La Corte de Apelaciones revocó ayer la decisión tomada el pasado martes por el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, el cual decidió cambiar la cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario de los imputados Bastián Díaz Pérez y Aníbal Copa Huarachi.

A ambos la Fiscalía los formalizó por delitos ocurridos el pasado 28 de noviembre en una protesta ocurrida en la comuna de Alto Hospicio. El persecutor les imputó los delitos de atentado a la autoridad y arrojar bomba molotov.

La decisión de la Corte fue controvertida por los abogados de la Defensoría Penal Pública, Scarlett Muñoz y Claudio Rojas, ambos representan judicialmente a los imputados.

Desde la Defensoría esperan que se oficie la resolución tomada por el tribunal para evaluar las futuras acciones judiciales.

Los familiares de los jóvenes protestaron por lo resuelto, en concordancia con el argumento de la defensa expresaron que los jóvenes solamente manipulaban un petardo.

"Aquí hay una injusticia, que los aymaras deben estar presos simplemente por usar un petardo", dijo Ernesto Copa, padre de Aníbal Copa.

En tanto Yasna Pérez, madre de Bastián, dijo que "no hay ninguna prueba que los acuse".

Romel J. Puche

Un ciudadano argentino identificado como Iñaki Pandolfo fue detenido por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) debido a una orden de detención emanada por la Corte Suprema.

El sindicado era buscado por las autoridades policiales y judiciales de Argentina por su vinculación en al menos 87 estafas ocurridas en la ciudad de Mar del Plata.

Pandolfo, según los antecedentes que maneja la PDI, habría estafado a sus clientes en ventas relacionadas con equipos electrónicos y criptomonedas, apropiándose ilegalmente de al menos 3 millones de dólares, aproximadamente 2.300 millones de pesos.

Durante la mañana del pasado martes, el inculpado fue ubicado por los funcionarios a cargo del caso, quienes a través de indagaciones y vigilancias discretas determinaron que ejercía labores de aseo y cocina en un restaurante del sector sur de Iquique, ubicado en la avenida Francisco Bilbao.

Trabajadores de dicho restaurante desconocían los negocios ilícitos por los cuales era buscado el argentino. La Organización Internación de Policía Criminal (Interpol) estaba tras sus pasos.

En su canal de Youtube, el argentino aclaró en un video publicado el pasado 15 de junio, y que fue replicado por el diario El Clarín de Buenos Aires, que él no huyó por deudas "ni plata de nadie", dijo que recibió amenazas de muertes por negocios hechos "con gente que no debí haber trabajado".

Respecto al procedimiento policial, el subcomisario Alejandro Montero, perteneciente a la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago, refirió que la aprehensión se dio en la citada avenida, a las afueras de donde trabajaba.

"Pandolfo entró al territorio nacional entre junio y julio del año pasado, de ahí a la fecha no ha hecho ningún trámite como turista o residente por lo que se encontraba en situación irregular; pasó de forma regular por el sur del país, de allí hacia Santiago y luego viajó I iquique", explicó el subcomisario.

Desde la PDI precisaron que ellos no tienen competencia alguna en la investigación de los hechos, por los cuales el requerido es imputado en Argentina. "Nosotros le informamos la detención a las autoridades argentinas para que se contacten a través de los canales diplomáticos con la justicia chilena, pero más allá de eso no tenemos incidencia en la investigación, solo cumplimos con la orden de detención", aseveró Montero.

En el juzgado de garantía de Iquique, el juez de garantía Frederick Roco decidió que Pandolfo quedará privado de libertad y bajo resguardo de funcionarios de Gendarmería, mientras se tramita su extracción a Argentina, por el delito de estafas reiteradas.

3 millones de dólares sería el monto defraudado por el argentino a las víctimas estafadas.