Justicia desestimó más de 30.000 causas desde el 18-O
Las detenciones ilegales aumentaron un 77,7% entre el inicio de las movilizaciones y el 17 de enero pasado, cuando cumplieron tres meses.
El Poder Judicial emitió un reporte sobre el estado de las causas desde el inicio de la crisis social, el pasado 18 de octubre, que sumaron 143.215 entre aquel día y el 17 de enero. De ellas, 30.313 no fueron investigadas por falta de un imputado reconocible o carencia de antecedentes.
En el informe detalla que en los primeros tres meses de movilizaciones y desmanes fueron ingresadas 143.215 causas judiciales, un 6,5% menos que en el mismo periodo entre 2018 y 2019. Sin embargo, el número de imputados asociados a éstas aumentó en 1,5%, pasando de 176.803 a 179.442.
Del total de casos, 82.412, es decir, el 57,5% todavía están en trámite, mientras que 8.965 (6,3%) fueron suspendidas, por el término condicional o porque permanecen en proceso de apelación; mientras que el resto, es decir 51.838 casos (36,5%), ya fueron cerradas.
El Ministerio Público agregó que en 30.313 casos se optó por no iniciar una investigación, debido a que muchas de estas denuncias ingresaron sin un imputado conocido, o porque los antecedentes recopilados fueron insuficientes.
Además, 6.282 (11,8%) causas terminaron por sobreseimiento definitivo, 6.038 (11,4%) fueron declaradas con sentencia absolutoria o condenatoria; 4.566 (8,6%) por aplicación de principio de oportunidad; 1.803 (3,4%) por acumulación; 1.378 (2,6%) por decisión de no perseverar, y otros motivos.
Detenciones ilegales
En los primeros tres meses de movilizaciones desde el 18-O se registraron 1.928 detenciones ilegales, según el Poder Judicial, lo que representa un incremento del 77,7% respecto al mismo periodo entre 2018 y 2019, donde la cifra llegó a 1.085. Además, las personas formalizadas aumentaron de 44.694 a 47.569, en otros términos, desde un 25,2% a 26,5% del total de imputados.
La aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto, bajó desde un 91,2% a 89,5%, hecho que, de acuerdo al Judicial, podría explicarse "por el gran aumento en detenciones declaradas ilegales", indicó el reporte.
La mayoría de los casos se produjo en el primer mes tras el estallido social, es decir, entre los días 18 de octubre y 17 de noviembre, donde la cifra pasó de 405, en 2018, a 1.288 en 2019, en otros términos, un aumento de 198%, mientras que en los dos meses posteriores se mantuvo en cifras comparables al año anterior.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que el incremento en las causas "es una explicación que no debo dar yo, sino el Ministerio Público. Simplemente los juzgados de Garantía analizan el mérito de la detención, las alegaciones formuladas por la defensa y emite un pronunciamiento".
Reporte cuatro meses
Ochenta y tres personas fueron detenidas entre la noche del 18 de febrero y la madrugada de ayer, a cuatro meses desde el inicio de la crisis. Además, diez funcionarios de Carabineros y de la PDI resultaron lesionados, uno de ellos con un arma.
En Puente Alto, Región Metropolitana, personas que participaban de una marcha afuera de la estación de Metro Protectora de la Infancia atacó la 20a Comisaría, señaló la institución.
En Pudahuel fue detenido un hombre de 32 años que portaba una subametralladora UZI y 81 municiones. Tenía antecedentes policiales por hurto y porte de armas de fuego.
Un saqueo, además, fue registrado en un supermercado Alvi, en Peñalolén, donde un grupo de personas ingresó al recinto por un forado. El inmueble permanecía vacío ya que antes había sido saqueado.
En Puerto Montt, un grupo de encapuchados incendió la Gobernación de Llanquihue y agredió a los bomberos que fueron a la emergencia, mientras que en Iquique hubo barricadas en un supermercado y en Antofagasta se registraron más de 40 detenidos por desórdenes, hurto y robo en lugar no habitado.
Gobierno condena la violencia
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo ayer que se registró en el país "una serie de eventos con la excusa de que se cumple el aniversario del 18 de octubre. Nuevamente llamamos a condenar la violencia (...) porque no conduce a nada, y vamos a adoptar medidas adicionales: estamos dotando de nuevos medios a las fuerzas policiales para el control del orden público, entrenando a las fuerzas policiales en mecanismos y estrategias distintas".