por arroz, fideos, azúcar y carne. Ahora sus hijos tienen que comprarles en Iquique los mismos productos, a cuatro horas de su hogar.
El cierre de un paso ancestral que existe desde antes de que se fundaran las naciones de Chile y Bolivia, usado para el intercambio de productos básicos a un costado de las aduanas, es parte del plan Frontera Segura del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien visitó Colchane en agosto pasado para dar comienzo al apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías en el combate fronterizo contra el narco, el contrabando, la trata de personas y otros delitos del crimen organizado, como el robo de vehículos. Según datos de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros entre 2015 y el primer semestre de 2019, en Tarapacá se robaron 4.942 automóviles y según el jefe de esta unidad policial, capitán Pedro Mardones, un 30% no es recuperado y termina en Bolivia.
"Esto lo puedo afirmar con datos empíricos, por las investigaciones y medios de prueba presentados a los tribunales, como escuchas telefónicas y seguimientos, en que efectivamente son intercambiados por dinero y droga", dice el oficial. Explica que si en cuatro a cinco horas el auto no es recuperado, este desaparece. "Hay algunas organizaciones criminales que los 'encaletan' (esconden) en la pampa, talleres clandestinos o en domicilios particulares de los delincuentes, para después en caravana llevarlos a Bolivia", añade.
A diferencia de Santiago, donde ocurre el robo de vehículos de lujo con violencia y armas de fuego, conocido localmente como "portonazo"; y de Antofagasta, donde sustraen camionetas 4×4 a mineros, en Tarapacá roban autos de menor valor, de 2 a 3 millones de pesos chilenos, y sin utilizar la violencia. Los ladrones actúan de madrugada en la vía pública y utilizan la técnica llamada "chapeo", que consiste en sacar el cilindro de la puerta del copiloto o del maletero para abrir el automóvil y luego encenderlo con una llave virgen adaptada. Hurtan vehículos de entre los años 1995 a 2000, que son usados para transportar personas o mercadería en Bolivia, como los modelos Mitsubishi Delica, Challenger, Pajero y Canter, Nissan Atlas y Condor, Hyundai Porter y Toyota Hilux Surf. "Son los vehículos más apetecidos y fáciles de robar por la falta de medidas de seguridad, que sí tiene un auto de alta gama", dice Mardones.
Entre 2015 y 2018, la Sebv de Iquique desarticuló siete bandas dedicadas a recibir vehículos robados, para luego traspasarlos a Bolivia y entregar lo prometido a los compradores bolivianos. Según datos policiales, utilizaban adolescentes en la sustracción de automóviles, que recibían un pago promedio de 300 mil pesos chilenos por vehículo. Estas organizaciones lideradas por chilenos y que operan como intermediarios entre el ladrón y el cliente, ganan por auto un millón de pesos chilenos o droga equivalente a la máquina, de acuerdo a las investigaciones de la Sebv.
Están presos los miembros de las bandas conocidas como Nitro, Circa, Retorno, Tuscani, Kamikazes, Madrugadores del Desierto, Los Mejías y Pampa Perdiz. Esta última organización la desarticularon en la madrugada del 2 de octubre pasado y detuvieron a tres de sus cinco integrantes, entre ellos un adolescente de 17 años que, según la policía, hurtaba las máquinas en la vía pública. El cuarto ya había sido capturado por portar un arma de fogueo adaptada para el disparo. El quinto, un ciudadano boliviano, está prófugo.
Carabineros allanó tres casas de los "chuteros" en Alto Hospicio, donde encontraron siete armas, entre ellas dos subametralladoras, un vehículo robado y 20 llaves vírgenes para sustraer más vehículos. La fiscalía de Tarapacá los vincula a 11 robos de camionetas 4×4 y camiones ¾. Seis de los vehículos terminaron en Bolivia a cambio de dinero o droga. En ocasiones utilizaban el camino del pueblo de Jaiña, donde viven alrededor de 25 personas, de niños a adultos mayores, y está a dos horas de Bolivia.
Según la Sebv, quedan al menos dos grupos operando en Iquique. Sin embargo, la fiscal Paola Apablaza, jefa de la Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá, cree que estas bandas seguirán apareciendo si permanece la atractiva mezcla de vehículos chilenos apetecidos en Bolivia y la extensa frontera que permite el traslado irregular de un país a otro.
Una de las organizaciones perseguidas por Carabineros es una red criminal que sustrae vehículos de alta gama, de entre los años 2016 a 2019, por medio del "portonazo" en Santiago, pero que luego son llevados a Tarapacá, donde los contrabandistas los movilizan con documentos falsos hasta llegar a Bolivia, por pasos no habilitados, o a través de los complejos aduaneros de ambos países. El resto de la investigación sigue en calidad de reserva por parte de la policía.
Indigentes testaferros
Es mediodía de un jueves de junio y Jorge, vestido tan solo con un pantalón deshilachado y un abrigo café, camina dos cuadras con la estructura de una cama encima de su espalda hasta una esquina de la calle Esmeralda en Iquique. Se aleja de ella unos segundos para buscar un colchón desgastado y lo pone arriba del armazón. Sentado allí, descansa su cuerpo de baja estatura y macizo, mientras su rostro de 32 años es un corredor de gotas de sudor.
Durante seis años el suelo de Esmeralda ha sido su hogar. Es el corazón del popular "Barrio Boliviano" que recibe de día y noche la afluencia interminable de comerciantes de Bolivia. Pocas horas duerme el sector y Jorge, por los gritos de los vendedores y el bullicio de los buses con viajes hacia Oruro, Cochabamba y La Paz. La frontera está a escasas cuatro horas.
El sector es conocido, además, por el acuerdo de bolivianos con indigentes que reciben dinero a cambio de facilitar su RUT (número de la cédula de identidad) y nombre para que bolivianos compren vehículos usados en la Zona Franca de Iquique (Zofri) como si fuesen ciudadanos chilenos. Como en Bolivia está prohibida la importación desde Chile de automóviles livianos con una antigüedad mayor a un año y de vehículos para el traslado de 10 o más personas y de mercancía con una antigüedad mayor a tres años, luego de un decreto presidencial de Evo Morales, estos tipos de transportes son internados por pasos no habilitados de la extensa frontera.
Pero antes, los autos deben pasar una primera frontera: la Aduana de la Zona Franca. Como un ciudadano boliviano no puede comprar un vehículo antiguo y llevarlo a su país, tiene que conseguirse un chileno como testaferro. Y ahí entran en el juego las empresas traspasistas.
Jorge aceptó el ofrecimiento de una de estas empresas este año a cambio de 30 mil pesos. "A mí me lo ofrecieron para comprar un auto de segunda mano a mi nombre. Lo hice una sola vez porque después no tengo cómo justificar tantos vehículos si soy de la calle, tampoco soy tonto".
Patricio, amigo de Jorge, ha vivido la mitad de su vida en la calle y la otra en la cárcel por robos y hurtos. Hoy tiene 43 años. Por los "autos chutos" ha tratado más de una vez con bolivianos: "Como tres veces me han ofrecido plata para pasar mi carnet y yo compro el auto a mi nombre. Me han dicho 100, 150 lucas, y hay varios que han aceptado por el maldito vicio, y si hay plata uno hace cualquier locura".
Patricio es adicto a la pasta base de cocaína, el "maldito vicio" de gran parte de los indigentes en Iquique.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, en la región de Tarapacá hay 676 indigentes; de ellos, 12 en Iquique entregaron su testimonio para esta investigación que los vincula a los "autos chutos", ya sea sacados de la Zofri de manera fraudulenta o robados a particulares.
"Como tres veces se han acercado los Quispe y me han pedido mi RUT y el nombre. Me han ofrecido 100 lucas para sacar los autos Mazda Demio de la Zofri, pero nunca me han pagado. Esto ocurrió hace como dos meses atrás (…) Conozco a más gente de la calle, como a ocho que también lo hicieron, pero no tengo idea si les pagaron", dijo J.I.P.S., de 37 años, que no quiso identificarse y explica que los Quispe son bolivianos a quienes conoce por este negocio de autos irregulares. Es de Santiago y hace cinco años vive en Iquique. Confiesa ser alcohólico.
"Yo me llevé cuatro camionetas Mitsubishi Katana robadas de Calama a Uyuni (Bolivia) con mi amigo y dos choferes bolivianos que se saben todas las pasadas, no hay camino que no conozcan. Pasamos por un costado de Hito Cajón (complejo fronterizo chileno) y nos tuvimos que quedar en Bolivia hasta que vendieran las camionetas. Ellos pagan con dólares y drogas y nos regresamos en bus (…) Ahora en Iquique me han pedido sacar autos de Zofri, pero no lo he hecho porque es un riesgo", contó C.A., quien es de Calama y vive en Iquique, ciudades distanciadas a cinco horas en vehículo. Al igual que J.I.P.S., no quiso identificarse. Tiene 35 años y es adicta a la pasta base. Aparenta eso sí menos edad y luce un vestido en mejor estado que su amiga de 28 años con quien consume drogas. Cuando declaró para esta investigación, lucía un jeans azul ajustado, zapatillas blancas con manchas grisáceas y una polera café sin mangas. Sus manos oscuras por suciedad y las idas a una plazoleta utilizada por drogadictos, frente a un hogar de niñas y adolescentes vulnerables y a media cuadra de unos juegos infantiles que instaló el municipio de Iquique, delataban su indigencia.
"Dos bolivianos se acercaron y me ofrecieron plata, unos 70 pesos bolivianos ($8.500) y me dijeron que era para un trabajo y que después me iban a dar más dinero. Yo los corté altiro porque me estaban pidiendo mi carnet y llevaban una libreta para anotar; esto ocurrió hace una semana afuera del Museo Esmeralda", dijo J.M. en junio pasado. Tampoco quiso identificarse. Tiene 54 años. Es alcohólico y aprovecha de ducharse y comer en un albergue en el sector El Morro, que administra el Gobierno.
La Zona Franca de Iquique (Zofri), con la participación de más de dos mil empresas de distintos rubros, es un sector industrial y de comercio convertido en uno de los principales polos de desarrollo económico de la región de Tarapacá. El año pasado generó 4.079 millones de dólares en ventas.
Zofri S.A, empresa que administra el sistema franco, entrega cada año el 15% de sus ingresos brutos a las 11 comunas de las regiones de Tarapacá y Arica, para que los municipios realicen proyectos comunitarios. Este año la compañía distribuyó 5.660 millones de pesos chilenos (cerca de ocho millones de dólares).
Esta plataforma de negocios ocupa un área de 206 hectáreas, donde genera cinco mil operaciones comerciales diarias en promedio. Según la Memoria Anual 2018 de Zofri S.A., el 21% del total de empleos en la región de Tarapacá, se relaciona directa o indirectamente con la Zona Franca de Iquique. Esto equivale a unos 36 mil puestos de trabajo.
Un comercio clandestino se ha camuflado entre las operaciones legales de la Zofri: compradores bolivianos ("chuteros") y trabajadores del sistema franco utilizan fraudulentamente el documento SRF (Solicitud Registro Factura), que permite retirar vehículos de la Zona Franca y deben ser usados solo en la región de Tarapacá. Sin embargo, la norma no es respetada y en pocas horas los vehículos son llevados ilegalmente por pasos no habilitados de la frontera chilena hacia Bolivia. "Se ha detectado que vehículos que están sujetos a un régimen de zona franca, son llevados a la frontera y trasladados hacia Bolivia fuera de los presupuestos legales en que se mueven. Hemos observado la utilización de 'palos blancos' para inscribir los vehículos, al menos para sacarlos y echarlos en camiones de contrabando", dice el fiscal Maximiliano Mariángel de la Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público.
Mariángel confirma que los "palos blancos" utilizados por bolivianos son indigentes y personas de bajos recursos: "Una persona en situación de calle puede tener 15, 20 o 30 vehículos inscritos y obviamente no está en condiciones económicas para inscribir esa cantidad de autos (… ) Por lo que hemos averiguado, a ellos les pagan por prestar su cédula de identidad".
En la Avenida Circunvalación, la principal del barrio industrial de Zofri, hay empresas, conocidas como traspasistas, que adulteran facturas para que bolivianos sin residencia en Tarapacá puedan comprar vehículos con RUT y nombres de chilenos y luego llevarlos por caminos irregulares a Bolivia. Un trabajador de este comercio clandestino da una idea de cómo funciona este negocio.
-¿Qué servicio realizan?
-Nosotros nos encargamos de facturar y realizar el cambio de volante a los autos.
-¿Si el comprador viene de Bolivia lo facturan con un RUT chileno?
-Sí
-¿El RUT quién se lo consigue?
-Es responsabilidad nuestra, nosotros vemos cómo lo facturamos, cómo lo hacemos.
-¿Entonces ustedes se consiguen el RUT?
-Sí.
-¿Cuánto cuesta facturarlo con cédula chilena siendo boliviano?
-70 dólares.
-¿Tan solo facturarlo y sacarlo de la Zofri?
-Sí, correcto.
-¿Qué hay que hacer para llevarlos a Bolivia por un paso no habilitado?
-Ahí se conversa eso, no te puedo explicar por teléfono. No se lo puedo ofrecer a cualquiera.
-¿Pero "chutean" autos por la frontera?
-Pero es complicado, puedes perder o no el vehículo. Para más información tienes que hablar con quien descarga (autos) de noche. No te puedo entregar más antecedentes…
El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó, por medio de un escrito firmado por el director regional de Tarapacá, Óscar Urdanivia, que en el Comité Regional de Hacienda, integrado además por el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería Regional, han abordado este comercio ilícito de vehículos y otros productos de la Zona Franca con destino dudoso a Pisiga Carpa, Pisiga Choque, Cariquima y Colchane. Lo que derivó, según el servicio, en la fiscalización y auditorías a dos empresarios de Zofri.
Respecto a la adulteración de facturas de vehículos por parte de "chuteros" y traspasistas, con el uso de RUT y nombres de chilenos, incluso de indigentes como testaferros, el SII respondió, sin ahondar en avances, que "actualmente, dicha materia está siendo analizada por una mesa de trabajo integrada por Aduanas, Tesorería General de la República, Zofri S.A. y el SII, a fin de explorar las distintas alternativas disponibles, dentro del marco legal imperante". No descarta, además, seguir fiscalizando a los vendedores.
Según Zofri S.A, son alrededor de 200 importadores que ofrecen vehículos.
Uno de ellos es un empresario pakistaní que hace 22 años ofrece automóviles. No quiso identificarse por miedo a perder el negocio y "ganarse enemigos". Confiesa que el contrabando de los "autos chutos" en la zona franca es conocido por todos: "Todos saben que los vehículos que vendemos irán a parar a Bolivia, ilegalmente. Zofri sabe, Carabineros sabe, Aduanas sabe, nosotros (las importadoras) sabemos. Todo el mundo sabe. Encima nos llegan videos de que les quitaron o quemaron los autos en la frontera". Agrega que es un negocio clave para el sistema franco: "Zofri tiene que trabajar a 'ojos cerrados', sino no vienen los compradores bolivianos, que además de vehículos, llevan ropa usada, juguetes, zapatos, aparatos electrónicos. Y está acostumbrado a llevar de contrabando. Si no fuese así, no habría ventas y, por eso, Zofri se tapa los ojos".
El empresario entrega su versión de cómo funciona el negocio: "Nosotros vendemos dentro de la norma a empresas de Zofri que realizan traspasos de autos y luego ellos revenden a bolivianos (chuteros). Es problema de ellos a quienes les venden los vehículos y si reciben algún dinero. Nosotros no nos metemos… El boliviano compra modelos de los años 2002 a 2010, pero como no los puede llevar legalmente a Bolivia con un documento de reexpedición, los saca con un documento SRF -para vehículos que pueden solo circular en Chile- usando documentación de un chileno y luego los traslada por pasos irregulares". No descartó que compradores utilizan a indigentes como testaferros y agregó: "Si viene una persona chilena con dinero y quiere comprar un vehículo, nosotros no vamos a investigar de dónde sacó la plata o de dónde viene".
Asegura que Zofri S.A no enfrenta este comercio clandestino para no reducir los ingresos: "Sabe de los 'autos chutos' y pudiera hacer muchas cosas, pero entiende que se acabaría el negocio automotriz, porque todas las empresas están pagando arriendo, impuestos, otros gastos, entonces, si hacen algo, el negocio muere y la gente se irá. Esa es la razón de por qué Zofri funciona a 'ojos cerrados'".
Darío Blanco, gerente de la Asociación de Usuarios Zofri A.G.1 (Asociación Gremial N°1), considera "delicado" el comercio fraudulento, entendiendo que parte de los vehículos que ingresan de contrabando a Bolivia provienen de las importadoras de la zona franca de Iquique: "El perjuicio para Bolivia es enorme, pero no depende de los usuarios (vendedores) cómo frenarlo. Yo he escuchado eso (el uso de indigentes como testaferros para la compra de vehículos) pero eso significa que el RUT y la persona existen, independiente de que se mal utiliza el sistema".
Un informe de la Contraloría General de la República de Chile, de mayo de 2019, concluyó lo siguiente respecto al servicio aduanero en Zofri: "El Sistema de Servicios de Visación Electrónica no dispone de validaciones orientadas a mantener la consistencia de los datos ingresados por los usuarios adquirentes de mercancías, advirtiéndose datos de compradores de productos ingresados con RUT erróneo, RUT asociado a otro nombre en el sistema, y compradores que presentan situación tributaria irregular en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Lo expuesto denota la falta de cumplimiento de los principios de control y de coordinación entre los organismos públicos, en cuanto a contar con convenios de interoperabilidad con el Servicio de Registro Civil e Identificación, para la correcta identificación de las personas, y con el SII para mantener información actualizada sobre la situación tributaria de los compradores".
El fiscal Eduardo Ríos, de la Unidad de Alta Complejidad de Tarapacá, dice que al menos en los últimos cinco años no ha recibido denuncias de los servicios públicos o de particulares por el negocio de los "autos chutos" en la Zofri, y eso, añade, dificulta sobremanera el desarrollo de una investigación y determinar responsabilidades por este comercio clandestino. "Podríamos generar un caso autónomo, sin una denuncia previa, pero nos detiene no poder manejar los sistemas de información de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y de la Zona franca de Iquique. No podemos actuar antes verificando en cada operación, la compra, el nombre y RUT, porque no tenemos el poder de fiscalización de cientos de compras y ventas diarias en la zona franca, sería prácticamente imposible, porque no se cuenta con las herramientas tecnológicas y sería una tarea titánica. Entonces, nuestra labor es actuar posterior a una denuncia por un hecho concreto". Es decir: es casi imposible que actúen sin denuncia previa.
El gerente general de Zofri S.A, Claudio Pommiez, y el director regional de la Aduana, Cristian Molina, prefirieron no hablar para esta investigación. La policía, por su parte, investiga un reclutamiento masivo de indigentes de parte de una organización delictiva que opera en Iquique. La Fiscalía mantiene las diligencias en calidad de reserva.