El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, llamó ayer a que los trabajadores públicos no retomen sus labores presenciales desde hoy lunes, como lo ordenó el Gobierno.

El líder gremial anunció, además, que presentarán un recurso de protección para que los empleados públicos no vuelvan al trabajo presencial debido a la pandemia por coronavirus que afecta al país.

La decisión de la Anef se debe al instructivo del Gobierno respecto de que los funcionarios públicos comiencen a generar un retorno gradual a trabajar de manera presencial.

"No es por un capricho, es por autocuidado", dijo Pérez en una conferencia de prensa durante la mañana de ayer.

En la actividad también se convocó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y su presidenta, Bárbara Figueroa, respaldó a la agrupación y anunció que, en conjunto con la Mesa del Sector Público, efectuarán una presentación en la Contraloría para que el órgano fiscalizador se pronuncie sobre esta determinación del Gobierno.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (CS), y su par en el Senado, Juan Pablo Letelier (PS), enfatizaron que buscarán revocar el retorno de los empleados públicos a sus puestos de trabajo.

El presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), Julio Fuentes, advirtió que realizarán acciones jurídicas en contra de los gobiernos que pongan en riesgo la salud de los trabajadores en medio de la pandemia.

El recurso de protección se dirige contra de los ministros Gonzalo Blumel (Interior) e Ignacio Briones (Hacienda). Dicho documento indica que se pide "Protección por amenazar a la vida, la integridad física y psíquica de funcionarios públicos".

Además el texto indica que el acto es arbitrario e ilegal, justificando que la amenaza de contagio va en aumento y que, considerando lo indicado por la autoridad sanitaria, aún no se llega al "peak" esperable. Según indicó el director nacional del Servicio Civil, Alejandro Weber, al menos 60 mil trabajadores fiscales deberían retornar gradualmente sus labores presenciales en lo que queda del mes. La medida, no considera a personas mayores de 70 años, embarazadas o enfermos crónicos.

Redacción - Medios Regionales

La Subsecretaria de Salud, Paula Daza, entró de lleno ayer a la polémica por el llamado del Gobierno para que los funcionarios públicos retomen el trabajo presencial y afirmó que "no todas las medidas que toma el Ejecutivo son consultadas" con el Consejo Asesor del COVID-19.

La decisión del Gobierno desató el fin de semana una dura polémica con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, a lo que se sumó una declaración del Consejo Asesor del Gobierno por el COVID-19, que tomó distancia del anuncio y aseveró que "no fue consultado" respecto de la medida.

La subsecretaria Daza manifestó que "todas las decisiones que toma el Ejecutivo, las circulares e instructivos son basados en la evidencia nacional, internacional y recomendaciones generales para ir tomando y retomando".

La autoridad sanitaria recalcó que el llamado es a un regreso paulatino y progresivo, y de los funcionarios públicos "esenciales". También indicó que "la reactivación, la vuelta a clases, debe ser en forma paulatina. La vida debe tomar el mismo progreso".

Lo anterior Daza lo respalda con el tercer punto de un escrito entregado por el Consejo asesor por el COVID-19, donde se indica que: "La estrategia central de la respuesta a la pandemia que ha trazado el Gobierno, se sustenta en el análisis caso a caso, considerando la situación epidemiológica, la suficiencia de la red asistencia y la condición de vulnerabilidad de las distintas comunidades. Consistente en lo anterior, es que este Consejo ha recomendado al ministro de Salud la gradualidad en el ingreso a clases de los escolares y que en esta decisión prime el análisis de la transmisión de la pandemia" que enfrenta Chile.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que "no correspondía que le preguntáramos (al Consejo asesor), correspondía que ellos nos dieran un consejo, y nos dimos por aconsejados. Si fueran responsables de las decisiones, podrían ser perseguidos penalmente", dijo en Mesa Central (Canal 13).

El secretario de Estado agregó que el mundo en los próximos meses debe ir retomando la normalidad y que eso incluye "el momento de empezar a tener una vuelta al trabajo".

"Los funcionarios públicos estamos obligados a servir a las personas y, para ser sinceros, la mayoría del teletrabajo es muy ineficiente (…) Lo mínimo que uno les puede pedir a los trabajadores del Estado es que hagan un esfuerzo ", dijo Mañalich.

Balance

La subsecretaria Daza entregó ayer el balance diario sobre la cantidad de contagiados y fallecidos en el país ante la emergencia del COVID-19. En relación al informe diario, considerado hasta las 21 horas del sábado, se detectaron 358 nuevos casos, lo que hace un total de 10.088 contagiados. Los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son 373, de los cuales 312 están conectados a ventilador mecánico y 96 de ellos se encuentran en estado crítico.

Además, se informó de la muerte de siete personas, lo que suma 133 víctimas fatales en la emergencia. "Lamentamos el fallecimiento de esas personas que son: una de la Región de Valparaíso, cinco de la Región Metropolitana, y una de la Región del Ñuble. De ellos, cinco recibieron manejo proporcional de las medidas terapéuticas", aseguró Daza.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que los colegios rurales son los primeros candidatos para retomar las clases presenciales a finales de abril. Su propuesta contempla a "lugares donde hay menos de 500 alumnos. Esos lugares son los primeros que van a volver a clases por la protección de alimentos y calefacción". Además, se considerará que en las zonas no haya un brote del virus.