Mauricio Torres Paredes
Un grupo de alrededor de 100 bolivianos, que permanecían en el albergue del Liceo Bernardo O'Higgins, serán trasladados al excolegio Unap luego que 22 de ellos fueran diagnosticados con COVID-19.
La mañana de ayer, la subsecretaria Paula Daza, confirmó que el contagio al interior del recinto, donde se albergó a los 654 bolivianos que llegaron desde Providencia, "se encontró un caso confirmado, se hizo un testeo masivo de 30 test, de los cuales 22 salieron positivos. Es decir, de un caso confirmado, al ir a buscar a esos contactos estrechos 22 fueron positivos, siendo casos asintomáticos. Esas personas se están aislando".
El secretario regional ministerial de Salud, Manuel Fernández, descartó que funcionarios de Gobierno o la Defensa Nacional puedan estar contagiados por la colaboración que han prestado a las personas trasladadas.
Aclaró que sí se testeó a quienes viajaron en el bus por más de 20 horas confinados y pernoctaron por lo menos dos noches con el caso positivo.
"Lo primero es segregar, sacar a todas las personas positivas desde el recinto donde está la población completa y llevarlos a otros recintos y eso significa también dentro de ese grupo segregar a aquellos COVID positivo y a los contactos estrechos", dijo el seremi.
Ayer por la tarde se afinaban los detalles para habilitar en el excolegio Unap como albergue, dependencias de la Universidad Arturo Prat, las que fueron solicitadas por el jefe de defensa nacional en la región, Guillermo Paiva.
Acciones judiciales
El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, anunció que acudirá a Contraloría para que indague cómo se realizó el traslado de los ciudadanos bolivianos y si se cumplió o no con los trámites administrativos. Dijo además que se estudian acciones legales.
"Pasó lo que dijimos que podía pasar, era más que predecible y lógico al trasladar de forma rápida, en la noche y sin ninguna medida de seguridad, subiéndolos a un bus sin saber sus nombres ni de dónde venían ni en qué estado se encontraban, solo por sacar un problema de Providencia", expresó.
Soria contó que el equipo jurídico del municipio está revisando el accionar de quienes pudieran ser responsables del traslado, pues afirmó que han puesto en riesgo a toda la región, pues solo hay un hospital disponible.
"Vamos a llevar esto a Contraloría para que examine cómo se vulneraron todo tipo de derechos con la gente que salió de Santiago. Estamos estudiando la posibilidad de ejercer una acción judicial de protección para los ciudadanos de Iquique, porque se rumorea que de nuevo estaban pensando en Iquique, pero ya no tenemos capacidad para albergar a nadie más", acusó
Responsabilidad
La senadora Luz Ebensperger expresó que le parece lamentable que una decisión "mala, inexplicable e inconsulta" hoy tenga en riesgo a la región. "No es un tema de no querer ayudar a nuestros hermanos bolivianos. El Gobierno debe prestar esta ayuda humanitaria, pero no lo puede hacer arriesgando la salud de la gente que vivimos en Tarapacá. Las consecuencias de esta inexplicable medida las estamos viviendo ahora no solo con el riesgo sanitario sino también por los recursos y el personal que se requiere para atender estos albergues", dijo.
Ebensperger agregó que el Gobierno central debiera disponer de mayor asistencia tras este brote de COVID y apuntó al Ministerio de Relaciones Exteriores: "Yo responsabilizo al canciller de lo que acá puede pasar".
El intendente Quezada coincidió en que el Gobierno Regional ha mantenido un ánimo humanitario, pero cuando se llega a consecuencias como esta "no puedo estar más en desacuerdo con la decisión".
654 ciudadanos bolivianos llegaron la semana pasada al albergue habilitado en el Liceo A-7
134 casos de COVID en Iquique informó el Gore, con base en datos del domingo a las 21 horas.