Antes del principado romano que daría inició al ciclo de emperadores, la Roma clásica escogía a magistrados extraordinarios para poder enfrentarse a peligros supremos que acechaban a la República. Ya fuera contra galos, etruscos o samnitas "los dictadores", dotados de poderes omnímodos por el Senado Romano, plantaban cara a los enemigos de la romanidad en períodos de crisis. El objetivo: que su autoridad no fuera dificultada por ninguna institución vigente: cónsules, veto tribunicio, ni siquiera el mismo pueblo. Sin embargo tenía dos límites: rango de acción exclusivamente dentro de la esfera de poder declarada, y obligación de dimitir una vez que la tarea encomendada fuera completada, y en cualquier caso, al cabo de 6 meses. Cuando Cesar sobrepaso dichas fronteras, se derrumbó definitivamente la República.

En el siglo XX, el filósofo del estado de excepción: Carl Schmitt reflexionó sobre su ejercicio político cuando el orden social está seriamente amenazado. Desde una mirada jerárquica, Soberano era el líder que se hacía visible durante la criticidad para decidir acerca de lo excepcional. La dictadura no derogaba ni reformaba el derecho vigente, sino que actuaba al margen del mismo.

En la actualidad las democracias no mueren mediante golpes de fuerza, sino más bien como árboles añosos que se van pudriendo desde dentro. Entonces el paso de una situación democrática a otra no democrática se hace conforme a la legalidad y el rito electoral. El caso del ocaso de la República de Weimar y el ascenso del Tercer Reich es el arquetipo. Más recientemente, aparecen hibridaciones -que bajo la máscara de elecciones- ocultan autoritarismos en forma: el Fujimorato y el régimen de Maduro son dos casos. Incluso experiencias de rebelión social para exigir derechos civiles o políticos o económicos y sociales no están exentas de derivar hacia gobiernos que inhiban unas u otras. Todo debido a una lectura schmittiana de la política: la división entre amigos y enemigos. Nada más apropiado para el populismo y su componente anti-elitista. Entonces el liderazgo populista se puede abocar exclusivamente a representar a "los de abajo" (o los marginados) contra "los de arriba".

El desafío del coronavirus, lejos de afectar a los populismos de hoy los coloca a prueba, abriéndole oportunidades: La Reserva Federal de Estados Unidos estima la tasa de desempleo puede superar el 32% en dicho país. Entonces el incrédulo del cambio climático, Donald Trump, aunque cede al reconocimiento de la crisis pandémica, trata de evitar el "daño económico" que una cuarentena podría provocar a Estados Unidos (y su potencial reelección). Andrés Manuel López Obrador declaró fase 2 en México, aunque sigue retrasado en implementación de políticas de distancia social, respecto a los gobernadores. El único "inmune" a los efectos de virus, que entiende como resfrío, es Jair Bolsonaro, mientras los generales en su gabinete brasileño discuten opciones.

Y aunque una parte de la humanidad ha entendido que la seña de la solidaridad es hoy el aislamiento físico, el pánico ha favorecido la proliferación de valores absolutos. No me refiero a la indiscutible pertinencia de la cuarentena sino que el rechazo a la discusión y críticas en el tema de políticas de salud pública. El tratamiento chino, en la contención del virus, comenzó a "exportarse" a Occidente con las misiones médicas a Europa. Dicho caso también sugiere la necesidad de una eficiente coordinación entre poder central y los gobiernos regionales y locales. Su descoordinación es fatal. También puede aplaudirse el acelerado testeo y la vigilancia sobre los ciudadanos en Corea del Sur. Pero lo que no se puede suprimir es el debate de las políticas de salud. Cancelar dicha discusión puede "securitizar" el problema, desalojando la imprescindible rendición de cuentas. Como en Perú, donde el nuevo unicameral promulgo una ley de protección policial que exime de responsabilidad penal a policías y militares en el estado de emergencia vecino.

En Israel y Hungría -recientemente- los Parlamentos han sido cerrados conforme a las decisiones de sus legislativos. Un acto legal que responde a la determinación de sus ejecutivos, dirigidos por Netanyahu y Orban respectivamente, para concentrar atribuciones sin la fiscalización de las oposiciones.

Cuando la credibilidad de los congresos está por el suelo, es valioso recordar que los Legislativos son uno de los pilares institucionales de la democracia liberal. Y así como es poco promisorio que un dirigente social sugiera que después de los comicios de constituyentes se debía clausurar el congreso nacional, tampoco es saludable la comparación presidencial entre el menor costo de arriendo de espacios, para tratar contagiados, y el sueldo de un congresista. Al parecer Trump hizo escuela.

Dr. Gilberto Aranda,

académico Instituto de Estudios Internacionales U. de Chile