Mauricio Torres Paredes

Pagos de $10 millones a cada concejal involucrado investiga el Ministerio Público, luego que durante la formalización de ayer el fiscal jefe de lquique Gonzalo Guerrero revelara cómo habrian operado los sobornos para que los ediles iquiqueños Felipe Arenas (Independiente pro UDI), Mitchel Canes (PS), Guillermo Cejas (Independiente) y Arsenio Lozano (PR) aprobaran la licitación de recambio de luminarlas LED a la empresa Itelecom.

Fiscalía pidió la prisión preventiva para Cartes, Cejas y Lozano, y arresto domiciliario para Arenas. quien colaboró con la investigación al confirmar los hechos. A los cuatro se les investiga por cohecho reiterado, lavado de activos y fraude al fisco.

Los abogados Roberto Urrutia (Cejas), Victor Hernandez (Lozano) y Héctor Alvarez (Cartes). rechazaron la prisión preventiva. Juan Garcia (Arenas) No se opuso al arresto domiciliario de su representado, pero pidió que pueda cumplirlo en Santiago y con la posibilidad de salir cuatro horas al día para llevar a su pareja al hospital donde está intemada su hija.

Pasadas las 1 de la madrugada de hoy, y tras una larga audiencia que inició luego de las 13 horas de ayer, el juez de garantía Ricardo Leyton decretó la prisión preventiva para Cartes, Cejas y Lozano, y arresto domiciliario para Arenas, quien podrá cumplirlo en Santiago y con el permiso solicitado por su defensor.

También se decretó prisión para dos funcionarios municipales y arresto domiciliario para quienes presuntamente eran intermediarios, así como a los representantes de las empresas ltelecom y Elec.

Mecanismo

El dinero pagado habría sido obtenido por ltelecom a través de boletas ideológicamente falsas en octubre de 2018 por 171 millones 354 mil 446 pesos. Sin embargo, sólo se habrían cancelado una de las cuotas, quedando al menos tres pagos adeudados, por lo que el monto seria mayor.

El rol de intermediarlo lo tenia J.V., ex seremi, quien servia de nexo entre ltelecom y los ediles. A ello se suman tres funcionarios municipales vinculados a la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplac) de iniciales T.V. y D.V., quienes habrían vendido a ltelecom las bases antes de que la licitación fuera pública, y R.G., del área de Control, donde se coordinó el contrato tras la adjudicación.

Otro rol lo tenía C.U,. quien estaría vinculado a un partido, pues se le apodó “el guatón del PPD", quien viajaba desde Santiago para reunirse con y los concejales en representación de la empresa, El fiscal afirmó que C.U. habría realizado las mismas maniobras para ganar contratos en Lo Prado, Sagrada Familia, Concepción, Puerto Montt, La Granja. Copiapó, Santa Cruz y Quellón, así como Putaendo y Puerto Natales. donde le fueron adjudicadas, por lo que se acusa asociación ilícita.

Guerrero reveló que a través de escuchas telefónicas, correos y mensajes de WhatsApp. se podría acreditar que los cuatro concejales aludidos tuvieron reuniones en domicilios particulares, hoteles y restoranes con representantes de la empresa para poder favorecerla.

En agosto de 2018, dijo el fiscal, Arenas y Cejas habrían pedido una reunión con Secoplac para expresar que otra empresa, Citelum, estaba siendo favorecida en la misma licitación, para descarrarla y favorecer a ltelecom.

Pagos

El persecutor aseguró que el 26 de octubre de 2018, J.V. viajó a Santiago para recibir una parte de lo ofrecido por ltelecom. Según Guerrero, lo hizo en avión solo con una mochila. Una vez en Santiago, y tras recibir el traspaso del dinero al interior de un vehículo, volvió a lquique por tierra, para así evitar que el monto en dinero fuera inspeccionado.

En lquique, el 27 de octubre, J.V. realiza un asado, hasta donde llega Cejas y luego el funcionario municipal T.V. quienes se retiran supuestamente con el dinero pagado, Los otros concejales también habrían recibido el pago, a excepción de Cartes.

El fiscal afirmó que J.V, no le habría pagado pues temía que estuvieran siendo investigados y con el tiempo se gastó el dinero.

Ante este temor, algunos involucrados llamaban solo por WhatsApp, para no ser interceptados. lncluso habrían eliminado sus celulares tras el pago.

Guerrero aseguró que los imputados estaban al tanto de que el dinero era fiscal. lncluso dijo que los funcionarios públicos fueron cautos en que, si bien se pagarían sobornos, la empresa debía cumplir con el proyecto. “Los dineros salen del erario público. Estos 500 millones se cargan a la oferta, Si el valor de la licitación es mil, para generar estos valores hacen subir la licitación a 1.500 millones. Con eso logran que el dinero lo pague el Fisco, ni siquiera el sobornante", expuso Guerrero.

Fiscalía afirmó que se configura el delito de lavado de activos, pues los imputados intentaron ocultar el origen irregular del dinero de diversas formas, ya sea pidiendo créditos o comprando vehículos a nombre de sus parejas, asimismo, Fiscalía sostuvo que los imputados sabían que en octubre de 2018 les pagarían, pues así se lo hicieron saber a personas cercanas vía telefónica. Sin precisar el origen de los fondos, les decían que pronto podrían prestar dinero o pagar deudas.
La investigación tendrá 120 días de investigación.