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Presentan querella por el caso de joven herido en protesta

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Ayer en el Tribunal de Garantía el abogado Matías Ramírez, quien representa a la oficina parlamentaria del diputado Hugo Gutiérrez, presentó una querella en relación al caso del joven de 29 años que resultó gravemente herido en su cabeza durante las manifestaciones suscitadas en la "Zona Cero" el pasado 11 de marzo.

Ramírez al igual que los familiares del afectado, quien permanece grave en el hospital regional, acusan excesos por parte de Carabineros y aseguran que el joven recibió un impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza.

"La querella es en contra del general de zona, en contra del Intendente Regional y el Gobernador Regional por el homicidio frustrado de Patrick Carvajal… Patrick mientras observaba las manifestaciones recibió a quemarropa, a corta distancia, una bomba lacrimógena lanzada por un funcionario de Carabineros", dijo Ramírez.

El abogado agregó que cuenta con videos que probarían la supuesta participación de la policía.

Tribunales y fiscalías adoptan medidas de seguridad por virus

Adoptaron la medida de limitar la atención de público y la presencia de personas en audiencias y juicios. Entregaron opciones para seguir atendiendo a los usuarios por otras vías.
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Romel Puche

Teletrabajo y el uso de videoconferencia son algunas de las medidas de seguridad que desde hoy adoptarán los Tribunales de Garantía de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique y la Corte de Apelaciones de Tarapacá. Al Poder Judicial se sumaron las fiscalías locales en la región, que ayer cerraron sus puertas y limitaron el acceso libre del público hacia sus dependencias.

La decisión atiende a una medida preventiva por el brote del coronavirus que atraviesa el país, incluso en los tribunales desde ayer se dispuso de dispensores de alcohol gel para los usuarios que arribaban a la realización de trámites. Personal de seguridad se resguardó con el uso de mascarillas, al igual que los empleados del mesón de atención al público, los que además cerraron las ventanillas casi en su totalidad, recibiendo solo documentos y limitando el diálogo con los asistentes.

Con normalidad y presencia de público se llevaron a cabo el bloque de las audiencias programadas en la sede de Garantía, sin embargo, y tras una breve reunión desarrollada por los magistrados, a contar del mediodía para las audiencias de control de detención se restringió el acceso del público a las salas.

Dicha decisión se basó en lo resuelto por el tribunal de alzada, quienes indicaron a través de un comunicado que "la Corte de Apelaciones acordó comunicar a los tribunales de la jurisdicción el Acta N° 41-2020 de la Corte Suprema, que fija el auto acordado que regula el Teletrabajo y el Uso de Videoconferencia en el Poder Judicial, y Oficio del Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que requiere a los tribunales del país la implementación de normas de teletrabajo como forma de prevenir contagios por Covid-19, a fin de que los jueces, secretarios y administradores implementen toda medida necesaria y urgente para velar por la salud del personal, y por el cumplimiento de las labores de cada unidad, autorizándose, incluso, determinar una dotación mínima para el funcionamiento de los respectivos tribunales".

En relación a lo anterior, el magistrado Mauricio Chía dijo que "la primera medida dice relación con la restricción del público en audiencias, lo que se pretende es evitar que las personas tengan que concurrir ante un tribunal y que esto no implique un riesgo para la salud de la población". "Se ha decidido en el comité de jueces y en concordancia con la administración del tribunal limitar las audiencias al mínimo posible", enfatizó.

"Se adoptaran también medidas para resguardar a los intervinientes como los fiscales, defensores, entre otros para que en las audiencias se mantengan a una distancia entre sí, lo suficiente por lo menos a un metro de distancia para evitar contagios, lo mismo en el caso de los imputados", añadió. El juez Chía explicó que se facilitará la modalidad de teletrabajo a funcionarios de mayor edad, mujeres embarazadas y personas de riesgo que padezcan alguna patología, y llamó igual al uso de las plataformas digitales existentes en el Poder Judicial tanto para los usuarios como para los abogados.

"Se va a evitar igualmente todo tipo de traslado hacia el tribunal de los privados de libertad, se va a preferir la comparecencia mediante videoconferencias", destacó Chía, quien agregó que estas medidas serán evaluadas durante estos primeros 15 días o mientras dure esta emergencia sanitaria.

En tanto y desde su cuenta en la red social Twitter el Ministerio Público a través de su usuario @FiscaliaIregión precisaron: "A partir de hoy (ayer) fiscalías locales de Tarapacá suspenderán la atención de público, excepto de quienes concurran a hacer una denuncia directa o a solicitar medidas de protección. Los restantes usuarios deberán usar plataformas digitales y telefónicas de la Fiscalía".

Por su parte desde la Defensoría Penal Pública dijeron que mantendrán la atención de sus usuarios con la disposición de un funcionario de turno, sin embargo, priorizarán la comunicación remota por teléfonos celulares, correo electrónico y web.

15 días, desde ayer, serán evaluados por el Poder Judicial para ver cómo funcionan las medidas adoptadas.