Cuarenta y cuatro peticiones para cambiar la cautelar de prisión preventiva por arrestos domiciliarios u otras medidas solicitaron los defensores penales públicos de Tarapacá.

Dicha acción está destinada a proteger a ese número de imputados, quienes según la Defensoría presentan especial vulnerabilidad ante el peligro de contagio por COVID-19 si el brote llegara a algún establecimiento penitenciario.

En la zona son 17 mujeres y 27 varones los que fueron considerados para estas solicitudes, tomando en cuenta factores como la edad, que corresponde a mayores de 60 años o que sufrieran enfermedades crónicas; además se consideran los casos de embarazo o de maternidad de hijos lactantes.

El defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, explicó que estas gestiones fueron presentadas en los tribunales de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, en una acción masiva junto a los defensores penales públicos de todas las demás regiones del país. "Estas peticiones se refieren solo a los imputados, es decir, personas a quienes se les está investigando por un delito sin que haya una sentencia ya dictada", dijo Carrión.

"Para quienes cumplen condena estamos esperando la promulgación de la ley que actualmente se tramita en el Parlamento, lo que también nos ayudará a proteger mejor los derechos a otros grupos vulnerables", añadió .

La gestión descrita obedece a una decisión tomada a nivel central por el defensor nacional Andrés Mahnke, quien detalló que "levantamos un registro a nivel nacional con todas las personas que están imputadas y que pertenecen a estos grupos en riesgo".

Como parte de las medidas implementadas por el Poder Judicial para evitar el contagio de COVID-19 en funcionarios, usuarios y profesionales, la jurisdicción de Iquique alcanza un 79% de teletrabajo, cumpliendo efectivamente la tramitación y audiencias por vías remotas sin afectar las garantías de las personas.

De acuerdo a cifras recabadas al miércoles 25 de marzo, de un total de 289 funcionarios de todos los tribunales de Iquique, 228 (78,89%) se encuentran realizando trabajo desde sus domicilio; mientras que solo 17 (5,88%) ejercen su función de manera presencial. Existe además un 15% de integrantes que está sin labores diarias por diferentes razones, como por ejemplo: cuarentenas preventivas, licencias médicas y vacaciones, entre otras.

En prisión preventiva quedaron por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad dos imputados acusados por la Fiscalía de cometer los delitos de secuestro, tenencia ilegal de arma de fuego y daños.

En audiencia el fiscal Francisco Almazán explicó que los hechos acontecieron la tarde del pasado jueves en el sector sur de Iquique.

El persecutor relató que los detenidos, identificados por las iniciales D.G.V., de 30 años y A.E.V. de 27, fueron sorprendidos por Carabineros en el sector de Valle Verde al interior de un vehículo, donde se encontró a un hombre retenido en contra de su voluntad en el asiento trasero de dicho móvil.

Según la Fiscalía, el afectado fue amenazado con un arma de fuego y obligado a subir auto para ser trasladado hasta la casa de su hermano, con quien los imputados habían discutido previamente.

De acuerdo a lo expuesto por Almazán, el problema se generó la misma tarde en el sector de Valle Verde, cuando el hermano de la víctima chocó con su vehículo un espejo del auto de uno de los imputados, produciéndose una discusión que terminó cuando el acusado A.E.V. le rompió el vidrio trasero del móvil.

Posteriormente, A.E.V., quien ya lo ubicaba por ser vecino del sector, lo llamó por teléfono señalándole que si no se hacía cargo de los daños le "iba a poner un balazo en la pierna o en la mano a su hermano", lo que motivó al amenazado a denunciar los hechos a la policía uniformada.

En la detención Carabineros incautó una pistola 9 milímetros con la que habrían amenazado a la víctima del caso.

Dada la gravedad de los delitos y al mantener los imputados condenas anteriores por ilícitos similares, la Fiscalía pidió la medida cautelar de prisión preventiva.

Con todos los antecedentes expuestos por el persecutor, el juez de garantía decretó la gravosa cautelar para los dos detenidos.

27 años de edad tiene el imputado principal de la causa quien ya mantiene condenas.